Ángel B. Gómez Puerto. Profesor de Derecho Constitucional (UCO).

Las inminentes elecciones europeas del último domingo de mayo no pueden ser consideradas una “segunda vuelta” de las elecciones generales del pasado 28 de abril.  Las tertulias y conversaciones en nuestro país andan revueltas  (andamos) analizando resultados y posibles configuraciones del gobierno para nuestra nación. Pero, en unos días tenemos una convocatoria electoral de enorme transcendencia, la elección de nuestros representantes en el Parlamento Europeo, una de las instituciones centrales de la Unión Europea, organismo internacional de integración al que le tenemos cedidas parcelas importantes de nuestra soberanía nacional, por mecanismo constitucionales previstos en nuestro texto constitucional (artículo 93).

Con esa idea inicial, quiero compartir algunas cuestiones sobre el proceso histórico de construcción democrática y social de Europa. Estamos en la recta final de la VIII Legislatura del Parlamento Europeo (2014-2019) y a 40 años de las primeras elecciones europeas, que fueron en 1979. Hace cinco años, el 25 de mayo de 2014, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) elegimos a los 751 parlamentarios europeos (54 correspondientes a España). En la actualidad, una inmensa mayoría de estados europeos forman parte de la UE. En concreto, son 28: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido (de momento), Rumanía y Suecia.

El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte aún es parte de la Unión Europea, pendiente de materializar su salida la Unión tras el resultado del referéndum de junio de 2016, proceso conocido como “Brexit”, en un proceso que está resultando realmente complejo políticamente. El estado británico, en todo caso, no forma parte del sistema monetario europeo, su moneda no es el euro, sino su libra esterlina, al igual que otros países miembros como Suecia o Dinamarca. Este proceso de salida está creando una serie problemas políticos tanto al Reino Unido, a la propia UE e incluso que pueden afectar a España, debido a la colonia británica de Gibraltar, limítrofe con la provincia de Cádiz, con los problemas fronterizos que podría conllevar para el tránsito de personas y mercancías.

Pero, hagamos memoria histórica sobre los principales hitos del proceso de construcción política, social y jurídica de la actual Unión Europea. La primera fecha importante en el proceso de integración y unidad europea es el 9 de mayo 1950. En esta fecha, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia, Robert Schuman, inspirado por otro de los ideólogos de la unidad europea, Jean Monnet (las Cátedras de Estudios Europeos llevan su nombre; tuve el privilegio de ser investigador durante dos cursos académicos en una de esos centros), planteó públicamente integrar las industrias del carbón y del acero de la Europa occidental. De esta idea surgió la primera Comunidad Europea, la del Carbón y del Acero (CECA), cuyo Tratado se firmó en París en 1951.

Unos años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en Roma los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y de la Comunidad Económica Europea (CEE o Mercado Común). Todo este proceso de integración europeo constituye un proceso gradual que debe abordar necesariamente la dimensión política, económica, y social, aunque tuvo su inicio exclusivamente con la liberalización del comercio y el diseño de políticas económicas comunes entre los países fundadores. Se trataba de un movimiento de unidad que se ha ido generando y potenciando en el devenir más reciente de la historia del continente europeo.

Pero, como trágicamente sabemos, anteriormente la historia de Europa había estado protagonizada por enfrentamientos bélicos para dilucidar cuestiones territoriales y de soberanía política en diferentes puntos del solar europeo. En Europa se libraron las dos guerras mundiales del siglo XX y se perpetró un escalofriante genocidio por el nazismo del “Tercer Reich” alemán. En ese mismo tiempo, en España el fascismo había implantado un régimen de persecución, cárcel y ejecuciones masivas, cuyas heridas personales y familiares sentimos cada día.

Después de la primera guerra mundial (1914-1918) se abre un debate político e intelectual europeo sobre la conveniencia y necesidad de unir política y económicamente a los Estados Europeos, que se intensificó tras la segunda gran contienda bélica (1939-1945). No obstante, en pleno siglo XX se produjo otra gran división en Europa, la ideológica y económica: comunismo-capitalismo, con bloques militares enfrentados (OTAN y Pacto de Varsovia), la llamada “guerra fría”, con muro (físico) incluido, que dividió Berlín durante décadas, hasta noviembre de 1989.

Los Estados integrantes de las originarias Comunidades Europeas fueron Alemania, Francia, Italia, y los tres Estados del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En enero de 1973 se produjo la primera adhesión de nuevos estados, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981 se adhiere Grecia, en virtud del Tratado de Atenas de mayo de 1979. El Reino de España y la República de Portugal se unieron al club comunitario en enero de 1986, tras la firma del Tratado de Madrid y Lisboa de 12 de junio de 1985. En 1995 se configuró otra gran ampliación, con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. En esta misma fecha, los ciudadanos de Noruega decidieron en referéndum no entrar en las Comunidades Europeas, al igual que ya habían hecho en 1972.

Pero la gran ampliación territorial y política por el este de Europa estaba por llegar, con el reto de integrar los pueblos y Estados desarrollados tras el muro de Berlín, bajo la influencia de la extinta Unión Soviética (URSS). La Unión Europea acogió a diez nuevos países en el año 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Y finalmente, en 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania, con lo que se llegaba a la anterior Unión Europea de 27 Estados, ampliada a 28 con la última incorporación, en este caso del área balcánica, Croacia, el 1 de julio de 2013.

El actual lema de la Unión Europea es “Unida en la Diversidad”, que intenta sintetizar todo un proceso de integración económica y político iniciado hace casi 70 años. “Unida en la diversidad” se utilizó por primera vez en el año 2000 y se refiere, según la UE ”a la manera en que los europeos se han unido, formando la UE, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente”.

La profundización del proceso de integración de Europa sólo tendrá futuro si se abordan decididamente las preocupaciones reales que tenemos los ciudadanos europeos, elaborando de manera participada y ejecutando verdaderas políticas de integración comunitaria en materias como el empleo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los valores ambientales, la extensión de la cultura, o la cohesión social entre los territorios de la Unión.

En esta legislatura europea 2014-2019, el Parlamento Europeo tendría que haber tenido como punta de lanza el objetivo de avanzar a una Europa menos intergubernamental y más soberana políticamente, cuyo principal pilar de legitimación sea la ciudadanía europea. En definitiva, para conseguir que realmente la Unión Europea sea la mayor democracia del mundo, cuantitativa y cualitativamente. Era lo que tocaba ante el gran sentimiento de lejanía de la ciudadanía hacia las instituciones en general y a las comunitarias en particular. Europa sigue siendo teniendo un enorme peso económico a nivel mundial, pero sigue siendo una diminuta entidad política y social.

Para ese objetivo, la cámara de Estrasburgo debiera haber fomentado la cercanía a la ciudadanía por parte de las instituciones europeas, intensificando los mecanismos de participación ciudadana y la profundización del proceso de integración abordando las auténticas preocupaciones de los ciudadanos europeos, como es la reintegración en el mercado de trabajo de los más de 17 millones de personas en desempleo que ya hay en la Unión Europea, o el reforzamiento de la política medioambiental en materia energética, propiciando el aumento del uso de las energías renovables, la disminución del consumo energético y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, elementos que tienen necesariamente que formar parte de un nuevo modelo de desarrollo económico. Mucho por hacer aún en los objetivos ambientales globales.

El Parlamento Europeo sigue teniendo pendiente conseguir que realmente el ciudadano participe con más intensidad en los asuntos europeos y que se eleve de forma significativa su participación política en las elecciones europeas, pues nuestros eurodiputados cada vez representan a menos europeos por la escasa participación en estos comicios. Para este importante reto de crecimiento democrático y social de la UE somos necesarios ciudadanos europeos más informados y más comprometidos en el proceso de construcción europea, con el objetivo de hacer más transparente y democrático el actual sistema institucional de la UE. Y el Parlamento Europeo sigue sin tener el poder que debiera, dado que es la única institución comunitaria elegida directamente por la ciudadanía.

Pero, además de todos estos retos y déficits democráticos que aún están pendientes, en los últimos años Europa ha ofrecido un espectáculo lamentable con la gestión insolidaria de la crisis de las personas refugiadas, que huyen de guerras y miseria, y caminan hasta Europa con la esperanza de acogimiento. Y lo que encuentran es insolidaridad oficial, muros jurídicos, rechazo en definitiva, negación de los derechos humanos.

Europa, que en importantes fases históricas ha sido territorio de democracia y protección social, hoy está algo alejada de las personas víctimas de la crisis y la drástica reducción de las políticas de protección pública. El bien común no es precisamente el objetivo prioritario de muchas de las políticas europeas y nacionales. Hemos de recuperar el impulso de integración social de la UE, para hacerla más creíble para la ciudadanía europea, para ganar afección de las gentes de Europa.

El próximo 26 de mayo los europeos estamos de nuevo llamados a las urnas para elegir la composición del Parlamento Europeo. Tengamos presente lo que costó alcanzar ser ciudadanos libres y con dignidad, resultado de revoluciones y declaraciones de derechos, conseguidas con lucha intensa por parte de nuestros antepasados. No volvamos atrás en las conquistas democráticas. La cruda realidad de este final de década nos está demostrando que hay riesgos. Sin duda, estamos en otra encrucijada democrática. Votemos.

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