En un comunicado, la Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA denuncia las circunstancias que rodean a los menores, niños y niñas, que tras un proceso migratorio llegan a las fronteras españolas desde países subsaharianos acompañados por familiares no directos. APDHA Córdoba señala que estos escenarios, “en ocasiones, vulneran el interés superior del menor, principio que debe prevalecer en cualquier procedimiento administrativo o jurídico que le afecte”.

La organización ha vivido “muy de cerca” el caso de una menor de 6 años subsahariana que llegó en patera a las costas españolas con la pareja de su padre biológico. Según APDHA Córdoba, “ya en junio de 2019 el padre de la menor, residente en Francia, acreditó documentalmente con certificados del Registro Civil de su país que era el padre de la menor, mostrando tanto su voluntad como su capacidad para hacerse cargo de su hija”. En consecuencia, prosiguen desde la asociación, “su deseo desde el principio ha sido poder llevársela a vivir a Francia, donde él cuenta con mayor estabilidad laboral y familiar, ya que parte de sus familiares también residen en el país vecino”. Sin embargo, denuncian que los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía consideraron necesario someter a padre e hija a unas pruebas de paternidad y declarar en desamparo a la menor.

Desde la asociación consideran pertinente que la Administración española “tome las medidas oportunas” para que la reagrupación familiar de una persona menor de edad que ha llegado a nuestro territorio en una situación de grave vulnerabilidad “se lleve a cabo con todas las garantías” pero subrayan que es “inaceptable” que existan unos “prejuicios institucionalizados que de forma automática establezcan la sospecha de falsedad de unos documentos oficiales y la falta de capacidad de un padre para hacerse cargo de su hija por tener un origen nacional concreto”.

Igualmente, califican de inadmisible que “haya tenido que pasar un año para conocer los resultados de la prueba de paternidad” ordenada por la Fiscalía de Menores de Córdoba. Según la asociación, la prueba se solicitó en junio de 2019, se practicó en diciembre de dicho año y los resultados que confirmaron la paternidad no se notificaron hasta junio de 2020. Durante este tiempo, la niña ha permanecido en un centro de menores, “lejos de su padre, al que no se le ha permitido ver ni visitar a su hija”. Desde la APDHA subrayan que esta dilación “puramente burocrática” de las gestiones ha podido suponer un grave perjuicio a la menor, por el riesgo de desapego hacia su familia biológica, “difícil de reparar dada la edad y las difíciles circunstancias de vida que la han rodeado hasta ahora.”

Desde APDHA Córdoba, entidad que ha acompañado legalmente al padre de la niña, impugnando la declaración de desamparo realizada por la Junta de Andalucía y reclamando que se efectuaran con la mayor celeridad posible las pruebas de paternidad, celebran que este caso se haya resuelto de forma satisfactoria, pero reiteran enérgicamente su denuncia ante los “prejuicios institucionalizados y trabas burocráticas” que han tenido separada de su entorno familiar a una niña de muy corta edad durante más de un año.

De la misma manera, ponen de relieve que “desgraciadamente” este sistema “pone en serio riesgo de separación familiar definitiva” a otras muchas personas menores de edad subsaharianas que llegan por vías irregulares a nuestras fronteras y a sus progenitores, ya que no es lo más frecuente contar con acompañamiento jurídico específico como en este caso”.

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