• El sindicato USTEA exige que la Junta de Andalucía que haga posible a través de este incremento presupuestario la disminución de ratios en las aulas, la contratación de más personal (docente y no docente) en todos los niveles, mejorar la atención a la diversidad y alcanzar una educación pública de calidad, democrática e inclusiva.

El sindicato USTEA vuelve a concurrir a las elecciones sindicales de la enseñanza pública no universitaria en Córdoba con una candidatura que conjuga la experiencia y la renovación. En las anteriores elecciones USTEA se convirtió en la segunda fuerza en la enseñanza pública, tanto en Córdoba como en el conjunto de Andalucia. Encabeza la candidatura de 2018 Francisco Javier Redondo, del CEIP Antonio Gala; Marina Pérez, del IES Rafael de la Hoz; y Rafael del Castillo, del IES Gran Capitán; junto con un centenar de trabajadores y trabajadoras de toda la provincia, comprometidos en la defensa del servicio educativo público.

Pese a las proclamas de la Consejería y del partido de gobierno sobre su pretendida apuesta por la escuela pública que hemos oído como un mantra durante la campaña electoral, desde el año 2011 casi 1500 aulas públicas han sido suprimidas en Andalucía. La enseñanza concertada (privada subvencionada), sin embargo, ha crecido ligeramente en número de aulas, y ello, a pesar de las promesas de, al menos, equilibrar los recortes.

Así, en las capitales de Cádiz, Granada y Málaga la oferta concertada supone el 60% de la enseñanza obligatoria. En Sevilla capital, la oferta concertada supera ampliamente a la pública en más de la mitad de sus zonas educativas. En ciudades medias como la Palma del Condado, Andújar, Linares, Antequera la oferta concertada iguala o supera a la pública.

En lo que respecta a la provincia de Córdoba, además del distrito centro de la capital, plagado de concertada (casi el 70%), la situación de ésta es también preponderante en la Fuensanta y en la localidad de Baena, paradigma del fenómeno en una ciudad media, donde escolariza al 60% de la población estudiante.

Este curso, además, se han vuelto a suprimir casi 500 aulas de Infantil y Primaria, 68 de ellas en Córdoba. Algún día, la Consejería se planteará dejar de maltratar a esta etapa clave para el sistema educativo.

Por otro lado, hay que destacar los recortes encubiertos de personal, al no cubrirse todas las reducciones horarias de docentes mayores de 55 años, ni las reducciones por motivos personales, cuidado de hijos/as, funciones sindicales, días de permiso sin retribuir, los permisos por matrimonio, etc.

–Aumento generalizado del número de Guardias en la Educación Secundaria. Además de su dudosa legalidad, es un atentado a la calidad educativa y un abuso laboral, que anula en gran parte la recuperación del horario lectivo de 18 horas en ese tramo educativo.

-Atención a la diversidad. Refuerzos, optativas y desdobles siguen pagando los platos rotos, dañando gravemente al alumnado en situación más vulnerable. Los cupos 13 y 14, que tienen esa función, son desviados para cubrir bajas, dejando de lado su labor de apoyo. Por si fuera poco, multitud de centros se ven obligados a realizar agrupamientos del alumnado no por criterios estrictamente pedagógicos, sino forzados por casuísticas ajenas a las pedagógicas, como la presencia de la religión en las aulas.

-Ratios abusivas. Una continua agresión a la calidad educativa. La excepcionalidad del 10% de aumento de la ratio en las aulas, desgraciadamente se convierte en la norma y punto de partida habitual. Si se hubiese hecho un esfuerzo con las ratios, las supresiones de unidades podrían haber sido menos de las casi 500 que hemos tenido este curso entre primaria e infantil. En cualquier caso, la diabólica suma de supresiones, además de ratios excesivas es una auténtica bomba de relojería para la red pública.

-Infraestructuras. Además del todavía problema del amianto en algunos centros escolares así como el uso de barracones prefabricados, el estado general de los edificios educativos es muy deficiente. El aspecto quizás más visible, pero no único (también adolecen en electricidad, conectividad a internet…), es el de la climatización. Pero insistimos: La falta de mantenimiento convierte a los edificios educativos en los centros administrativos más obsoletos; precisamente los edificios donde cada día mandamos a nuestros hijos e hijas.

El plan de la CEJA al respecto se demuestra absolutamente irrelevante frente a una problemática que afecta a alrededor del 90% de los edificios educativos. Por ejemplo, el protocolo de actuación ante las olas de calor es un mero traslado de la patata caliente a cada centro, pues se pone en el tejado de cada uno el problema y su gestión, sin soluciones globales. Por si fuera poco, el adelanto electoral deja en el tintero el intento del Parlamento de acometer la climatización de los centros educativos mediante una iniciativa legislativa.

–Comedores, aulas matinales y PAS. Listas de espera, personal insuficiente y en condiciones de explotación laboral. ¿Es consciente la Consejería de Educación de la precariedad laboral a que somente a los trabajadores y trabajadoras de los servicios que externaliza? Trabajadores/as que están cobrando en torno a 5 €/hora. En primer lugar, no se debe externalizar. En segundo lugar, al menos la administración debe exigir un comportamiento medianamente ético a las empresas adjudicatarias de servicios públicos: Es impropio que un precariado laboral, en condiciones laborales infames, se esté dando en los servicios públicos externalizados. Es indecente. Además, la dotación de personal de administración y servicios en los centros educativos es en muchos casos insostenible, con dotaciones bajo mínimos.