El profesor de la Universidad de Córdoba, Ángel Gómez Puerto, hace un recordatorio del devenir de la Autonomía andaluza y la necesidad de contar con una ciudadanía organizada para producir los cambios que, a su juicio, requerirán la tercera década del siglo XXI.

Ángel-Bartolomé Gómez Puerto. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Córdoba).En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba imparto una asignatura denominada “Instituciones Públicas de Andalucía” (Área de Derecho Constitucional), del Grado de Derecho, y del doble Grado de Derecho y Administración de Empresas, que tiene entre sus contenidos los fundamentos constitucionales del Estado de las autonomías, el proceso histórico de la autonomía en Andalucía, los principios rectores de las políticas públicas en Andalucía, los derechos y deberes que proclama el Estatuto de autonomía para Andalucía, nuestro sistema institucional, o la profundización en algunas políticas públicas andaluzas como la protección del medio ambiente y el fomento del empleo, entre otras cuestiones temáticas.

En la primera parte recordamos elementos históricos clave, poniendo en valor los principales hitos del proceso de autonomía de Andalucía. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, en 1919, donde se dio uno de los pasos más importantes de la construcción de la idea de Andalucía. En ese año se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional, fórmula que precisamente recoge el actual Estatuto de Autonomía. Un año antes (1918) del cónclave cordobés se habían aprobado en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca y el escudo.

Unos años más tarde, en la II República, se impulsó de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, la Guerra Civil y la dictadura franquista interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía, con el trágico fusilamiento de Blas Infante en agosto de 1936, una de las tantísimas víctimas mortales del franquismo.

En plena restauración democrática, la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 en las ocho provincias andaluzas, y el referéndum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía al nivel jurídico y político de Galicia, Euskadi y Cataluña, con plena autonomía, acogida al procedimiento marcado en el artículo 151 de la Constitución de 1978.

Otro hito muy importante fueron las primeras elecciones andaluzas, celebradas el 23 de mayo de 1982, en las que se eligieron nuestros primeros representantes, constituyeron el primer Parlamento de Andalucía. Desde esa fecha hasta 2018 se han sucedido diez legislaturas. El 2 de diciembre de 2018 resultaron elegidas las personas que nos deben representar, con la obligación de trabajar por el bien común en esta legislatura 2018-2022.

Hechas estas consideraciones de memoria histórica y democrática, repasemos nuestro marco estatutario para proyectar acciones públicas hacia el futuro. El actual Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007), incluye en un importante precepto, el artículo 37, una relación de hasta 25 principios rectores de las políticas públicas y obliga a los poderes de la Comunidad Autónoma a su aplicación efectiva para conseguir que la proclamación formal del catálogo de derechos, libertades y deberes de la ciudadanía andaluza sea real y efectiva.

En realidad, los 25 principios rectores de las políticas públicas que establece dicho precepto del Estatuto de Autonomía para Andalucía debieran constituir el auténtico programa político e institucional para las 109 personas andaluzas que resultaron electas en como miembros del Parlamento Andaluz de esta Legislatura.

Configuran los contenidos de dichos principios asuntos como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.

Por otro lado, en ese conjunto de objetivos y principios se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

Establece también el artículo 37 un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.

Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.

La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los 25 principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas. En mi reciente Tesis Doctoral (febrero de 2020) dedico un capítulo completo, el tercero, a la protección del medio ambiente en Andalucía.

El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía en ese clave artículo 37: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.

Son suficientes e importantes cuestiones las expuestas, que las fuerzas políticas que han obtenido representación en el Parlamento de Andalucía tras las últimas elecciones andaluzas (diciembre 2018), deben proponer como medidas legislativas y planes de actuación para los distintos departamentos de la administración autonómica. Y que el Gobierno de la Junta de Andalucía, debiera impulsar en su acción diaria de gobierno y administración. Es su obligación estatutaria.

En realidad, esos 25 principios rectores constituyen, entre otras consideraciones, el contenido de nuestro propio “Estado social” andaluz. Desde la ciudadanía andaluza esperamos soluciones en ese marco de justicia social y profundización democrática. Y para este gran e insobornable objetivo, serán necesarias muchas manos, y sobran estrategias partidarias que estén al margen de los intereses generales de la ciudadanía andaluza, máxime en la situación histórica de reconstrucción en el que nos encontramos, que debe hacer de la tercera década del siglo XXI una nueva era, un nuevo modelo de relacionarnos entre las personas y con el medio que nos rodea. No perdamos esta oportunidad de futuro.