El 9 de Diciembre se conmemora el día internacional del laicismo, motivo por el que Europa Laica ha difundido un comunicado.
Esta circunstancia nos parece un buen momento para comentar la situación del laicismo y los comportamientos confesionales y socio-religiosos en Andalucía.
¿Se puede mantener a estas alturas del siglo XXI la frase del antropólogo citado arriba?
Según los datos recogidos por “El observatorio del laicismo”, en 2023 se habían concedido honores a 443 entidades o imágenes religiosas, la mayoría de ellas a Vírgenes.
Entre estos honores tenemos: 282 alcaldesas perpetuas, 52 alcaldes perpetuos, 86 Medallas de Oro de la Ciudad y 23 títulos o cargos civiles o militares (General, Capitán General, Gobernadora…). En Andalucía 286, bastante más que en el resto de España.
Con estos datos, se podría decir que si no es la “tierra de María”, al menos esa “Virgen” gobierna como alcaldesa en 6 capitales, en docenas de pueblos de Andalucía y hasta tiene mando de General y Capitán General del ejército. Podíamos ahorrarnos muchas elecciones, si las varas de mando de los ayuntamientos, de manera perpetua, están en manos de las distintas advocaciones de María.
Cientos de romerías y de fiestas se celebran en honor del patrón y mayormente patrona. Las procesiones de imágenes, también mayoría de Vírgenes, se suceden a diario en las calles de nuestros pueblos y ciudades, teniendo su apoteosis en la Semana Santa. Todos estos rituales suelen ir presididos por los representantes de la sociedad civil, cargos públicos elegidos para regir la administración del Estado “aconfesional”.
El fenómeno de la Semana Santa tiene una consideración muy peculiar en Andalucía, al presentarse como “religiosidad popular”, reflejo de la “identidad” del pueblo andaluz y otras lindezas por el estilo.
Según el profesor Cesar Rino Simón, en su obra “Religiosidad popular, espectáculo e identidad”, estas fiestas responden a impulsos del romanticismo y se incrementan y desarrollan en el siglo XX, con intencionalidad y uso políticos, en el que marca tres momentos:
- los años 20, como expresión del regionalismo
- la postguerra franquista, como elemento de apoyo para el régimen
- la Transición y proceso autonómico andaluz, donde se convierten estos rituales en baluartes identitarios.
Como fenómeno “tradicional”, considerado como una expresión artística, la Semana Santa se recrea en muchos centros educativos por alumnado infantil, en horario lectivo. En una ciudad como Córdoba se contabilizan casi 200 procesiones al margen de la Semana Santa.
Otra “tradición” confesional es la instalación de belenes en espacios públicos (ayuntamientos, centros educativos…) en celebración de las fiestas navideñas. O la profusión de Reyes Magos, que visitan centros escolares, ocupan las calles y avenidas en cabalgatas llevando regalos a niños y niñas sin importar si profesan o no religión alguna.
En cuanto al expolio de las inmatriculaciones, el acto por el que los obispos sin presentar más título de propiedad que su palabra, han puesto a su nombre miles de inmuebles, desde las catedrales, parroquias, ermitas, casas parroquiales hasta fincas rústicas, olivares, parcelas industriales, parkings, garajes, locales comerciales, plazas, solares destinados a uso escolar o incluso cementerios. Andalucía ocupa uno de los primeros puestos con unos 10.000 casos estimados.
A esto hay que sumar los privilegios económicos que la Junta de Andalucía y cientos de ayuntamientos conceden a la Iglesia Católica, desde exenciones múltiples de impuestos hasta subvenciones directas y reparaciones y mantenimiento del patrimonio expoliado.
También estamos a la cabeza de las Autonomías con más porcentaje de centros educativos religiosos concertados, es decir pagados con dinero público; afectan a una tercera parte larga del alumnado de la región, con predominio en las grandes ciudades.
Ante este cuadro podríamos afirmar que Andalucía es ostensiblemente una Autonomía Confesional, cuya identidad nacional es el catolicismo.
Sin embargo, según el CIS, en 2022 sólo se declaran practicantes el 22% de los andaluces frente al 33% de no creyentes y un 40% que se considera católico no practicante. El número de no creyentes es mayor entre las personas más jóvenes. De las bodas celebradas en Andalucía en 2022 sólo el 27% se celebraron por la Iglesia, sin contar las más de 8000 parejas de hecho y las miles de parejas que conviven sin ningún tipo de trámite administrativo. Y la mitad de las personas que nacen en Andalucía no se bautizan.
Podríamos concluir que hoy la inmensa mayoría de la población andaluza no se rige por los principios o la moral católica, pero vive imbuida en el “tradicionalismo católico” o lo que algunos antropólogos llaman “religiosidad popular” en pleno siglo XXI. Lo que Gonzalo Puente Ojea denominaba “criptoconfesionalismo” es muy evidente en nuestra región.
Parodiando la frase de Adolfo Suárez, ¿no es hora ya de “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal”, de que las administraciones y las autoridades actúen como Estado aconfesional, de acuerdo a la pluralidad de la sociedad y respetando la libertad de conciencia de cada cual?
Eso supone dejar de subvencionar desde el gobierno andaluz en sus distintos niveles a la IC, cumpliendo con los acuerdos con la Santa Sede, que hace 45 años comprometía a la Iglesia a autofinanciarse.
Dejar de pagar con dinero público actividades enmascaradas en tradiciones, que implican adoctrinamiento e imposición ideológica a una mayoría.
Normalizar la neutralidad institucional respecto a las creencias de cada ciudadano o ciudadana y velar por que los espacios públicos sean lugares de tolerancia y convivencia y no sean privatizados y utilizados como particulares de una determinada religión.
Y, sobre todo, que la mayoría secularizada de la sociedad empiece a comportarse como laica, siendo coherente con sus principios, sin dejarse llevar por rituales y hábitos enmascarados como actos festivos pero con claras connotaciones ideológicas.
Si no actuamos así y somos vigilantes en mantener la laicidad como fundamento de la democracia, estaremos permitiendo el desarrollo de elementos fundamentalistas, ultracatólicos y de ultraderecha, que de manera organizada están instrumentalizando esas actividades consideradas tradicionales para provocar la involución democrática.
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