Miguel Santiago Losada.
Profesor y miembro de Andalucía Viva.

Córdoba padece una grave bipolaridad. Por una parte, presenta síntomas de ser una ciudad con unos niveles de vida medios o altos, y, por otra, manifiesta una depresión social, afectando a miles de habitantes que viven en barrios con altos índices de empobrecimiento y exclusión social. Son precisamente las mujeres de estas capas sociales las que más buscan empleo para mejorar la situación de sus familias, mujeres trabajadoras, verdadero motor de su unidad familiar. Por su bajo nivel formativo, sus principales ocupaciones se ciñen al cuidado y a la limpieza, empleos muy sacrificados, poco reconocidos y mal remunerados. Empleos precarios que no entienden ni de días, ni de horas, y que exigen una disponibilidad total, de lunes a domingo y mañana, tarde o noche. La mayoría de estas mujeres malviven, manteniendo a sus familias con menos de 500 euros al mes. Las menguadas pensiones de los/as abuelos/as de estos barrios suponen algo de respiro para ellas. Junto al grave problema del desempleo y del empleo precario se une la falta de vivienda social, cuyos máximos responsables son la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Esto implica que existen unidades de convivencia con dos o tres grupos familiares lo que genera conflictos en las familias al tener que convivir tantas personas en espacios tan reducidos. No es difícil imaginar lo que ha tenido que suponer esta situación en tiempo de confinamiento.

Una consecuencia derivada de lo que venimos analizando es el aumento de las separaciones y divorcios por las tensiones acumuladas, lo que ha provocado que aumente aún más el empobrecimiento de estas mujeres y sus familias, al asumir solas la crianza de sus hijos, sin recibir muchas de ellas ningún tipo de apoyo económico por parte del otro progenitor, en paro la mayoría de las veces. Todo ello desemboca en impagos que acaban convirtiéndose en expedientes de desahucio. Estas situaciones se complican cuando las mujeres son jóvenes, muchas de ellas con hijos/as y con menos competencias que sus madres, lo que supone una alarmante regresión personal y social. El abandono de la ESO por diferentes circunstancias las lleva a tener una escasa formación, por lo que su única salida laboral acaba siendo en trabajos precarios y sumergidos relacionados con la limpieza y el cuidado.

El sufrimiento que conlleva estas duras realidades acarrea un deterioro en la salud y la calidad de vida de quienes sufren tales carencias y tiene su más cruda representación en el estado físico de estas personas. Hay un envejecimiento prematuro y la esperanza de vida se reduce con respecto a otras zonas de la ciudad sin estas problemática. Tener cuarenta años es como tener cincuenta, tener cincuenta es como tener sesenta. Las urgentes necesidades de empleo y habitabilidad relegan el cuidado personal.

En los últimos meses la situación se ha agravado con el Covid. Las personas que enferman son atendidas por el personal sanitario a través de vía telefónica en su inmensa mayoría, con la dificultad que ello supone a la hora de poder diagnosticar una enfermedad, a la hora de ser acogido, escuchado y tratado. Son estos mismos profesionales los que denuncian la falta de una asistencia sanitaria adecuada. Es conveniente recordar que las Administraciones no pueden, ni deben olvidar, que los cimientos que sustentan el estado del bienestar, educación, sanidad y servicios sociales, requieren de un seguimiento y trato presencial y personalizado.

¿Qué ocurre cuando estas mujeres, que padecen diariamente estas graves dificultades para poder vivir con dignidad, tienen que solicitar el ingreso mínimo vital (IMV) o la renta mínima de inserción social de Andalucía (RMISA)? Pues que se pierden en un mar de papeleo, de gestiones y trámites telemáticos, cuando muchas de ellas son analfabetas digitales y su acceso a internet es muy limitado. Ello significa que buscan de manera desesperada quien les ayude a tramitar las diferentes prestaciones y ayudas para los que no están disponibles ni la Seguridad Social ni los Servicios Sociales, por lo que tal gestión acaba recayendo en algunas ONG´s o personas de buena voluntad. Es urgente una apuesta por los servicios sociales presenciales, abiertos, en la calle, liberados de tanta burocracia, cercanos y personalizados que faciliten la atención a tanta demanda sin respuesta.

Las crisis económicas o sanitarias dejan al descubierto las graves deficiencias sociales del sistema que padecen los sectores más vulnerables de la población. Urge poner en marcha políticas que subsanen estas carencias, eliminando al máximo la burocracia, poniendo en marcha medidas para fomentar la formación y el empleo, que posibiliten el acceso a unos trabajos dignos, construyendo viviendas sociales por parte de la Administración Autonómica y Local, dotando a los servicios sociales de unos medios suficientes para que puedan desarrollar una atención cercana y personalizada, libre de la burocracia que los asfixia. Es urgente y necesario proveer para sanidad y educación como mínimo un 7% del PIB, respectivamente, con lo que se haría frente a circunstancias no deseables en tiempos de crisis. Esta crisis sanitaria ha generado una nueva crisis social y económica y para salir de ella es necesario aprender de las anteriores crisis, de lo que no se debe hacer. Ahora es el momento de demostrar que lo primero son las personas, su dignidad, para que realmente sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.