Constante disminución y supresión de unidades en la red pública (sobre todo en infantil y primaria), frente a la red privada concertada que se ha ido consolidando y aumentando.

A sabiendas de que la mejor garantía de calidad e igualdad en la educación es un sistema público.

USTEA

El resultado del proceso de escolarización en los últimos años ha sido una constante disminución y supresión de unidades en la red pública (sobre todo en infantil y primaria), mientras que  la red privada concertada ha ido consolidando y aumentando un porcentaje cada vez mayor en las ciudades grandes y medias del territorio andaluz, no así en el ámbito rural donde la red concertada brilla por su ausencia: No es negocio. Desde el año 2011 más de 1000 (calculamos que dos o tres centenas más)  aulas públicas han sido suprimidas en Andalucía. La enseñanza concertada, sin embargo, ha crecido ligeramente en número de aulas, lo cual en un contexto de fuerte descenso de la natalidad es particularmente relevante.

Así en las capitales de Cádiz, Granada o Málaga  la oferta concertada supone ya casi el 60% de la enseñanza obligatoria. En Sevilla capital la oferta concertada prevalece sobre la pública en más de la mitad de sus zonas educativas. En ciudades medias como la Palma del Condado (Huelva), Andújar  y Linares (Jaén)  o en Antequera (Málaga), la oferta concertada ya iguala o supera ligeramente a la pública.

En lo que respecta a la provincia de Córdoba, además del distrito centro de la capital, plagado de concertada (casi el 70%), la situación de ésta es también preponderante en el distrito de Fuensanta y en la localidad de Baena, paradigma del fenómeno en una ciudad media, donde escolariza al 60% de la población estudiante. En Córdoba y provincia este curso se suprimen en torno a 68 aulas públicas, 10 de infantil y 58 de primaria; por tanto, desde 2011 el total se acerca ya a las 200 unidades públicas que se han esfumado.

Según los datos aportados recientemente por la portavoz de Educación de Podemos en el Parlamento andaluz, Libertad Benítez, sustentados en los proporcionados por la propia administración educativa en la Orden de 23 de julio, este curso se inicia con un “nuevo hachazo a la escuela pública andaluza”, ya que el curso escolar 2018/2019 tendrá, en comparación al anterior, 487 líneas menos, de las que 165 unidades corresponden a Educación Infantil y el resto, 322, corresponden a Educación Primaria.

Asimismo tampoco queremos obviar un hecho relevante: La concertada no es más barata que la pública en situaciones análogas. Lo que encarece el servicio público es la atención al medio rural, donde la concertada ni está ni se la espera. Una plaza escolar en un barrio estándar de una capital andaluza, por ejemplo, tiene un precio similar en la red pública y en la concertada. En el medio rural, su precio se duplica o triplica. Y en esos territorios toda la oferta es pública.

Por otro lado, la mejor garantía de calidad e igualdad en la educación es un sistema público, de donde podemos deducir que el incremento de la concertada en nuestra región se debe a la falta de información y a políticas favorecedoras de intereses  privados.

Es por ello que USTEA entiende que la defensa del servicio público educativo es ahora más necesaria que nunca, ante el blindaje sistemático de la educación concertada que vino a reforzar la LOMCE y la escasa voluntad política del gobierno andaluz de frenar el deterioro del servicio educativo público frente al auge incesante de su privatización en las ciudades grandes y medias de Andalucía. El ámbito rural, como ya hemos señalado, no es de  interés para la patronal de la enseñanza privada o concertada.

Por otra parte es necesario seguir mejorando la atención de las necesidades educativas especiales, entre otras medidas, disminuyendo la ratio, con un suficiente número de profesorado para apoyo educativo dedicado específicamente a esa tarea  (para lo que urge mejorar el sistema de sustituciones y cobertura de bajas) y aumentando el número de aulas específicas. Este es, sin duda, todavía, uno de los grandes déficits de nuestro sistema educativo.

Como aspecto positivo señalar el anuncio de la Consejería de Educación para el curso 2019-20 de retirar a los CEIPs la potestad de ampliar la carga lectiva de la asignatura de religión hasta 90 minutos, estableciendo el mínimo de 45 minutos en todos los Centros. Aunque la medida nos parece adecuada tanto desde criterios ideológicos como de organización escolar, ya que los horarios de primaria se estaban convirtiendo en un cajón de sastre donde evidentemente no todo puede caber, necesitamos decir alto y claro que lo que realmente queremos es que la escuela pública sea totalmente laica. Las religiones ya tienen sus propios medios e instituciones y desde luego no concebimos  la escuela y la hacienda públicas como paraguas de sus actividades.

También es positiva la disminución de otra hora lectiva para el profesorado de secundaria, que así recupera el horario previo a 2012, lo cual contribuirá a paliar la pérdida de empleo público que estimamos se puede producir en educación infantil y primaria.

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