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Hablamos de Carlos Arce
Pandemia, servicios sociales y digitalización de la administración, la tormenta perfecta para la exclusión

1 agosto, 2022

Carlos Arce Jiménez. Delegado en Córdoba de la APDHA y Profesor de Derecho Constitucional de la UCO

El pasado 21 de julio, la delegación en Córdoba de la APDHA presentó el informe “Amurallamiento de los recursos sociales de la provincia de Córdoba por la pandemia de la COVID-19”, en el que se analiza el impacto que ha tenido la crisis sanitaria del coronavirus en el sistema de protección social de la capital cordobesa y de 10 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Para ello se ha realizado un estudio de campo entre los años 2021 y 2022 en el que han participado 25 entidades públicas y privadas que gestionan recursos sociales y más de 250 personas usuarias de estas entidades.

El informe pone de relieve la debilidad estructural del sistema de protección social de Córdoba, que se visibiliza con toda su crudeza cuando afrontamos situaciones de crisis acentuadas como la asociada a la pandemia del coronavirus. El panorama dibujado por las instituciones y entidades consultadas es elocuente en este sentido. Durante el confinamiento domiciliario, tan solo el 24% de las mismas pudo mantener sus servicios a pleno rendimiento. Ni siquiera la llegada de la esperada “nueva normalidad” ha supuesto una mejora significativa, ya que el 97% de las personas responsables de estas organizaciones afirman que se han incrementado las dificultades de acceso a los recursos sociales públicos de la provincia en este contexto. Esta percepción es corroborada por las personas cordobesas usuarias de servicios sociales encuestadas: el 85% de las residentes en la capital y el 65% de la provincia han referido problemas en el acceso a las administraciones diferentes a los servicios sociales en la pandemia Los servicios sociales comunitarios, instituciones clave para la población más vulnerable, también han visto mermada su accesibilidad en los dos últimos años: casi el 80% de las personas encuestadas en la capital así lo afirman, mientras que esa sensación se rebaja sensiblemente en los municipios de la provincia hasta el 45%.

Al incremento de las dificultades de acceso a la red de recursos se le suma un aumento de las necesidades como consecuencia de la pandemia. El 87% de las entidades confirman que ha crecido el número de solicitudes de ayuda, el 54% de ellas señalan que se han incorporado nuevos perfiles de personas usuarias, que se han incrementado exponencialmente las demandas relacionadas con la cobertura de necesidades básicas (82%) y el 80% han tenido que poner en marcha nuevos programas para tratar de paliar esta situación. En esta línea, las personas encuestadas destacan como principales consecuencias económicas vinculadas a la pandemia la pérdida del empleo (con mayor relevancia en la capital -43%-) y los problemas relacionados con las prestaciones sociales (casi el 50%, lo que se traduce en que apenas el 23% de encuestados de la capital las hayan percibido, cuando residen en barrios especialmente golpeados por la pobreza).

Otra de las grandes olvidadas del sistema de protección social es la salud mental. La crisis de la COVID-19 ha tenido el fuerte impacto en la estabilidad emocional de la ciudadanía cordobesa entrevistada. Cerca del 75% refiere haber tenido sentimientos o pensamientos negativos en este periodo (ansiedad, confusión, tristeza, cambios de humor, abandono…).

Dentro de este contexto general negativo, el estudio certifica de nuevo que los sectores sociales más vulnerables sufren con mucha más gravedad las consecuencias de cualquier situación complicada que atreviese la sociedad. De esta manera, una amplia mayoría de las entidades encuestadas (el 89%) ha señalado que las dificultades de acceso a los recursos sociales afectan especialmente a las personas más vulnerables. En sus respuestas ejemplifican esta realidad en el empeoramiento durante la pandemia de las condiciones de vida de las personas cuya principal fuente de ingresos proviene de la economía sumergida (el 87% indica que en la etapa de las restricciones más severas no pudieron realizar su actividad y que tampoco pudieron acogerse a las prestaciones vinculadas al mundo laboral que se habilitaron) y que la atención a las personas sin hogar en la crisis sanitaria ha sido inexistente o al menos ineficiente (65%).

La digitalización acelerada de las relaciones entre administraciones y ciudadanía, incrementada en el marco de la estrategia de lucha contra el coronavirus, consolida la “brecha digital” como una relevante barrera para el ejercicio normalizado de derechos básicos de la ciudadanía, cebándose con las personas en situación de exclusión. Por ello existe una práctica unanimidad (91%) entre las entidades en destacar la “brecha digital” como un factor clave en el “amurallamiento” de los servicios sociales de la provincia de Córdoba. Es una sensación compartida por las personas individuales que han intervenido en el estudio, ya que no llegan al 10% las que valoran positivamente el generalizado proceso de digitalización en el acceso de los recursos públicos, siendo mayoría las que señalan el incremento en las dificultades de contacto con la administración, la falta de formación en competencias digitales y/o disponibilidad de dispositivos electrónicos, su preferencia por una atención personalizada…

Por lo expuesto, o se produce una apuesta real para revertir el deterioro de los servicios públicos básicos, dotándoles de unos recursos humanos y financieros adecuados y redefiniendo sus objetivos y prioridades, o su nuevo colapso ante la próxima situación de estrés social está servido. En ese marco, nos parece imprescindible que la promoción e inclusión de los colectivos en situación de exclusión grave se sitúe a la cabeza de las prioridades de las políticas sociales públicas, sin importar el escaso rédito electoral que ello pueda tener. Igualmente, la implantación de las nuevas tecnologías en este ámbito debería ser más progresiva, con medidas decididas de inclusión digital y dejando abiertos los canales analógicos hasta que esta última sea una realidad para toda la sociedad.

Por último, en este estudio se han detectado mejores datos en algunos aspectos en la provincia que en la capital. Ello se puede deber a que la población de la ciudad de Córdoba objeto de la investigación responde a un perfil de riesgo de exclusión más acentuado, o que en los municipios pequeños bienes básicos como la vivienda son más accesibles y existe una mayor red de apoyo sociofamiliar. Sin embargo, en las respuestas también se constata una valoración objetiva y directa más positiva de los servicios sociales comunitarios de los municipios menores de 20.000 habitantes (que dependen del IPBS-Diputación de Córdoba) que los de la capital. Por ello también sería pertinente indagar las buenas prácticas que se pueden estar dando en estos municipios, para su posible aplicación en la ciudad de Córdoba. Quizás la atención más cercana y personalizada que se ha podido detectar en el trabajo de campo puede ser el elemento que esté marcando cierta diferencia.

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