Jaime Cedano Roldan

El acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, constituye uno de los acontecimientos politicos más importantes en Colombia del último siglo y un proceso que importantes sectores de la comunidad internacional no han vacilado en señalar como un modelo de acuerdo que podría ayudar a resolver conflictos en otras partes del mundo. El acuerdo, más que la suma de compromisos de las partes para la culminación de un conflicto armado de medio siglo, es un consenso para la reconstrucción democrática del país y un sistema integral que no dejaba pieza alguna por fuera, en su proceso de desarrollo e implementación.

La agenda de puntos discutidos y aprobados en La Habana recogía las ideas fundamentales de las reivindicaciones historicas del movimiento popular colombiano, especialmente de los sectores campesinos, indigenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y de la oposición politica. La democratización del uso y tenencia de la tierra y el rescate de las zonas agrarias olvidadas y marginadas ocupó un especial espacio en lo acordado. Al fin y al cabo el problema de la tierra ha estado presente en los origenes del conflicto y en su prolongación, extensión y profundización. Pero los otros puntos no dejaban de ser igualmente trascendentales. Una reforma politica que rompiera el tradicional ventajismo bipartidista y garantizara la participación politica de todos los sectores politicos, sociales y regionales; una solución al problema de los llamados cultivos ilícitos sustentada en la erradicación concertada, la sustitución de cultivos con políticas de asistencia, subsidios, créditos, transportes y mercadeo. En el centro del acuerdo se ubicaron los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Se adoptó la Justicia especial para la paz para que el acuerdo no significara impunidad para ninguno de los actores; una justicia reparativa, centrada en la satisfacción de los derechos de las victimas. Se asumió el compromiso de reconstruir la memoria y la verdad historica para ubicar las causas del conflicto y las principales responsabilidades con el objetivo de que las presentes y futuras generaciones no olvidaran nunca lo que había pasado.

El acuerdo firmado se asumía como un sistema integral, dialecticamente concebido entre proceso de construcción de deberes y de derechos por las partes firmantes. Nada parecía haberse dejado al azar. Las fases de desmovilización militar, concentración en zonas de paz y desarme estaban concatenadas con procesos de amnistia, libertad, capacitación socio-laboral e integración economica y politica a la sociedad. Como u n hecho de especial relevancia se destaca la tranversalidad del enfoque de gènero en todos los puntos del acuerdo.

Desafortunadamente este acuerdo tan completo y bien articulado fue sometido a la aprobación del pueblo colombiano por la vía plebiscitaria. Fue una imposición del presidente Juan Manuel Santos, cuando no tenía la obligación de hacerlo. Los opositores lograron convertirlo en un juicio al impopular gobierno y crearon un pánico social con la idea de que el acuerdo era la entrega del país al Casto-chavismo y a la dictadura de género y de los homosexualizadores. La victoria del NO al cuerdo en el plebiscito le marcó un camino incierto a la implementación. Hubo recomposiciones, modificaciones y se escogió la vía parlamentaria para la aprobación. Pero el acuerdo quedó a merced de la correlación de fuerzas que se dieran en el parlamento.

El parlamento colombiano y la Corte Suprema de Justicia modificaron lo firmado a su antojo. No hubo reforma política, no se abrieron espacios politicos para las regiones golpeadas por la violencia y el olvido; la justicia y la lucha contra la impunidad se centró en la judicialización de la guerrilla y no de todos los actores del conflicto. Sinembargo, tanto los ex-combatientes guerrilleros como las organizaciones populares que han acompañado el proceso, entendieron que el acuerdo era ante todo un instrumento de movilización. Que firmada la paz, vendrían las grandes batallas por su implentación y consolidación.

Si pusieramos en un lado de una balanza lo implementado del acuerdo y en la otra lo incumplido o faltante, el resultado sería desmoralizante. Especialemte por los incumplimientos del gobierno y del estado en su conjunto. Más de 600 guerrilleros y guerrilleras que deberían estar libres en aplicación de la amnistia o de la Justicia especial, siguen en la cárcel. La integración economica no avanza por las trabas burocráticas de las administraciones y por lo menos 60 ex-combatientes han sido asesinados. Pero hay algo incuestionable: los resultados del acuerdo son evidentes en la disminución sustancial de las muertes por causa del conflicto. La tranquilidad se empezó a vivir en zonas agrarias que nunca la habían conocido. El acuerdo ha permitido que varias miles de vidas no se hubieran perdido, y esto, es una inmensa razón para que la gente, especialemnte en las regiones, sigan ilusionadas con las posibilidades de la paz. A pesar de que no ha cesado el asesinato de líderes sociales y que nuevos elementos de violencia empezaron a aparacer en las regiones que eran controladas por la guerrilla.

Al cúmulo de incumplimientos de lo pactado por parte del estado colombiano se suma ahora la detención con fines de extradicción a los Estados Unidos de un reconocido dirigente de las FARC, Jesús Santrich, acusado de conspirar para el envío de 10 toneladas de cocaina al país del norte. Se trata de un evidente montaje preparado por la DEA. Presuntamente Santrich había acordado el posible envío de la cocaina. De acuerdo a las filtraciones que la Fiscalía colombiana ha hecho de las supuestas pruebas existentes, estas no parecen tener ni pies ni cabeza. No sería la primera vez que alguien sea extraditado a los Estados Unidos con documentos y pruebas falsificadas. Santrich se ha declarado en huelga de hambre y parece que su intención es morir en ella. Los dirigentes del partido politico FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, condenan la detención, reclaman la inmediata liberación pero siguen en el proceso de paz, aunque con crecientes incertidumbres.

Para los movimientos politicos y sociales que durante varias décadas han luchado por la conquista de la paz la situación que se vive es delicada y angustiante. Pero quizás nada diferente a lo que durante tanto tiempo han tenido que vivir y soportar. Y están dispuestos a hacerlo. La lucha no ha terminado. Y los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo serán determinantes.

* Periodista colombiano asentado en Sevilla.

Autor del libro “Paz en Colombia, crónicas de ilusiones, desencantos y viceversas”.

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