En febrero de 2018, hace ya 7 años, un grupo de personas vinculadas a los movimientos sociales de la ciudad de Sevilla realizó una acción para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar de la ciudad en las inmediaciones de la calle Macarena. La intención era demandar, según recalca la asociación, una solución habitacional para las personas sin hogar de Sevilla, «quienes entonces y todavía ahora carecen de alternativas que, suministradas por las administraciones públicas, sirvieran para revertir o paliar su situación de calle».

No obstante, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía asegura que un desmesurado operativo policial intervino en las inmediaciones del lugar, donde los agentes de la Policía Nacional detuvieron en plena calle hasta a 6 personas, quienes pasarían 55 días en prisión provisional, mientras que identificaban a otras 12. El conjunto que conforman esas 18 personas (a quienes se conoce como ‘Los 18 de la Macarena’) se enfrentará los próximos días 17 y 18 de febrero a una causa judicial en la que se les pide un total de 77 años de prisión, en penas que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión. Una de esas personas, además, es Óscar Mitillo, quien «como Coordinador del Área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y al igual que en numerosas oportunidades anteriores, se había desplazado hasta las inmediaciones del lugar para ofrecerse como mediador entre los agentes que conformaban el dispositivo policial y las personas que se manifestaban, así como observador ante una posible vulneración de derechos», informan desde la entidad. No obstante, Mitillo explica que: «pese a no haber participado en ninguna acción punible y, al igual que el resto de acusados, no haber pisado siquiera el inmueble en cuestión, hacen frente a una petición de cárcel desorbitada e injustificable».

APDHA entiende que «las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social» y hace hincapié en que «ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada». La entidad recuerda además que «6 de las personas que van a ser juzgadas permanecieron hasta 55 días en prisión provisional, en una decisión judicial sin precedentes, y que junto a ellas hay otras 12 personas acusadas que llevan sufriendo una pena de banquillo de 7 años».

«Estamos ante un hito más en la criminalización de los movimientos sociales y sindicales que resisten a las medidas que nos conducen a la precarización y exclusión social», señala la asociación andaluza. Acusaciones y procesos judiciales como el que tiene lugar en Sevilla se han producido en toda la geografía del Estado español, con ejemplos como los 6 de la Suiza en Xixón, las 3 del SAT de Granada y los 8 de Caixabank PAH Guadalajara, por citar a algunos de los casos más recientes.

Pro Derechos Humanos de Andalucía apunta que «la falta de recursos para la atención al colectivo de personas sin hogar era entonces y sigue siendo hoy un serio problema en Sevilla, así como la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y asequible, situación que afecta a cada vez más vecinos y vecinas de la ciudad». En este sentido, la asociación manifiesta que «es sorprendente y cuestionable que, siete años después de estos hechos, se mantenga la acusación y la elevada petición de penas para estas personas, mientras que las administraciones públicas no han dado ni un paso relevante para hacer frente a la realidad que sufre el colectivo de personas sin hogar y, en general, el conjunto de la sociedad».

Por todo ello, APDHA exige «el cierre de la causa judicial y la absolución de todas las personas que han sido injustamente acusadas», emplazando a «las administraciones públicas a que asuman con carácter urgente su responsabilidad, destinen los recursos suficientes para la atención al colectivo de personas sin hogar y pongan en marcha las políticas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para el conjunto de nuestros vecinos y vecinas».

Por último, APDHA quiere realizar una llamada a los colectivos sociales y sindicales para apoyar y difundir esta comunicación, acudiendo también a la concentración solidaria que tendrá lugar ante los Juzgados de la Buhaira los días 17 y 18 de febrero a partir de las 9.00 h.

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