La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) celebra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoce el derecho de las trabajadoras transfronterizas marroquíes varadas en Ceuta a regularizar su situación a través de la figura del arraigo laboral.

Durante el cierre de la frontera en 2020 por la pandemia de la COVID-19, más de 3.500 personas trabajadoras, en su mayoría mujeres transfronterizas, quedaron atrapadas en Ceuta sin posibilidad de regresar a sus hogares ni de regularizar su situación laboral y administrativa. Desde entonces, APDHA denunció públicamente esta situación y exigió soluciones inmediatas a las administraciones responsables.

En 2021, la entidad promovió la campaña «Trabajadoras transfronterizas con derechos», apoyada por más de un centenar de organizaciones en todo el Estado. A través de concentraciones, reuniones y acciones de denuncia pública, se puso de manifiesto el abandono institucional que estas mujeres sufrieron durante más de dos años. «Tal y como denunciamos entonces, no se les podía denegar la residencia si cumplían los requisitos legales y esta sentencia lo confirma», señalan desde APDHA.

El fallo reconoce que la permanencia forzosa en territorio español y los contratos laborales previos permiten a estas trabajadoras acceder al arraigo laboral. La entidad andaluza también recuerda que el propio Defensor del Pueblo respaldó la posición de APDHA, tras admitir una queja formal de la organización en 2021.

Esta sentencia demuestra que muchas trabajadoras transfronterizas que se quedaron atrapadas en Ceuta durante el cierre de fronteras tenían vínculos fuertes con España por su trabajo, pero no cumplían con todos los requisitos legales para pedir el permiso por arraigo laboral. Como resultado, se vieron obligadas a vivir en situación irregular durante dos años y a trabajar sin papeles para poder solicitar ese permiso más adelante. Esto muestra lo absurda que puede ser nuestra ley de extranjería: obliga a estar en situación irregular para poder regularizarte, incluso cuando ya está claro que estas personas tienen un arraigo real en España. El problema es que no cumplían el requisito de vivir de forma continua en el país durante dos años, porque antes cruzaban la frontera cada día solo para trabajar, sin residir permanentemente aquí.

Desde Pro Derechos Humanos de Andalucía insisten en que muchas de estas mujeres sufrieron graves secuelas emocionales: «estuvieron años sin poder ver a sus familias, sin despedirse de sus seres queridos fallecidos y sin poder abrazar a sus hijos e hijas. Muchas sobrevivieron medicadas, en un estado de abandono total por parte de las administraciones», denuncian.

La APDHA aplaude esta resolución judicial como una victoria de la dignidad y la justicia, resultado directo de la resistencia de las propias trabajadoras, que durante meses se manifestaron ante la Delegación del Gobierno de Ceuta exigiendo ser escuchadas. «Esta sentencia no solo reconoce sus derechos, sino también su lucha y su valentía. Fueron ellas quienes, a pesar del miedo y el abandono, alzaron la voz», afirman desde la asociación.

La entidad recuerda que muchas de estas mujeres llevaban más de 10 años cotizando a la Seguridad Social y contribuyendo, por tanto, al desarrollo del país. Por ello, exige a las administraciones que cumplan la ley y garanticen los derechos de todas las personas.

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