Miguel Santiago Losada
Portavoz de la plataforma “Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos/as”
La grandiosa y bellísima Mezquita de Córdoba es el resultado de cuatro etapas constructivas bajo la dinastía Omeya a lo largo de dos centurias. Durante la época andalusí esta Mezquita-Aljama o de los Viernes fue el centro de la vida religiosa y social de la capital de al-Ándalus durante quinientos años. A partir de 1236, cuando Córdoba fue conquistada por el rey Fernando III, la Mezquita de Córdoba, convertida en la joya de la corona de Castilla, sobrevivió, no corriendo la misma suerte el resto de las mezquitas-aljamas de al-Ándalus. Hasta finales del siglo XV la Mezquita de Córdoba, a excepción de la Capilla Real, no había sufrido ningún tipo de nuevas construcciones que hubiesen afectado a su grandiosa fábrica. Según las crónicas, hasta la misma reina Isabel la Católica se negó a derribar parte de la Mezquita para construir la Catedral, siguiendo el espíritu conservacionista que habían mantenido los Trastámara a lo largo de su dinastía. Sería Carlos V quién autorizase la nueva catedral, destruyendo alrededor de 3.000 metros cuadrados en el corazón de la Mezquita, lo que provocó las iras del pueblo de Córdoba y de su Cabildo municipal, encabezado por el corregidor Luis de la Cerda.
La Mezquita de Córdoba fue declarada monumento nacional por el Estado en 1882, al mismo tiempo que nombró arquitectos para su restauración y mantenimiento al encontrarse en un lamentable estado de conservación. Mientras el Estado invertía en ella, los obispos de la época se encontraban al margen de todas las decisiones, sin embargo a partir de 1906 comenzarían a cobrar dos pesetas para las visitas al monumento. Esta decisión fue denunciada por el Ayuntamiento de la época para que el ministro de Instrucción Pública obligase al Cabildo de la Catedral a retirar la tarifa. Desde 1984 pertenece a la nómina de monumentos Patrimonio de la Humanidad, elevándola la UNESCO a la categoría de Bien de Valor Universal Excepcional en 2014.
Desde hace más de veinte años los tres últimos obispos de Córdoba, Javier Martínez, Juan José Asenjo y Demetrio Fernández, entregados al rigorismo involucionista y reaccionario, tomaron la decisión de promulgar la hipótesis de que en el lugar donde se levanta la Mezquita se ubicó la basílica de San Vicente, teoría nunca confirmada desde que Félix Hernández realizase una serie de excavaciones, interrumpidas en 1936 por el golpe de Estado. En ellos subyace la intención de defender el origen cristiano del monumento y de reducir la etapa musulmana a un mero episodio anecdótico de la historia de este emblemático edificio. Los siguientes pasos serían la inmatriculación del monumento en el 2006 y usurpar su nombre (Mezquita) en 2010.
La plataforma ciudadana Mezquita-Catedral nacería con la intención de recuperar el nombre del monumento (Mezquita-Catedral), el reconocimiento jurídico de su titularidad pública, y una gestión compartida (Instituciones públicas y Cabildo Catedral), transparente y bajo la tutela de un Código de Buenas Prácticas (Plan Director). Las denuncias efectuadas por la plataforma ciudadana dieron la vuelta al mundo provocando 400.000 adhesiones a dichas reivindicaciones, entre ellas firmas tan prestigiosas como las de Antonio Gala, Josefina Molina, Eduardo Galeano, Elvira Lindo, Federico Mayor Zaragoza, Maruja Torres, Norman Fuster, Ian Gibson, Almudena Grandes, Emilio Lledó, Antonio Muñoz Molina y un sinfín de voces escandalizadas por ese monumental escarnio contra la Mezquita. Además más de cien especialistas de treinta y seis universidades todo el mundo acusaron al Obispado de “depreciar el significado del monumento” y “secuestrar su memoria”.
La Mezquita de Córdoba es la punta del iceberg del inmenso listado de inmatriculaciones (inconstitucionales) que acaba de hacer público el Gobierno. Ahora hay que dar el segundo y definitivo paso: desinmatricular a todos aquellos bienes que no tienen título de propiedad, como es el caso de la Mezquita de Córdoba. Hay que terminar con la primera llaga de la Iglesia que ya indicase Rosmini en 1833 (Las cinco llagas de La Iglesia): “la opción por los pobres no es el motivo central de la Iglesia católica”. Las inmatriculaciones realizadas por la Jerarquía católica debido al cambio de la Ley Hipotecaria realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar así lo demuestran.
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