El sindicato CTA ha pedido en nota de prensa que los presupuestos que deben aprobarse el próximo Pleno del jueves 16 de abril estén condicionados por la actual crisis sociosanitaria, en el sentido de que deben volcarse con las personas que peor lo están pasando, pero también en la idea recuperada en estos días de que los servicios públicos son imprescindibles para cohesionar y hacer funcionar a una sociedad.
Por ello, desde CTA se vuelve a recordar la dramática pérdida de empleo en el Ayuntamiento de Córdoba que no sólo ha denunciado en los últimos años el propio sindicato sino que ha sido también denunciado por el Consejo del Movimiento Ciudadano. Entre los departamentos y servicios que con más urgencia necesitan la mayor reposición posible de personal, CTA cita a «Servicios Sociales, Oficina de Atención al Ciudadano, bomberos, policía local o el Servicio de Informática que en la sombra sustenta a todos los demás, sin olvidar la importancia de todos y cada uno de los diferentes servicios que desde el Ayuntamiento se prestan a la ciudad»
Para solventarlo de forma urgente, el sindicato solicita «que a través de la bolsa de trabajo, cuya dotación presupuestaria ha sido incluida en los presupuestos municipales para el año 2020 se lleve a cabo de forma ardua la contratación de personal. Contrataciones doblemente necesarias tanto para el funcionamiento de los diferentes servicios municipales como para fomentar el empleo en la ciudad tan necesario en estos tiempos. También solicitamos que la partida económica para la bolsa se amplíe hasta alcanzar 4 millones de euros, para ello pedimos que el remanente no gastado de esta partida en el año 2019 se incorpore a la dotación económica prevista para el año 2020«.
Por último, CTA entiende que el Pleno Municipal debería de aprobar por unanimidad dos peticiones al Gobierno de la Nación: la primera, una moratoria en la ejecución de la Oferta Pública de Empleo del año 2017 y que caduca este año, debido a la paralización de gran parte de la actividad administrativa y de los plazos administrativos por la crisis del COVID-19; y la segunda, una modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, en tanto, que prohíbe se gaste por las propias administraciones el superávit que estas generan, y que puede ser dedicado por ejemplo para crear una renta básica municipal para familias en alta vulnerabilidad.
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