La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha anunciado en pleno mes de agosto un proyecto de orden que abre la puerta a permitir el uso de las de las instalaciones sanitarias públicas por parte de empresas sanitarias privadas con las que mantiene conciertos. Por tal motivo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su firme oposición a “este nuevo intento de privatizar la sanidad andaluza”, realizando alegaciones contra la orden y animando “a entidades y personas a que también lo hagan”, pues el plazo permanece abierto para ello hasta el próximo 12 de septiembre.

APDHA entiende además que “no es casual que este documento vea la luz en estas fechas, con el claro objetivo de limitar las movilizaciones de las Mareas Blancas y asociaciones en defensa de la sanidad pública, sin cuyo empuje el gobierno de la Junta habría dado más pasos aún en la dirección de privatizar nuestros servicios públicos”.

En sus alegaciones, la entidad andaluza recuerda que el proyecto de orden se enmarca en un “programa de transformación de la normativa autonómica” que puso en marcha el actual gobierno de la Junta de Andalucía durante la pandemia de la Covid-19. Esa transformación normativa tiene como principal objetivo reducir los controles administrativos para, en palabras del Consejería de la Presidencia, convertir a Andalucía “en el lugar más fácil, seguro y rápido donde crear empleo”. A pesar de que la estrategia adoptada por el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla fue criticada por el Defensor del Pueblo por “establecer un modelo vertical y descendente de reformas”, el Partido Popular ha continuado la hoja de ruta iniciada en 2020.

En esta ocasión, la APDHA solicita que no se apruebe esta orden, ya que no está justificada “ni por su legalidad ni por su oportunidad”. Desde la organización andaluza defienden un modelo de titularidad y gestión sanitaria íntegramente público. No obstante, a juicio de la asociación andaluza, la norma que ahora intenta aprobar el gobierno autonómico no encuentra ningún tipo de justificación porque “tal y como se advierte en el propio proyecto, el único motivo que esgrimió la Junta de Andalucía para aprobar esta medida residía en la situación provocada por la pandemia de la Covid-19”.

Dado que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia el pasado 5 de mayo, “no existe ninguna razón que justifique esta norma”, sostienen desde la asociación. Por ello, afirman que la única finalidad que tiene este proyecto de orden es “aumentar el beneficio de las empresas privadas”.

En caso de que no se atendiera a su petición, la APDHA solicita en sus alegaciones que estos conciertos sean “una estrategia transitoria” y que tengan como horizonte “un sistema de titularidad y gestión sanitaria totalmente públicos”. Aunque la organización andaluza teme que esta estrategia constituya una transición hacia un modelo totalmente opuesto, insisten en la necesidad de auditar los costes reales de las subcontrata y en que se garantice la calidad de los servicios concertados en iguales condiciones que se exige a los servicios públicos, garantizando la transparencia de esta información. Por último, exigen que se hagan públicas las declaraciones de intereses de las entidades que concierten su actividad con la administración con cualquier cargo con poder de decisión dentro de la Administración Pública.

APDHA señala que este proyecto de orden constituye “el enésimo intento de este gobierno andaluz de abrir vías para la privatización de la sanidad pública en Andalucía”. En esta ocasión, tal privatización se efectúa por medio del uso privado de infraestructuras públicas que solo revertirá en el deterioro aún mayor del derecho al acceso a la Sanidad que tienen todas las personas. Desde la entidad andaluza concluyen que el marco normativo que intenta construir la Junta “está sentando las bases para que la población andaluza deje de tener una Sanidad pública de calidad”.

Este es el documento elaborado por APDHA:

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