Las principales conclusiones del informe confirman la existencia de graves obstáculos de base discriminatoria en el acceso a la vivienda que afectan a dichos colectivos. De esta manera, entidades sociales de la ciudad que cuentan con programas de atención a personas migrantes y minorías étnicas destacan entre los principales problemas que inciden en estas usuarias al buscar vivienda el ser rechazadas por su nacionalidad (presente en el 33% de las respuestas) o por su aspecto/perfil étnico (también en el 33% de los casos).

Por su parte, las respuestas de las personas de origen migrante también dibujan un panorama nada halagüeño: “guetización” (el 40% de ellas residen en el Distrito Sur), precariedad de sus viviendas habituales (residen en viviendas/habitaciones compartidas el 49% y en infraviviendas/casas de acogida/situación de calle el 15%) y las experiencias negativas vividas durante los procesos de búsqueda (rechazo por nacionalidad -33%- y por apariencia física -21%-, y un mal trato por parte de inmobiliarias, propietarios o instituciones -55%-). No es mucho mejor la realidad para los/as cordobeses/as de etnia gitana: el “efecto gueto” se dispara (el 86% vive entre los distritos Noreste y Sur) o su práctica exclusión del mercado privado de vivienda (el 45% reside en vivienda social y el 14% en infraviviendas).

Por último, son definitivos los datos obtenidos del trabajo de campo realizado entre los agentes inmobiliarios de la capital de la provincia: preguntados por el perfil de cliente “más adecuado” para las viviendas que ofertan, el 50% de las respuestas se decantan por los españoles de altos ingresos. Llama la atención que sitúen en el mismo nivel de preferencia a las personas españolas con bajos ingresos (25%) y a las extranjeras de altos ingresos (29%). El 33% señalan a las personas extranjeras de bajos ingresos como los clientes “más problemáticos” y el 46% admite abiertamente aplicar requisitos discriminatorios exigidos por los propietarios de las viviendas (como no aceptar inquilinos extranjeros).

Una vez expuestos estos datos, no es de extrañar que el 62% de las personas cordobesas de origen migrante y el 72% de las de etnia gitana manifiesten que afrontan serias dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Queda certificado que no de trata de una mera percepción, sino que es el resultado de una realidad gravemente discriminatoria.

Desde la APDHA consideramos que no estamos ante una “maldición bíblica” irresoluble, sino que existen alternativas totalmente factibles para al menos paliar este contexto. En primer lugar, sería imprescindible incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler a precio asequible, evitando caer de nuevo en el “efecto gueto” en las futuras promociones de inmuebles de este perfil. El aumento de oferta no desplegaría todos sus efectos si no se flexibilizan los requisitos de acceso a la vivienda social de alquiler, tanto los sustantivos como los burocráticos (en este ámbito el Registro Municipal de Vivienda tiene un amplio margen de mejora).

Lo anterior no significa que tengan que mantenerse en el abandono las zonas de nuestra ciudad donde se concentran las viviendas sociales en la actualidad. AVRA (Junta de Andalucía) debe asumir su responsabilidad en la mejora integral y mantenimiento de estos edificios y el Ayuntamiento la suya respecto al mobiliario urbano y la limpieza viaria. Junto a otros organismos públicos, es imprescindible dotar a estas barriadas de equipamientos sociales, educativos, deportivos…

Evidentemente en el mercado de vivienda privado de alquiler también son ineludibles medidas urgentes, como contener el crecimiento descontrolado de los precios (en la línea de lo establecido por la nueva Ley estatal de vivienda) y erradicar las prácticas de discriminación directa e indirecta descritas en este informe (para ello hay que agotar las herramientas creadas por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, con la implicación de los actores clave en este ámbito, tanto públicos como privados).

Somos conscientes de que la puesta en marcha de estas iniciativas no serían recetas mágicas que erradicarían de forma inmediata las situaciones discriminatorias que afectan a personas de origen migrante y a las minorías étnicas en Córdoba, pero representarían un primer paso relevante en la buena dirección.

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