La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentaron la semana pasada su Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2025. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ en el Parlamento Andaluz. En el encuentro estuvieron presentes representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El Informe Frontera Sur 2025 centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en asentamientos de infraviviendas. Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadoras de la APDHA y que ha sido cofinanciada por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE.

Ana Mª Rosado, Carmen Vásquez y Jennifer Cárdenas han explicado a los representantes de los grupos parlamentarios andaluces que con su Informe Frontera Sur 2025 «teníamos como objetivo documentar y analizar las condiciones de vida y trabajo de las personas migrantes en los asentamientos de Huelva y Almería», para lo que se «ha realizado un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras«. Y han denunciado como «aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias».

De esta forma, «mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular». Las investigadoras de APDHA ha apuntado que «son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores».

Asimismo, han cuantificado que al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva viven en estas condiciones que descritas y han señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: «soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas».

En este sentido, y en lo que respecta a competencias de carácter autonómico, APDHA ha mostrado su preocupación por el enfoque y desarrollo del Plan Estratégico de Erradicación de asentamientos informales e infraviviendas (Plan EASEN) de la Junta de Andalucía. La entidad andaluza lamenta la falta de transparencia y acceso a la información pública de este plan y cuestiona un enfoque «meramente asistencialista y paliativo», la falta de participación de las personas afectadas, la falta de compromisos con «soluciones habitacionales permanentes y/o temporales», la ausencia de «una estrategia de coordinación interinstitucional», el «enfoque securitario» -que puede conllevar un riesgo de criminalización de los colectivos vulnerables afectados-, la «invisibilización del modelo productivo agrícola» -en buena medida responsable de las condiciones que padecen las personas afectadas-, y «la inexistencia de medidas para una regularización administrativa» de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

La APDHA ha trasladado a los representantes de los diferentes grupos políticos las propuestas que desde la entidad se realizan a las diferentes administraciones públicas para poner fin a las décadas de explotación que llevan sufriendo miles de personas tanto en Huelva como en Almería, centrándose especialmente en aquellos que, por una cuestión de competencias, se dirigen expresamente a la Junta de Andalucía. La asociación reclama, por ejemplo, «un Plan integral andaluz desde el enfoque del respeto a los derechos humanos» y demanda «un red de albergues de carácter autonómico o municipal y vivienda pública específica destinada a la población trabajadora migrante», imprescindible para el desarrollo de la industria agroalimentaria andaluza.

APDHA también ha reclamado a los grupos políticos presentes «la facilitación efectiva del empadronamiento de los y las trabajadoras migrantes en coordinación con los municipios, conforme al artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local», la garantía en el acceso a «una atención sanitaria pública sin discriminación» y a una «educación inclusiva para aquellos menores que viven en los asentamientos». APDHA también reclama protección específica a colectivos vulnerabilizados (como mujeres o juventud ex tutelada), mediación sociolaboral y formación profesional adaptada y, sobre todo, «una mayor transparencia institucional» para que se publique periódica y completamente el contenido del Plan de Erradicación del Chabolismo, incluyendo presupuesto, responsables, metodologías y objetivos.

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