Jornaleros del SAT, con su secretario general, Óscar Reina Gómez, al frente, han vuelto esta semana a tomar la finca pública de Somonte, en Palma del Río, al grito de «¡Somonte no se vende, se defiende!», después de que fueran desalojados por la Guardia Civil el pasado 19 de mayo.

Se trata, como ha indicado Reina, de la décimosegunda vez que se toma Somonte por parte del SAT. La primera vez fue el 5 de abril de 2012, de modo que este año se conmemoró una década de aquella primera ocasión, y en la celebración de aquella ocasión, el líder sindical señaló «10 años de resistencia, ejemplo y revolución en Somonte, como si hicieran falta 100 años más. Aquí seguimos firmes. Por la reforma agraria, por Andalucía, lucharemos para que la dignidad sea costumbre».

La última vez que fueron evacuados antes que ésta tuvo lugar el 30 de noviembre de 2021. Por entonces Óscar Reina en un video aludió al himno de Andalucía: «Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad» y señaló que los jornaleros creían en la reforma agraria y en la idea de que la tierra tiene que dar otras posibilidades a las que le quería dar la Junta, que era vender la finca.

De hecho, el SAT lleva ya casi ocho años consecutivos cultivando esas tierras en su totalidad sin subvenciones, frente a una Administración autonómica que con ayudas no fue capaz de hacerlo casi nunca. Según Óscar Reina, trabajar esa tierra resulta rentable, porque se realiza mediante un trabajo voluntario y, precisamente, también por carecer de ayudas públicas, como sí tienen la inmensa mayoría de los agricultores de este país, y «aún así, seguimos sembrando la totalidad de la finca una vez más».

Las cosas en el campo, como en palacio, van despacio. Eso significa que los olivos son aún pequeños y no se recogen muchos kilos de aceituna, pero la que se recoge «en su totalidad es para elaborar aceite de autoconsumo«. Del mismo modo, ahora mismo no hay mucha gente trabajando allí (por lo general, las imágenes de anteriores re-ocupaciones muestran un grupos de no más de cinco personas acompañando siempre al líder sindical), y eso es así porque «no dejamos de estar en una situación de alegalidad propia de la ocupación, que nos impide aportar más mano de obra».

En cualquier caso, son 400 hermosas hectáreas, en el municipio de Palma del Río, en plena Vega del Guadalquivir, una tierra fértil que es propiedad de la Junta y que esta puesta a la venta por la Administración andaluza desde 2012. Precisamente, las sucesivas ocupaciones del SAT son para evitar que esta finca caiga en manos de grandes terratenientes, que ya viven de subvenciones y que buscan antes el beneficio que facilitar el trabajo.

De hecho, Reina lanza siempre el mismo mensaje después de cada agotador desalojo: «No queremos la propiedad, sino mantener su carácter público y que tenga utilidad social», en lugar de estar muerta de risa sin trabajarla. Eso implicaría ceder el uso de las tierras a los jornaleros para convertirlas en regadío y sacarle todavía más rendimiento laboral. Una actitud que en ningún momento ha conllevado violencia y que, por el contrario, ha llegado a despertar las simpatías de los habitantes de los municipios que hay a su alrededor, tanto de Córdoba como de Sevilla.

El último movimiento en este sentido por parte de la Junta, en marzo pasado, pasaba por enajenar, en favor del Ayuntamiento palmeño, tres fincas rústicas propiedad de la Junta situadas en su término municipal, entre ellas la de Somonte. Otra cosa es que el Ayuntamiento socialista de Palma acepte adquirir esas tierras.

Entre medias de una situación que no acaba de tener salida jurídica, Óscar Reina se ha declarado en rebeldía y se ha negado en redondo a ir a declarar el pasado 17 de mayo en los Juzgados de Posadas por la última ocupación de Somonte. «No me he presentado, como dije, me declaro insumiso y desobediente ante esta justicia injusta, que mientras mira a otro lado con los criminales, como los miserables de la monarquía«, señalaba en un comunicado ese mismo día.

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