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Hablamos de Carlos Arce
Derechos Humanos, exclusión social e igualdad de género: ¿una ecuación irresoluble?

14 marzo, 2022

Carlos Arce Jiménez. Delegado en Córdoba de la APDHA y Profesor de Derecho Constitucional de la UCO

Como cada 8 de marzo, la delegación en Córdoba de la APDHA ha vuelto a reivindicar la vigencia material de los Derechos Humanos, algo imposible sin una igualdad de género real y efectiva. Lo hemos hecho a través de la celebración de las jornadas “Derechos Humanos desde una perspectiva de género” , donde se han analizado las últimas propuestas de reforma normativa que afectan a los derechos de las personas trans y a la libertad sexual y la dura realidad que deben afrontar las mujeres presas para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Desde nuestro colectivo siempre ponemos de relieve que, dentro de un contexto general de violación de derechos, los colectivos que padecen las diferentes clases de exclusión social asumen un “plus” de discriminación. El caso de la igualdad de género no es una excepción, ya que en el estructuralmente desigual sistema patriarcal las mujeres empobrecidas, racializadas, migrantes, trans, trabajadoras de sectores feminizados (trabajo doméstico, sexual…) o presas sufren con mayor intensidad la vulneración de su dignidad.

En las citadas jornadas se ha reflexionado sobre cómo en un contexto especialmente hostil para el ejercicio de la ciudadanía, los centros penitenciarios, las mujeres presas pagan una “condena extra”. En nuestro “Informe sobre la situación de las mujeres presas” constatamos que, paradójicamente, el hecho de representar tan solo el 7,5% de la población reclusa en España no facilita un tratamiento más individualizado y especializado que favorezca la reinserción social. Por el contrario, las prisiones se conciben como un mundo esencialmente masculino, quedando las mujeres literalmente arrinconadas físicamente en las cárceles y excluidas en muchas ocasiones de programas formativos, laborales o de rehabilitación. Fuera de los muros de la prisión, por una parte, las internas sufren por la situación de desprotección en las que quedan sus hijos/as y personas dependientes a su cargo, ya que en la mayoría de los casos ellas son las únicas responsables de los cuidados familiares. Por otra, un pesado estigma de malas madres, esposas o hijas les persigue por esa combinación de “minoría” y no atención de sus “obligaciones naturales” impuestas por el patriarcado.

Las mujeres trans también afrontan serios desafíos añadidos por su doble condición de mujer y transgénero. Desde el punto de vista social, el rechazo y la exclusión de las personas trans siguen siendo desafortunadamente la norma, lo que se refleja en unas cifras de desempleo que alcanzan el 80% o que la orientación sexual/identidad de género sea la tercera causa de delitos de odio en España (casi el 20% del total). En el ámbito legislativo, nos estamos encontrando con una fuerte contestación ante las propuestas de reforma normativa que tratan de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans. Y no solo desde los posicionamientos más conservadores, ya que ciertos sectores del feminismo han planteado un rechazo frontal a algunas de estas medidas.

Por último, de nuevo uno de los colectivos de mujeres que padecen una violación más intensa de sus derechos fundamentales, las trabajadoras sexuales, ha visto silenciada su voz en una propuesta legislativa que en otros aspectos supone avances para el general de las mujeres. Aplaudimos sin duda el blindar la libertad sexual de todas las personas, sin que queden zonas de indefinición que puedan seguir dando cobijo a violencias que quedaban soterradas en una concepción de la sexualidad marcada por siglos de machismo. Sin embargo, no entendemos que ese blindaje lleve aparejado negar la capacidad de agencia y de autodeterminación de unas mujeres en las que se hace pleno en todas las formas de discriminación: racismo, xenofobia, aporofobia, estigma sexual…Consideramos legítimo mantener posiciones abolicionistas respecto al trabajo sexual, pero no podemos compartir que ello conlleve el negar la participación en el debate sobre sus derechos a las personas directamente concernidas, especialmente cuando hablamos de colectivos en situación de exclusión social.

Como consecuencia de todo ello, en estos días desde la APDHA hemos renovado nuestro compromiso en la resolución de esa aparentemente quimérica ecuación entre Derechos Humanos, exclusión social e igualdad de género. Es imprescindible recordar que cualquier política de lucha contra la exclusión social que no tenga una verdadera perspectiva de género transversal y de fondo fracasará en el objetivo de alcanzar una vigencia plena de los Derechos Humanos. Pero de la misma manera debemos tener muy presente que no obtendrán un mayor éxito las iniciativas sociales, políticas y jurídicas en materia de igualdad de género que dejen atrás a las mujeres más afectadas por la exclusión social en todas sus dimensiones.

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