Juan Carlos Cadenas. Un Andalú

La importancia de la dotación de infraestructuras públicas para el adecuado desarrollo de la economía es innegable. La justicia social derivada del modelo económico/productivo, los mecanismos de redistribución de renta, los modelos de gestión de servicios públicos…, constituyen parte de la necesaria actividad de las Administraciones Públicas, junto a la dotación de infraestructuras públicas, su gestión, y la elección de las que sean mas necesarias en función del modelo de desarrollo elegido.

Las dotaciones de capital público en las Comunidades Autónomas (CCAA), el valor de las infraestructuras públicas existentes (que necesita de inversión permanente, tanto para su modernización que contrarreste la depreciación de las mismas, como por la instalación de nuevas y modernas infraestructuras públicas), constituyen un indicador de gran relevancia, debido a su demostrada correlación con la renta per cápita, la productividad y valor añadido. Nos proporciona una medida de la realidad productiva de cada una de las CCAA, de su economía productiva, así como de las implicaciones sociales, laborales, de consumo,.., que conlleva, y además constituyen una garantía para el funcionamiento del «ascensor social».

Una baja inversión y valor de infraestructuras públicas en una CCAA da lugar a una menor renta per cápita, menor productividad, mayor tasas de paro y exilio laboral (en su caso), menor consumo; e impide el necesario funcionamiento del citado ascensor social llevándonos a un injusto sistema cuasiestamental.

El valor de las infraestructuras públicas, importante motor de la economía y sistema productivo, ha de depender (en valores absolutos) principalmente de la población de cada CCAA (aunque a veces , y para determinadas infraestructuras públicas se tenga también en cuenta la superficie). El número de habitantes es el principal parámetro a tener en cuenta para poder llevar a cabo comparativas que nos proporcionen una «fotografia» adecuada de la realidad.

Los años de la guerra civil se han obviado, uniendo directamente el dato anterior con el posterior.

El valor relativo de la infraestructuras educativas respecto del valor de todas las infraestructuras públicas sigue un patrón parecido al del % de inversión anterior.

Debido a la crisis que comenzó en 2008, el nivel de inversión pública de nuestras administraciones disminuyó considerablemente a partir de dicho año, siendo a partir del 2012 (inclusive) cuando las inversiones en infraestructuras públicas no llegan a compensar el deterioro de valor de las existentes, cayendo en pérdida de valor de las mismas de forma global (variación negativa del valor acumulado en infraestructuras públicas), por lo que, para determinar el comportamiento de las inversiones en infraestructuras públicas y su valor acumulado (descontando su depreciación) en Andalucía, en comparación con la realidad estatal, cabe hacer un estudio prospectivo hasta el 2011 (incluido), y comparar con las CCAA de mayor población (Cataluña y C. Madrid). Tomaremos como año de inicio del periodo de estudio 1995, ya que a partir de ese ejercicio, se da por superada la crisis de 1992-93, y por abarcar a nivel estatal políticas de gobiernos de diferente signo. Desde 1995 a 2011 la economía de este país es capaz de tener saldos positivos de acumulación de capital en infraestructuras públicas (aunque desde el 2008 se produzca una clara desaceleración de dicho saldo positivo). Durante el período reflejado, Andalucía tuvo gobiernos del PSOE-A.

El descenso que se produce a partir de 1985 viene dado por varias causas; el mayor aumento de la inversión pública en otras infraestructuras públicas durante los años siguientes, la disminución de la inversión en infraestructuras públicas a partir de 1996, y especialmente la apuesta de los distintos gobiernos centrales y autonómicos por reducir el peso relativo de la educación pública en favor de un incremento significativo de la educación concertada y privada. A partir del 2008 los recortes en infraestructuras públicas son generalizados, si bien se producen en mayor proporción en las infraestructuras educativas públicas, por lo que el peso relativo del valor de las mismas respecto al total disminuye significativamente.

En Andalucía partimos de una situación de desventaja respecto al resto del estado. La enorme «brecha» entre Andalucía y la media estatal, y especialmente respecto a otras CCAA de gran población, hace que, en teoría, el esfuerzo inversor en infraestructuras públicas haya de ser mayor en Andalucía, con el fin de equipararnos en lo posible al nivel de aquellas (convergencia territorial), poniendo así fin a la injusta desigualdad acumulada tanto por los diferentes gobiernos/regímenes del siglo XX, como por el efecto de las políticas de «ajuste» y «reconversión» acometidas durante la transición, y gobiernos de los años 80.

Aunque el presente análisis se centra en inversión en infraestructuras públicas (haciendo especial referencia a las educativas) , no podemos dejar de mencionar este importante aspecto de la inversión pública en el sector industrial, ya que no se ha tenido en cuenta tras la llegada del sistema democrático actual. No entraremos en detalle en el presente análisis, pero como ejemplo, baste explicitar que del mas de billón de pesetas que el INI invirtió en crear industria pública entre 1941 y 1977, sólo el 4% fue inversión industrial en Andalucía, con modelos muy contaminantes y receptores de residuos del resto del estado (un enorme déficit que no solo no se ha tenido en cuenta en democracia, sino que se ha visto empeorado en las medidas tomadas por los gobiernos en la «reconversión industrial» llevada a cabo a partir de 1977 y en la llevada a cabo con motivo del ingreso de España en la CEE.

Este déficit de infraestructuras públicas en Andalucía se pone de manifiesto y «cuantifica» parcialmente a partir de 1982, al definirse el atraso en infraestructuras sanitarias, educativas y de vivienda que sufre Andalucía respecto a la media estatal. Y ello sin que se haya cuantificado otras infraestructuras públicas (viarias, aeroportuarias, portuarias,… ). La citada cuantificación de déficits de infraestructuras en vivienda, sanidad y educación fue la siguiente: 5.822 viviendas de protección oficial a construir, 115.702 viviendas Andaluzas con carencias básicas (red saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, …), 3.464 camas hospitalarias, y 1.803 aulas (infantil, primaria y la entonces EGB).

Se obviaron el resto de déficits existentes en Andalucía, tales como infraestructuras viarias, aeroportuarias, portuarias, industriales, …; pero incluso no se tuvieron en cuenta otros enormes déficits en vivienda, en atención primaria (sanidad), en educación profesional, bachillerato, estudios artísticos… así como los medios humanos necesarios asociados a los déficits «detectados» antes expuestos.

Para mayor «gloria» de nuestros políticos, no fue hasta 27 años después (2009) cuando se valoran los déficits anteriormente acordados, y se hace por cantidad sensiblemente inferior al coste de llevar a cabo las infraestructuras «valoradas» a esa fecha. La «deuda» pendiente con Andalucía se liquidó 27 años después en valores inmobiliarios: terrenos (solares) y edificaciones de titularidad estatal, transferidas a la Junta de Andalucía (que en 2018 aún no se habían «activado» mediante venta o similar). La valoración de estas propiedades inmobiliarias se hizo por valores superiores a los de un mercado en crisis (como si esta no existiera en 2009). Como resultado de lo anterior, hay analistas que ponen de manifiesto que el pago del déficit en las infraestructuras publicas acordadas no llegó a cubrir el 50% del valor real del mismo. (Nota: los referidos terrenos y edificios (activos inmobiliarios) están presentes en todas las provincias Andaluzas, excepto en Córdoba).

En 1995 Andalucía con infraestructuras educativas públicas que suponen algo mas del 16% del valor de las infraestructuras públicas del total estatal, (debido en parte a la menor depreciación de las infraestructuras mas modernas), lo que supone aún un diferencial negativo de casi 1,5 puntos porcentuales respecto al valor que correspondería por el peso poblacional relativo (y aún mas si tenemos en cuenta el porcentaje de población en edad de estudiar). Es el momento en que Andalucía se encuentra mas cerca del % que le corresponde según población, si bien lo es por la depreciación de las infraestructuras educativas con mas años en el resto del estado. A partir de este año, y debido a la mayor inversión en infraestructuras públicas educativas en otras CCAA, y a la disminución de dicha inversión en Andalucía, volvemos a la senda del aumento de la brecha preexistente con el resto del estado, llegando en 2011 a tener solo el 14% del valor estatal de las infraestructuras educativas públicas (casi 4 puntos porcentuales por debajo del peso poblacional Andaluz).

Hay que señalar que la apuesta por un modelo educativo basado en infraestructuras privadas o mediante conciertos educativos tiene influencia sobre este aumento de la «brecha» existente en infraestructuras educativas públicas, pero que es la disminución de la inversión en las mismas la que provoca principalmente la realidad actual hasta 2011. Además, recalcar que el déficits en infraestructuras educativas públicas en Andalucía va acompañado de un enorme déficits de medios humanos, que no entramos ahora a valorar.

Nota: en 2011 el valor de las infraestructuras públicas educativas (en % sobre el valor de las mismas a nivel estatal) suponen el 14% en Andalucía, el 14,5% en la C. de Madrid y el 17% en Cataluña.

Así, entre 1995 y 2011, el valor de las Infraestructuras educativas públicas creció anualmente a nivel estatal a un ritmo 1,55 veces mayor que en Andalucía; en la C. de Madrid 1,5 veces mayor, y en Cataluña 2,05 veces mayor que en Andalucía.

Si hacemos el análisis en función de la población, los resultados son aún peores (en el gráfico siguiente se muestra la comparativa de valor de las infraestructuras educativas públicas por habitante en 1995 y 2011, por cada 100 euros corrientes (valor de cada año) en Andalucía).

No cabe duda de que esta deplorable realidad es consecuencia tanto del nefasto SFA (que deja a las Andaluzas con una enorme infrafinanciación para servicios básicos como la educación) como por las políticas de gasto/inversión llevadas a cabo por la Junta de Andalucía durante este período (que se vio empeorada en los años sucesivos con enormes recortes).

Volvemos en pocas fechas al «cole», y el actual gobierno de la Junta, en un papel «continuista» de las políticas de gobiernos autonómicos anteriores, profundiza en los recortes educativos públicos, elude el refuerzo humano necesario (y no solo para hacer frente a la situación derivada del Covid-19), y deteriora aun mas un servicio público esencial.

Es muy difícil que con el enorme déficit de las infraestructuras educativas publicas Andaluzas, y sin el mas que necesario refuerzo de las mismas, así como (y sobre todo) de los medios humanos, se pueda garantizar mínimamente una vuelta al cole segura en Andalucía.

Para terminar, y por dar algún dato provincializado, si atendemos a la tasa de variación anual (% anual) del valor de las infraestructuras educativas públicas en cada provincia en el periodo 1995 a 2011, todas las provincias Andaluzas quedan por debajo de la media estatal, estando Huelva en el lugar 25, Sevilla en el 37, Granada en el 38, Málaga en el 42, Almería en el 43, jaén en el 45, Cádiz en el 46 (con la mitad de la tasa de variación que la media estatal), y Córdoba len el lugar 47. Si hacemos la misma clasificación pero en variación del valor de estas infraestructuras públicas educativas por habitantes por provincias en el mismo período de tiempo, la realidad de las provincias Andaluzas empeora aún mas, estando todas por debajo de la media estatal (a pesar de la gran pérdida de peso poblacional de Jaén o Córdoba, que afecta aumentando el valor/habitante). Así, Huelva esta en el lugar 29, Jaén en el 38, Sevilla en el 39, Granada en el 40, Córdoba en el 41 (con una variación del valor /habitante justo la mitad que la media estatal), Cádiz la 45, Málaga en el puesto 47, y Almería en el 49.

Principales Fuentes: Liquidación de los presupuestos anuales de las Administraciones Públicas, anuarios estadisticos del Ministerios, Cuentas de las Administraciones Públicas y de las CCAA (cuentas regionales) del IGAE; INE; Anuarios de entidades y organismos públicos relacionados con infraestructuras públicas; publicaciones de fundaciones asociadas a entidades financieras; Liquidacion de presupuestos de entidades locales y de CCAA de la direccion general de coordinacion con haciendas territoriales y secretaría general de coordinación y autonomica y local.

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