La Plataforma Derecho a Techo, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas de Almería, reclama al Ayuntamiento de Níjar (Almería) que cumpla el compromiso que su alcaldesa, Esperanza Pérez Felices (PSOE), adquirió con dicha plataforma en una reunión el pasado jueves 12 de enero, en la que se comprometió a ofrecer alojamiento digno a todas las personas afectadas por el desalojo inminente del asentamiento El Walili, donde en la actualidad residen más de 500 personas que trabajan en la agricultura almeriense.

El encuentro con la plataforma se produce tras numerosas acciones de movilización, como cortes de carretera, concentraciones, marchas y manifestaciones, realizadas desde noviembre por las personas residentes en asentamientos del municipio, como protesta por las órdenes de desalojo emitidas para El Walili y por el derribo de hogares y dispersión de los residentes de pequeños asentamientos ejecutados hasta la fecha por el Consistorio nijareño.

Según la plataforma, durante la reunión, Esperanza Pérez ha informado a la plataforma de que el desalojo y derribo se va a llevar a cabo independientemente de las presiones que puedan existir y se ha comprometido a que todas las personas que residen allí dispondrán de un alojamiento alternativo antes del derribo de sus actuales hogares. Y según sus propias palabras, ha explicitado que “todas las personas podrán residir en alojamientos temporales mientras que los Servicios Sociales municipales no finalicen la gestión de un alojamiento digno y permanente para cada una“.

No obstante, la plataforma exige al Ayuntamiento que refleje por escrito y de manera pública estos compromisos antes de que se realice ningún tipo de actuación, pues hasta el momento no se ha divulgado ningún plan municipal de realojo para el asentamiento El Walili, con líneas de actuación específicas e información exacta de los medios a disposición y plazos de ejecución.

La plataforma afirma que el Consistorio baraja como alternativa habitacional para los residentes de El Walili un alojamiento temporal para 120 personas en el paraje ‘Los Grillos’. Se trata de 60 viviendas en construcción, que la alcaldesa ha asegurado que “se terminarán muy pronto“, si bien actualmente no disponen de agua, luz, ni condiciones de habitabilidad adecuada. Además, Esperanza Pérez ha señalado que dará alojamiento transitorio a otras 80 personas más en un albergue que, según ella misma ha indicado, “no cumple con condiciones adecuadas”, y que será así “mientras se reubica a esas personas en alojamientos definitivos más sostenibles“.

Según los datos de la Plataforma Derecho a Techo el número de personas que habitan El Walili es de unas 500, mientras que el Ayuntamiento reduce este número a menos de la mitad, sin dar una cifra exacta. Ante la disparidad de informaciones, la alcaldesa ha trasladado a los miembros de la plataforma que todas las personas que viven en El Walili se pueden inscribir hasta el 30 de enero en un registro que está desarrollando la Oficina de Servicios Sociales Comunitarios en San Isidro de Níjar, ya que el Consistorio carece de un censo de personas que habitan en asentamientos.

Para la plataforma, el desconocimiento de las personas exactas que viven en los asentamientos chabolistas en el municipio de Níjar, como en otros municipios almerienses y andaluces, se debe a la negativa de los ayuntamientos a empadronar a las personas que allí viven. La alcaldesa afirmó durante la reunión que su Ayuntamiento “cumple rigurosamente la normativa“, si bien justificó que parte de los empadronamientos no se realizan “por carecer de la autorización del propietario de la tierra donde se encuentran las chabolas“, requisito que no se refleja en las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos para la gestión del padrón municipal. Por ello, las organizaciones exigen a la alcaldesa de Níjar que cumpla con la ley y permita el empadronamiento de cualquier vecino o vecina de la localidad.

Preguntada por la plataforma específicamente sobre la situación de las personas que viven en El Walili y que se encuentran en una situación administrativa irregular, Esperanza Pérez ha sido tajante sobre que se compromete a que todas las personas inscritas en el censo de Servicios Sociales recibirán una alternativa habitacional con independencia de su estatus legal.

La plataforma asegura que hasta la fecha se contemplaban como beneficiarias de los alojamientos temporales únicamente las personas residentes de El Walili con permiso de residencia y trabajo que además contaran con contrato laboral. Las movilizaciones y la repercusión mediática que ello ha provocado han generado un cambio sustancial sobre este condicionante. En el asentamiento de El Walili viven muchas personas que no tienen permiso de residencia y trabajo, pero que son un eslabón esencial para sostener el modelo productivo almeriense. De plantearse dicha exigencia para el acceso a una vivienda alternativa quedarían totalmente abandonadas a su suerte, afirman las organizaciones.

La plataforma considera que el problema de la vivienda para los trabajadores y trabajadoras agrícolas en la provincia de Almería tiene que ser abordado de forma integral, por ello, ha solicitado reuniones con el subdelegado del Gobierno en Almería, El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía y la patronal agrícola COEXPHAL.

Las personas que residen en el asentamiento y la plataforma han convocado una concentración en la plaza de la Iglesia de San Isidro (Níjar), el próximo domingo 22 de enero, a las 12 de la mañana,con la finalidad de exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de los compromisos adquiridos y por los derechos de las personas que viven en los asentamientos.

La Plataforma por el Derecho a Techo está compuesta por: la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Asociación de Vecinos “La Traíña”, la Asociación “La Resistencia”, Adelante Andalucía, Anticapitalistas, CGT, Nación Andaluza, SOC-SAT y Unidas Podemos Níjar.

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