• El joven murió en su celda por una peritonitis tras cuatro horas pidiendo auxilio.
• El Defensor del Pueblo Español solicitó adecuados sistemas de sonoros y los monitores de visualización –rechazados por el Ministerio del Interior- que unidos a la adecuada vigilancia hubieran impedido o dificultado el fallecimiento.

Hoy se cumplen dos años de la muerte de Jonatan, un joven de 25 años que se encontraba en los calabozos de la Comisaría de Córdoba, por una pelea la noche anterior, y que falleció solo en su celda después de cuatro horas pidiendo auxilio. La delegación cordobesa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado a través de un comunicado que tras dos años, las investigaciones no avanzan y que el procedimiento judicial se encuentra estancado.

El fallecimiento se produjo por una “peritonitis secundaria a rotura intestinal” que no le fue diagnosticada tras estar varias horas en un centro de salud y en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La pareja y familia del joven, quien por aquel entonces era padre de un bebé, se personó como acusación particular en la investigación y solicitó la grabación de las cámaras, que fue entregada por la Policía incompleta, sin la secuencia final, lo que en opinión de la asociación, genera “como mínimo sospechas”.

En la grabación se observa cómo desde antes de las 18 horas, el joven pedía auxilio de manera insistente, lo que corroboran los detenidos en celdas adyacentes, que han manifestado que oyeron “gritos de dolor” y que el joven presentaba un evidente mal estado. Pese a ello, denuncia la organización, no fue trasladado al hospital y falleció solo en el calabozo alrededor de las 22 horas.

“Es necesario investigar y esclarecer cuáles fueron las causas por las que pese a existir una petición de auxilio durante cuatro horas, Jonatan no fue atendido y cómo pese a asistir en dos ocasiones a urgencias no le fue diagnosticada una peritonitis de tal gravedad que en 24 horas le causó la muerte.

Se da la circunstancia, detallan, de que el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura perteneciente al Defensor del Pueblo Español, en su última visita a la Comisaría de Córdoba Este¹ había señalado importantes deficiencias en los calabozos, y se había reiterado en las ya manifestadas en su informe del 2011², entre las que se encontraban “condiciones muy deficientes de limpieza, climatización, ventilación, luminosidad, conservación y mantenimiento, así como en especial, de videovigilancia”.

La asociación revela que el informe de la visita del órgano del Defensor del Pueblo Español destaca expresamente que “para una rápida actuación de los agentes de custodia en caso de producirse un incidente en los calabozos, los monitores de visualización de las imágenes de videovigilancia, además de ir modernizándose, deberían estar instalados en la zona de custodia, con independencia de que también estén en la zona de control de acceso a las instalaciones».

Además, en marzo de 2015, la Defensora del Pueblo concluyó³ la necesidad de instalar sistemas sonoros de llamada en el interior de las celdas y se realizó la sugerencia de instalar monitores receptores en los propios calabozos, actuación que fue rechazada por el Ministerio del Interior por no considerar «conveniente el cambio de ubicación de los monitores receptores de imágenes de las cámaras ubicadas en los calabozos, dada la necesidad de no disgregar los recursos humanos de seguridad del edificio y custodia de detenidos», argumentó.

A juicio de la asociación la instalación de los adecuados sistemas de sonoros y los monitores de visualización, unidos a la adecuada vigilancia hubieran impedido o dificultado el fallecimiento. Es evidente, critican desde la organización, la necesidad de revisar los protocolos de asistencia a los detenidos, pues con la privación de libertad existe una menor capacidad crítica o de acudir a urgencias y además, se hace “plenamente exigible desde el punto de vista humano” que una persona que acude en urgencias en dos ocasiones, hubiese tenido el derecho al menos a estar acompañado por sus familiares, y de esta manera evitar el desenlace completamente inhumano de fallecer solo en un calabozo tras 24 horas de detención.

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