La Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han elaborado una queja que se ha presentado el pasado viernes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), en la que piden aumentar el control sobre la expedición sin control de fármacos dentro de prisión, que está produciendo un elevado número de muertes por sobredosis en los centros penitenciarios.

La queja surge a raíz del fallecimiento de al menos tres personas, según las familias, en menos de un mes en el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla). Las madres y familiares de estas personas comprenden que cada persona privada de libertad es responsable de sus actos y que a cada una se le informa e indica cómo debe tomar la medicación, sin embargo, “constatamos que hay personas internas que no tienen la capacidad de suministrarse su propia medicación, ya que se la toman toda de golpe o la venden en el patio, lo que supone un problema bastante grave, porque muchos la compran sin saber que una administración inadecuada de la medicación les puede costar su vida”.

Añaden los familiares que muchas personas presas presentan problemas de salud mental (el 40% según el último estudio de la Asociación Ámbit) o bien patología dual, enfermedad mental y drogadicción, lo que impide se encuentren en disposición de suministrarse su propia medicación. Denuncian que “no se tiene control sobre los fármacos que se dispensan, y mucho menos con la especialmente peligrosa, como la metadona y los psicofármacos, dejando a la suerte de los propios internos la dispensación de la misma”.

Los datos del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) desvelan que en 2020 (último año del que se disponen datos) 204 personas fallecieron dentro de los centros penitenciarios dependientes de la SGIP. Por ahora, no se disponen de los datos desagregados por causa de la muerte ya que Instituciones Penitenciarias aún no ha publicado su informe general correspondiente a los dos últimos años.

Además, según indican las familias, es frecuente que la medicación se recete sin previo diagnóstico de un profesional cualificado debido, entre otros motivos, a la falta de personal y a la necesidad urgente de que se renueven y amplíen las plantillas de los servicios de asistencia sanitaria, que se encuentran en una situación “alarmante y absolutamente precaria”. Así lo evidencian los últimos datos del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) en su informe publicado en el año 2021, que sostiene que “el acceso a la atención psiquiátrica de los presos sigue siendo inadecuado”.

El CPT advierte respecto a la atención psiquiátrica dentro de prisión que “es evidente que este modelo no está funcionando correctamente y que los presos con una enfermedad mental no están recibiendo el tratamiento que necesitan”. Es por ello que, en la queja, solicitan el aumento de la plantilla de los servicios médicos con el objetivo de que las personas presas vean respetado su derecho a la salud, un derecho desde hace años se está viendo vulnerado y que con demasiada frecuencia acaba con la muerte de la persona privada de libertad. En concreto, demandan aumentar la atención psiquiátrica a través de conciertos con el Servicio Andaluz de Salud, y transitoriamente, y hasta que esto se logre, aumentar las horas de psiquiatra contratado, permitiéndole un mínimo de 30 minutos por cada atención, como ocurre en los sistemas de agenda electrónica en los centros de salud mental para la población general. Y, además, generar alternativas terapéuticas al consumo de medicamentos, tal como sugirió el MNTP, para el manejo de la ansiedad, hábitos de sueño, mayor actividad física y laboral.

En su último informe, el CPT advirtió que “las personas con un trastorno mental que requieran tratamiento y atención psiquiátrica continuada y/o aguda no deben ser retenidas en prisión, sino trasladadas a un centro sanitario adecuado. En el caso de España, deberían ser los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla. Sin embargo, estos hospitales no ofrecen actualmente el tratamiento y las condiciones adecuadas para las personas con trastornos mentales graves; tampoco tienen capacidad para admitir a más pacientes procedentes de las prisiones”. Por ello, las familias de las personas presas reclaman que se traslade a módulos especializados a aquellas personas presas que sufren problemas psiquiátricos y drogodependencias.

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