Ya es una evidencia ante los ojos de la ciudadanía, aquello que sólo una minoría denunció: La Junta de Andalucía cesará a mil interinos con décadas de antigüedad. En algunos casos, hasta 37 años de servicio. Lo hará porque, realmente, era lo que buscaba. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla -Junta de Andalucía- y Jose María Bellido -Ayuntamiento de Córdoba- decidieron no esperar al marco extraordinario que se abría paso en el seno del Congreso a propuesta del Gobierno de Coalición para atender las resoluciones del TJUE sobre temporalidad en la función pública. Era vox populi, seguramente, hasta tú oíste hablar de ello.

A pesar del dramático déficits de personal en toda la esfera competencial, ningún interés por ofertar las plazas verdaderamente vacantes -a miles en el ámbito de la esfera competencial de la administración- a través de convocatorias públicas. No pretendían crear puestos de trabajo para fortalecer las administraciones que, sí o sí, deben garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, también de la que nunca vota.

Unas administraciones de proximidad, -Junta y Ayuntamiento-, bajo mínimos, que arrastran más de una década con una falta de personal que compromete seriamente la atención de las necesidades de la ciudadanía y la prestación de los servicios públicos, provocando un deterioro reconocible en la generalidad de los servicios municipales y autonómicos, con consecuencias nefastas para la ciudadanía, pero también la financiación de los propios servicios públicos.

Jamás se contó con más dinero para gestionar lo PÚBLICO pensando en la gente. Nunca antes la Administracion había alcanzado el nivel de decadencia y falta de respeto a la ciudadanía como ahora. Es la política de la derecha. Contraria al Estado Social y Democrático de Derecho que proclama nuestra Constitución. Deteriorar lo público y ensanchar el negocio privado, en manos de unos pocos, para gestionar los asuntos públicos.

En la Junta y el Ayuntamiento, entra gente con cero experiencia sobre los procedimientos y el funcionamiento de los servicios públicos, para ocupar la plaza que dejan otr@s, cuyo desempeño durante décadas, y la experiencia profesional que aporta, es incomprensiblemente ignorado.

Quienes deben garantizar que la Administración sirva con objetividad los intereses generales, basando su actuación en los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, decidieron no esperar el Marco Extraordinario para la Consolidación que el Gobierno del Estado aprobaría unos meses después con la voluntad de ofrecer una solución a lo que había dictaminado la Justicia de la UE sobre el abuso de las interinidades.

De igual forma, el Ayuntamiento decidió prescindir del Concurso-Oposicion, mecanismo para la provisión de puestos de trabajo plenamente legal y más ajustado a Derecho si atendemos a los pronunciamientos del propio TJUE en relación con el abuso de la temporalidad en la función pública.

En Córdoba, el exponente de esta política es el Gobierno de José María Bellido. Una gestión de lo PÚBLICO cuestionable por insensata, que desatiende la necesidad de efectivos para desplegar su marco competencial.

Ahora, tienen en sus manos la Sanidad. La apuesta igualmente no es fortalecer el Sistema Público de Salud Andaluz. Bien al contrario, las derivaciones que se imponen, agravan la situación de abandono y ahondan en el debilitamiento del SAS, en todos sus ámbitos: atención primaria, especializada y hospitalaria.

Mañana sábado 25M toca defender la SANIDAD PÚBLICA.

¡Salud y Disfrute!

¡Dignidad y Lucha!

PD: Se puede seguir viviendo en la propaganda, también tomar conciencia de la realidad. El dinero que le niegan a lo PÚBLICO, se lo dan a la privada para ensanchar su negocio con nuestro derecho a la SALUD. Es una puta vergüenza lo que están haciendo con el dinero de la UE, del Estado y del propio pueblo andaluz.