La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha denunciado la pasividad del Ayuntamiento de Córdoba a la hora de ofrecer respuesta al recurso potestativo de reposición presentado por el colectivo memorialista el 19 de marzo de 2020 contra la resolución del 20 de febrero del mismo año del gerente de CECOSAM, Pedro José Ruiz, por la que “se denegó, a posteriori, la autorización que ya teníamos para intervenir en la sepultura número 5 del cuadro de San Ramón del cementerio de la Salud de Córdoba”.

A través de un comunicado, AREMEHISA ha criticado la “nefasta gestión” del gerente de CECOSAM y “el abandono” de un Consistorio que, “casi año y medio después de haber presentado el recurso, siendo un mes el plazo legal de respuesta, y tras reiterados requerimientos sin éxito tanto del Defensor del Pueblo andaluz como del estatal, todavía no ha ofrecido respuesta alguna” a las reclamaciones sobre la paralización de la citada intervención.

En este sentido, la asociación ha recordado que los trabajos, enmarcados dentro del proyecto internacional de investigación ‘Renée Lafont Quest’, estaban inicialmente previstos para día 7 de febrero de 2020 en el cementerio de La Salud y tenían por objetivo “evaluar el estado de la cista número 5 del cuadro de San Ramón, sepultura vencida de pago y apercibida de exhumación e incineración de oficio, y, de ser hallados, las condiciones de conservación de los restos óseos contenidos ante la posibilidad acometer una exhumación individual”.

Paralización intervención sepultura nº 5 del Cuadro de San Ramón
Así, han declarado, “a menos de 48 horas de empezar, los trabajos fueron paralizados por vía telefónica y sin una justificación clara”. No sería hasta el 20 de febrero de 2020, trece días después de la fecha prevista de ejecución, cuando “el señor Ruiz nos hace llegar por escrito la resolución”, revocando el permiso de intervención y solicitando a AREMEHISA la elaboración de “un protocolo de exhumaciones que se ajuste a lo regulado y recogido en el anexo de la Orden de 7 de septiembre de 2009”.

A este respecto, AREMEHISA ha aclarado que “en ningún caso somos competentes para elaborar un protocolo de exhumaciones, tarea que corresponde a las administraciones, de la misma manera que tampoco el gerente de CECOSAM es competente para requerirlo, por lo que no entendemos el sentido de la petición”. Entre otras cosas, han apostillado, porque “además de que ya contábamos, desde el 20 de enero y por escrito, con la autorización del propio gerente de CECOSAM, también contábamos con la autorización de la Junta de Andalucía”. En este punto, la asociación ha puesto de manifiesto que “todas las intervenciones que hemos llevado a cabo en el pasado, así como las que están actualmente en marcha, las hemos tramitado siguiendo exactamente los mismos procedimientos y protocolos que se llevaron a cabo con el Ayuntamiento de Córdoba y CECOSAM para acometer la de la sepultura número 5 de San Ramón y en ninguna de ellas ha habido ningún problema”.

Una actuación gratuita
A esto hay que añadir que “los distintos proyectos y documentos presentados en reiteradas ocasiones al señor Ruiz señalaban explícitamente que los costes de la intervención serían asumidos íntegramente por la asociación, y así lo hizo constar el propio gerente su autorización”.

En consecuencia, desde AREMEHISA han querido dejar claro que “la intervención no se acoge a ninguna subvención pública, ni estatal, ni autonómica, ni municipal”, y, por tanto, la normativa “que no es aplicable establece que el papel del Ayuntamiento y de CECOSAM en este asunto pasa, únicamente, por autorizar el acceso a unos terrenos que, siendo públicos, consideramos que deberían conceder”.

Por eso, han subrayado, “queremos dar a conocer las circunstancias por las que el 19 de marzo del año 2020 presentamos el recurso, que consideramos una falta de respeto para los familiares y un agravio comparativo que roza la ilegalidad, y denunciar la falta de transparencia y el menosprecio institucional que recibimos en este caso concreto”.

Además, han explicado, “nos vemos obligados a transmitir públicamente que no podemos entender la lógica ni la motivación para bloquear una intervención que tiene su origen en la petición de familiares de víctimas, que no supone ningún coste para el erario público y se centra en una sepultura vencida de pago desde hace más de 50 años, vacía según los registros oficiales de la propia empresa municipal de cementerios, y que el propio equipo técnico que intervino en ese mismo espacio entre los meses de enero y marzo de 2019 declara en su informe como exhumada”.

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