Desde la primera perspectiva, otorgamos el Premio anual de Derechos Humanos, que en 2022 ha recaído en la asociación Ariadna, colectivo que lleva casi cuatro décadas siendo un referente en la lucha por la dignidad de las personas con problemas de drogodependencias y sus familiares en Córdoba. Junto a este momento de celebración, el día 12 de diciembre celebramos con algunas de las principales entidades sociales que trabajan en nuestra ciudad (ACCEM, APIC, Ariadna, Barrios Ignorados, Don Bosco, EAPN, FSG, Hogar Sí y Pro Libertas) la Jornada de exclusión social y pandemia: impacto y retos de futuro. En ese foro estuvimos debatiendo sobre como la crisis derivada de la pandemia ha afectado de una manera especialmente dura a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y no solo por sus consecuencias socioeconómicas directas, sino también por los retos que representan determinadas medidas “antipandemia” que amenazan con consolidarse y que les son muy perjudiciales.
En el contexto de la jornada analizamos la situación del sinhogarismo en Córdoba. La pandemia ha provocado un aumento del número de personas sin hogar, la aparición de nuevos perfiles de sinhogarismo y ha desnudado a un modelo de atención basado en la emergencia que no ataca las causas últimas de esta realidad. Como retos de futuro, se destacó la necesidad de reformas normativas, asegurar una financiación suficiente y estable del sistema de atención al sinhogarismo y un cambio profundo de éste, presidido por la desinstitucionalización y con un enfoque general basado en derechos (haciendo hincapié en el acceso a la vivienda y al derecho a la salud).
En cuanto a las personas de origen migrante, solicitantes de asilo y/o refugiadas, el “amurallamiento digital” de las administraciones les dificultó sobremanera el acceso a los servicios básicos en los momentos más duros de la pandemia, ya que son un colectivo especialmente afectado por la brecha digital. También vieron incrementados sus problemas de vivienda. De cara al futuro se consensuó que es imprescindible la adaptación de los dispositivos de acogida a la brecha digital, el refuerzo de un sistema sanitario cuyas carencias estructurales se ha visto agravadas por el impacto de la COVID-19 (las consecuencias negativas se han cebado sobre este colectivo) y combatir los estereotipos y prejuicios que afectan a personas migrantes y refugiadas, que se refuerzan en tiempos de crisis.
Las barriadas cordobesas con problemas de exclusión vieron cómo se agravaba su situación de vulnerabilidad socioeconómica (incremento del desempleo, de la economía sumergida, de las dificultades para cubrir las necesidades básicas…) a partir de marzo de 2020. También se dispararon los problemas de salud mental y de acceso a determinados recursos sociales por el aumento de la digitalización y de los trámites burocráticos, con una brecha digital en constante crecimiento. Los desafíos para los próximos años siguen siendo los previos a la pandemia, pero agudizados por las consecuencias de ésta: mayores oportunidades formativas y laborales, acompañamiento integral a través de itinerarios personalizados, promover el trabajo en red entre entidades y recursos sociales, así como con la administración pública.
Por último, también hubo espacio en la jornada para hablar de la prisión de Córdoba, un espacio de base hostil para el ejercicio normalizado de los derechos fundamentales, por lo que la crisis sociosanitaria del coronavirus ha tenido una repercusión muy intensa en ella. Las personas presas y sus familiares vivieron en los peores momentos de expansión de la enfermedad una gran incertidumbre (por la falta de información), ansiedad (por la restricción de contacto de los/as internos/as con sus familiares, la interrupción de los programas terapéuticos o formativos y la brecha digital que impedía acceder a determinados recursos por el “amurallamiento digital”), miedo (por las dificultades socioeconómicas que atravesaban sus familias en el exterior y por el riesgo de contagio) y recortes de derechos (como permisos, visitas del exterior, progresión de grado, acceso a la sanidad…). La pandemia ha evidenciado, más si cabe, los problemas endémicos del sistema penitenciario, haciendo urgente avanzar en la elaboración de protocolos de actuación integrales e interdisciplinares en las prisiones para que el objetivo de la reeducación y reinserción sea realmente alcanzable, optar por un porcentaje superior de régimen de semilibertad y medidas alternativas a la privación de libertad en mayor medida (fomentando principalmente la mediación penal) e incrementar el intercambio e integración entre sistema penitenciario y la sociedad (aumentando el uso de nuevos tecnologías, entre otras medidas).
Como conclusión, todas las entidades que participamos en este interesante foro de debate coincidimos en destacar que, una vez más, cuando la sociedad vive situaciones de incertidumbre y dificultad, los colectivos más vulnerables sufren con una mayor intensidad sus consecuencias, por una parte, y las medidas paliativas que se ponen en marcha no responden a sus necesidades o directamente no pueden acceder a las mismas, por otra. En este sentido, las iniciativas más dotadas económicamente, como los ERTES o las ayudas a los autónomos, p.ej., eran inalcanzables para este sector de la ciudadanía, y las teóricamente pensadas para ellos, como al ingreso mínimo vital, han sido un desastre de gestión entre la brecha digital y múltiples trabas burocráticas. Igualmente se expresó la preocupación respecto a una de las herencias permanentes de la pandemia, el “amurallamiento digital” de las administraciones, que ya está dificultando enormemente el acceso a los recursos sociales a la población cordobesa más empobrecida. Por todo lo anterior, cerramos la jornada reivindicando que, de una vez por todas, se pongan en marcha las políticas necesarias para erradicar las causas estructurales de la exclusión social en Córdoba, y así no tendremos que lamentar en la próxima “crisis” que de nuevo las personas que la sufren se erigen como sus principales damnificadas.
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