En consecuencia, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras/es (SAT) comunica que ‘la trabajadora demandante no ha continuado en la reclamación frente a la discriminación sufrida por motivos de salud’.

Ayer lunes 11 de marzo en el acto de conciliación judicial, celebrado ante el Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, la empresa demandada EL YATE, S.C.A. reconoció la improcedencia del despido de la directora de servicios centrales de la empresa. No obstante, este despido disciplinario fue formalmente presentado por GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE, S.A. (GES), una de las empresas instrumentales de este entramado empresarial, por lo que el reconocimiento de la improcedencia de dicho despido por EL YATE, S.C.A. podría acreditar la confusión empresarial.

El grupo empresarial asume con este reconocimiento lo incierto de todas y cada una de las faltas recogidas en una carta de despido totalmente subjetiva, sin rigor y que abusa de términos descalificativos como ‘nula gestión’ de la trabajadora, de expresiones exageradas y nada serias como ‘terribles perjuicios’, e incluso le culpa de ‘no tirar la basura’ a la directora de servicios centrales.

La trabajadora, afiliada al SAT, ‘sufrió un proceso de vaciamiento de su puesto de trabajo y acoso laboral por la máxima dirección de la empresa, siendo discriminada por razón de parentesco, lo cual le ha generado significativos problemas de salud. Es precisamente por estos padecimientos, y con el propósito de recuperar su salud, que ha optado por no continuar la tramitación para la reclamación de una indemnización de daños morales, conciliando finalmente un acuerdo bastante ventajoso para la trabajadora’, según expresa este sindicato.

El SAT pone de manifiesto que ‘seguirá luchando por los derechos laborales y los derechos fundamentales de las trabajadoras, combatiendo la precariedad laboral, la desigualdad salarial, la discriminación y la injusticia social en empresas como EL YATE. Frente a gestiones empresariales, como la actual de EL YATE, que ha ocasionado la declaración judicial de improcedencia de todos los despidos efectuados en los dos últimos años, y que perjudican el desarrollo y la buena imagen del sector de la economía social y el cooperativismo’.