La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha registrado una queja al Defensor del Pueblo Español (DPE) ante el incumplimiento por parte del Estado español de la decisión del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas por la que obliga a repararlos “tratos crueles y la falta de atención médica” ejercidos contra una mujer detenida por cuatro oficiales de policía, en la estación de Córdoba en 2013.

Tal como se desprende de la condena, la mujer fue interceptada por los policías, que solicitaron revisar su bolso. Al encontrar en él una cartera que no le pertenecía, comenzaron a golpearla, la esposaron, sin informarle sobre la razón de su arresto, le tiraron del pelo, la golpearon contra la puerta del vehículo policial y le procuraron numerosos golpes contra la mampara del vehículo, por el uso continuo y súbito del freno durante el camino a la comisaría, mientras se reían de ella. Asimismo, la mujer solicitó sin éxito asistencia médica. El hospital determinó que su nariz estaba rota y que necesitaba cirugía, además de constatar hematomas en una de sus muñecas.

La condena a España en 2019 contra la agresión sufrida por esta mujer fue contestada por el Estado español el pasado año bajo el pretexto de que dichos dictámenes “no tienen fuerza jurídica vinculante”, argumento que utiliza el Estado para rechazar esta y otras decisiones de los Comités de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

A este respecto, la organización solicita al Defensor del Pueblo que recomiende al Estado el respeto a las decisiones de los organismos internacionales, en especial, las de los Comités de la ONU y proceda, tal como establece la condena, a la “reparación adecuada de la víctima mediante medidas administrativas contra los responsables e impartir instrucciones preventivas para el futuro”. Además, en su escrito, instan a que «se realicen las modificaciones legales oportunas para que las decisiones puedan revisar las resoluciones judiciales españolas de forma similar a las resoluciones emitidas por el TEDH».

De igual forma, han remitido un escrito de respuesta a Naciones Unidas para pedir que entre en diálogo con el Estado con el objeto de que «se consiga el respeto de los tratados internacionales en materia de prevención de la tortura por parte de España».

La organización andaluza advierte que «el mensaje que se traslada ante esta ausencia de reconocimiento es doble». Por un lado, afirma, “se transmite impunidad ante los excesos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se ven respaldados e impunes”.  Por otro, produce “desánimo de la ciudadanía y la sociedad civil organizada, que perciben como absurdo el esfuerzo de llegar Naciones Unidas”.

En relación con la impunidad, la organización andaluza sostiene que “es un fenómeno que se puede constatar, por ejemplo, en relación con la agresión policial cometida en Linares hace unas semanas”. Así, recuerdan que el Juzgado de Instrucción número 3 de Linares ha señalado que si el “sentimiento de impunidad que albergan los investigados como consecuencia de su condición de policías […] no es destruido contundentemente. Es más que probable presagiar que los investigados podrían tratar de atentar contra los intereses, los bienes o los derechos [de la víctima] o sus allegados”

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