La Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba se reunió la pasada semana con el delegado de Empleo para trasladarle un escrito para el Consejero en el que el colectivo denuncia las subvenciones y exenciones de las empresas energéticas y le presentan sus demandas y propuestas en materia de agua y consumo energético.
En su escrito, Al-Zahara indica que “desde nuestra modesta opinión es necesario que la Junta de Andalucía tome la iniciativa y ponga en marcha algunas medidas que resuelvan los graves problemas de la mayoría de la población de nuestra Comunidad
Autónoma, como el paro y la pobreza energética”.
Al-Zahara continúa diciendo que “la financiación establecida por nuestra Comunidad Autónoma es ridícula. Y sigue  manteniendo el asistencialismo, cuando desde la Federación entendemos que la Junta de Andalucía debe asumir que las
energías, agua, luz y gas es un derecho humano y como tal tiene que abordarlos en sus normativas y proyectos de actuación.

La Federación Vecinal informa de que ha pedido a la Junta de Andalucía:

• Que realice un estudio sobre la pobreza energética en la Comunidad.
• Que aumente las partidas económicas para la formación sobre facturas de la electricidad y medidas de ahorro, en colaboración con los ayuntamientos.
• Subvenciones especificas para la mejora de la eficiencia energética en los hogares.
• Y que aumenten las ayudas al autoconsumo eléctrico para hacerlo más atractivo a todos los hogares.

Al-Zahara propone en su escrito una reforma legislativa con el objetivo de:

• Reconocer en la Ley de Aguas el derecho de la ciudadanía a no verse privados del suministro de agua por razones económicas, estableciendo un mínimo vital para las personas en situación de vulnerabilidad económica.
• Exceptuar dicho mínimo vital del pago del tributo autonómico “canon de mejora” regulado en la citada Ley.
• Definir en el Reglamento de desarrollo de la Ley el concepto de “personas en situación
  de vulnerabilidad económica”, incluir el minino vital en el sistema tarifario obligatorio
  para las empresas de agua, regular el procedimiento para su aplicación y considerar esta
  circunstancia en el procedimiento de suspensión por impago.

La Federación termina su comunicado aseverando que, con estas medidas, «pretenden que, de una vez, el Gobierno de la Junta de Andalucía pase de las palabras a los hechos.»

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