USTEA pide a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que dé respuesta cuanto antes a la Sentencia del TSJA que anula la normativa andaluza que permitía reducir al horario de Religión en los CEIPs andaluces.

La sentencia en sí -que se acoge a un error en el procedimiento sin entrar en el fondo de la cuestión- coloca a la Consejería de Educación ante la tesitura de recurrir el fallo para defender la validez de su Orden; una normativa que, desde el principio, USTEA denunció como insuficiente y ambigua, al dejar la responsabilidad en manos de los colegios y sus directivas. De hecho, la reducción horaria de Religión quedaba a expensas de la decisión concreta del equipo directivo de cada colegio. Un ejemplo más de la caótica gestión de la administración andaluza en materia educativa que provocó, entre otras cuestiones, que más de 250 colegios tuviesen “profesores y profesoras” de Religión cobrando sin dar clases, tal y como detectó, con tres años de retraso, un estudio interno de la propia Consejería.

Pero independientemente del fallo y del posible recurso, la Consejería de Educación debe asumir su responsabilidad y elaborar una Orden que reduzca al mínimo la presencia de la Religión en la escuela, una Orden firme y clara, sin ambigüedades, que responda a una planificación y que defienda los derechos del alumnado frente a los intereses de los obispos.

El gobierno andaluz, con su presidenta Susana Díaz a la cabeza, tiene ante sí una buena oportunidad para demostrar que apuesta por un modelo de escuela pública de calidad, en la que obviamente la carga lectiva dedicada al adoctrinamiento religioso no tiene cabida. Se trata, una vez más, de una cuestión de voluntad política.