APDHA y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla rechazan que la Ley andaluza de Igualdad vulnere los derechos de las trabajadoras sexuales

  • Anuncian actos en defensa de los derechos del colectivo.
  • Reclaman un feminismo que garantice los derechos humanos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) han rechazado hoy en rueda de prensa la Ley andaluza de Igualdad de Género que entró en vigor el pasado martes y que en su opinión, contribuye al estigma de las trabajadoras sexuales y a privarlas de su capacidad para reclamar derechos.

Las organizaciones explican la ley ha sido una “oportunidad perdida” y ha supuesto “un evidente vulneración de sus derechos fundamentales y un retroceso en la lucha contra la exclusión social que viven las mujeres que ejercen el trabajo sexual”.

A su juicio, “a pesar de que en la legislación española la prostitución no es delito, la ley la describe como una actividad ilícita, generando la imagen social de la trabajadora sexual como una “criminal”. Estas políticas acentúan el aislamiento social que ya sufren muchas mujeres, ahondan en su invisibilidad y dificultan su acceso a los derechos, “justo lo contrario de lo que públicamente afirman que pretenden conseguir con esta ley”.

Además, afirman, la norma no viene a garantizar derechos que les son negados, como el acceso a la sanidad, a la vivienda o a sindicarse o el reconocimiento como trabajadoras y la protección y el amparo legal y social que esto supone, sino que “viene a perjudicarlas aún más y a precarizar las condiciones en las que ejercen su trabajo, condenándolas a la clandestinidad y obligándolas a trabajar en lugares invisibles, peligrosos, en soledad, dificultando el despliegue de sus propios mecanismos de protección y negociación”.

Muy al contrario, denuncian, las políticas públicas deberían ir encaminadas a mejorar esta situación, generando herramientas para ganar en autonomía y en derechos. Sin embargo, la ley “cercena” sus derechos más elementales, como el de libertad de expresión, cuando se dota a la administración de una capacidad sin precedentes para sancionar manifestaciones que, según sus principios abolicionistas, supongan una justificación o incitación al trabajo sexual.

Por ello, ambas organizaciones alertan de las consecuencias que suponen sembrar la inseguridad y la censura en un debate necesario, coartar la participación plena de las implicadas y su libertad de expresión.

Como ejemplo, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla relató las dificultades e intentos de censura que sufrieron cuando organizaron unas jornadas el pasado 2 de junio en Sevilla. “Silenciar las voces disidentes y cercenar el derecho a la libertad de expresión no es respetar los derechos humanos”, aseguran.

Tanto APDHA como CPS manifiestan que continuarán defendiendo los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual a través de intervenciones, manifestaciones, informes, campañas y actos públicos a pesar de las posibles consecuencias que puedan sufrir. “La garantía de los derechos fundamentales de determinados colectivos de mujeres no pueden ser relegados a un segundo plano por juicios de valor sustentados en creencias o convicciones morales, vengan estas de donde vengan”.

“Continuaremos defendiendo un feminismo que garantice los derechos humanos de todas las personas, de todas las mujeres, fomentando su autonomía y avanzando por el camino de reconocimiento de su capacidad de agencia, participación y negociación de las cuestiones que les afectan”, sentencian.

Las organizaciones anuncian los actos que tendrán lugar en diversas provincias andaluzas con el objetivo de reclamar los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Esta tarde, habrá una mesa redonda en el Pabellón de Uruguay de Sevilla, a las 18.30h. bajo el título ¿Con Derechos o Clandestinas?. En Granada, ayer y hoy, se están desarrollando unas Jornadas sobre Derechos Humanos y Trabajo Sexual, en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Y finalmente, en Cádiz, el próximo 25 de octubre se celebrará una ponencia sobre Represión de Libertades en Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, a cargo de Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

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