El Consejo del Movimiento Ciudadano ha acordado por unanimidad exigir al gobierno local y a los grupos de la oposición que no aprueben mociones que «no respetan el Reglamento de Participación Ciudadana que tienen obligación de cumplir». El Consejo podría llegar a recurrir esos acuerdos que «no sean respetuosos con un reglamento de nivel jurídico similar al reglamento de Pleno». Igualmente, exige que esos acuerdos se presenten ante el Consejo del Distrito y/o Junta Municipal de Distrito correspondiente para que dictaminen los mismos.

El Consejo del Movimiento Ciudadano respeta, y defiende la libertad de los partidos políticos para presentar las propuestas que crean convenientes pero «no se debe hacer saltándose los mecanismos regulados de participación» y menos aún, «despreciando y minusvalorando éstos públicamente». Dicho consejo no puede entender que el gobierno municipal apoye las mismas cuando «su obligación es hacer que se cumpla el Reglamento de Participación», tanto como el reglamento de Pleno o cualquier otra normativa legal.

En el caso de la moción aprobada sobre el distrito Sureste, «ofrece una visión parcial y desenfocada de los siete barrios que lo componen». Además «altera el plan de distrito consensuado por los representantes ciudadanos». El consejo entiende que este tipo de mociones «tienen sentido cuando responden a demandas ciudadanas insatisfechas». De la misma forma que se desoyó por parte del gobierno local que «no se apoyara la moción y que la misma se remitiera a los órganos de participación» de forma previa.

En cualquier caso, el consejo sostiene que más allá de que la moción no suponga nada más que una expresión de un deseo político, sin valor administrativo, «ahora se exige que se recupere el mecanismo de participación adecuado».

Por todo ello, el Consejo del Movimiento Ciudadano muestra su apoyo y solidaridad con el Consejo de Distrito Sureste y lo hará con todos los demás catorce distritos si consideran que no se les está respetando. Igualmente recuerda que el derecho a la participación en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía está recogido en la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que es un derecho que no se puede burlar y un deber de las administraciones públicas su defensa e impulso.

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