El pasado 21 de enero la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba la 22ª edición de su Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, que en esta ocasión ponía el foco sobre «Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería». El documento servía para constatar graves vulneraciones de los derechos de las personas temporeras que residen en los asentamientos de infraviviendas de Huelva y Almería. El Informe se presentaba mientras que un grupo de personas que residían en los asentamientos ubicados en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva) tenían que ser evacuadas como consecuencia de las inundaciones que siguieron a las lluvias intensas que tuvieron lugar en la zona. Esta situación se puso en conocimiento del Ayuntamiento de la localidad onubense a través de su concejala de Asuntos Sociales, quien, no obstante, desistió de ejercer sus obligaciones para delegar en la buena voluntad de las asociaciones locales la labor de atención y protección a las personas afectadas.
Apenas tres días después, en la madrugada del jueves al viernes, teníamos que lamentar la muerte de una persona que residía en el asentamiento de Santa Catalina, también en Lucena del Puerto, como consecuencia de un incendió que destruyó su precaria vivienda. Como explica la APDHA, “la víctima, un trabajador procedente de Ghana, llevaba más de 20 años residiendo en nuestro país y se veía obligado a vivir en una infravivienda construida con materiales precarios y altamente inflamables, como es habitual en estos asentamientos”, descritos en detalle en el mismo Informe de la APDHA. En la entidad han manifestado que “se trata de la cuarta víctima que fallece a causa de los incendios en asentamientos” y señalan que “un hombre falleció en un incendio en 2019 mientras que en 2021 un nuevo fuego provocó la muerte de una pareja”.
APDHA exige “tanto al Ayuntamiento de Lucena del Puerto como a la Junta de Andalucía, que ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la protección a las personas en situación de vulnerabilidad extrema” y apuntan que “no es de recibo que esta responsabilidad se delegue en las asociaciones locales y en la buena voluntad de los vecinos y vecinas, ya que se trata de una responsabilidad que, tal y como marcan la Constitución y el ordenamiento vigente, recae sobre las propias Administraciones públicas”.
La entidad andaluza denuncia que “tras esta nueva muerte se esconde un sistema de explotación criminal que condena a la semiesclavitud a miles de personas que se ven obligadas a vivir en asentamientos de precarias infraviviendas”. Pro Derechos Humanos explica que “los trabajadores y trabajadoras migrantes de Huelva y Almería son un elemento imprescindible para una industria agroalimentaria que cada año cosecha ingentes beneficios económicos y que, sin embargo, no se preocupa por garantizar unas condiciones de vida dignas para estas personas”.
“El trágico suceso de Lucena del Puerto”, aseguran desde la APDHA, “se suma a una serie de incendios registrados en asentamientos similares de la provincia durante los últimos años, lo que pone de manifiesto la extrema vulnerabilidad de las condiciones de vida de los temporeros y temporeras migrantes, quienes carecen de acceso a viviendas dignas”. La entidad andaluza explica que “la combinación de materiales inflamables, instalaciones eléctricas precarias y la reciente saturación de la zona por las lluvias ha creado un entorno peligros y de alto riesgo para este colectivo”. Por ello, APDHA reclama a las administraciones una “actuación urgente de la administración local y autonómica para proteger a los temporeros y temporeras”.
La asociación ha asegurado que seguirá “exigiendo a las administraciones públicas medidas inmediatas que garanticen soluciones habitacionales dignas, para evitar así más tragedias como la ocurrida en Lucena del Puerto”.
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