La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado el sobreseimiento de las causas abiertas contra las personas participantes en la huelga del metal que han sido detenidas” por su participación en las movilizaciones a favor de los derechos laborales del sector el pasado mes de noviembre.

La asociación muestra así su solidaridad con ellas y recuerda que, en plena huelga, exigió al Ministerio del Interior y a Subdelegación del Gobierno que investigasen los excesos policiales documentados en relación con aquella huelga. “Sin embargo, no solo no se han investigado los excesos, sino que se han iniciado procedimientos penales contra varios de los participantes en las manifestaciones”, critica.

En este sentido, representantes de la APDHA llaman la atención sobre el hecho de que «precisamente algunas de las personas que sufrieron la violencia policial, tal y como se podía apreciar en las imágenes publicadas, han sido detenidas en sus domicilios«. Sostienen que se trata «de una nueva fórmula de criminalización del derecho de huelga dentro del objetivo de desmovilizar a la sociedad gaditana«. Además, consideran que la política comunicativa de la Policía «buscaba socavar el respaldo social que logró la movilización que iniciaron los trabajadores del metal«.

Para la APDHA «el apoyo conseguido por aquellas movilizaciones y los resultados obtenidos ponen de relieve la trascendencia que tiene el ejercicio del derecho de manifestación y de protesta en el marco de la situación socioeconómica de la Bahía de Cádiz en particular, y de toda Andalucía en general«. Es por eso que la asociación entiende que estas detenciones «tratan de coartar ese ejercicio de derechos, de amedrentar a la población, de limitar la protesta ciudadana«.

La APDHA ha querido también incidir en las formas utilizadas. Para la asociación, que las detenciones se produjeran semanas después del fin de las movilizaciones, que se utilizasen medidas de privación de libertad, como las detenciones, en lugar de llamar a declarar a los implicados cuando la Policía los tenía perfectamente identificados y ubicados, «es una muestra del carácter simbólico y ejemplificador del que se ha querido dotar a estas medidas«.

La APDHA recuerda que esta práctica de utilizar mecanismos penales contra el derecho de huelga no es nueva. «Se intensificó especialmente durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero este Gobierno también la está utilizando con el mismo fin, reprimir la protesta social y laboral«. Sin embargo, reprochan que «no se haya tenido el mismo interés en perseguir las actuaciones policiales violentas desarrolladas durante aquella huelga y perfectamente documentadas«.

Finalmente, la organización ha recordado la necesidad de «profundizar en el reconocimiento y respeto de los derechos de manifestación y de huelga, los derechos de protesta social, absolutamente imprescindibles en el marco de una sociedad democrática y que, además, en el contexto socioeconómico que vive la provincia de Cádiz resultan plenamente justificados«.

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