Rafael Juan Ruiz
8.300 personas en CaixaBank y 3.800 en BBVA. Estas han sido las noticias con las que esta semana hemos sentido, una vez más, trabajadoras y trabajadores, que el yugo del capitalismo sigue apretando y fuerte. La noticia, no por esperada según las tendencias, ha caído como un martillazo sobre decenas de miles de familias que ven peligrar sus ingresos en una etapa en la que ya hemos vivido la primera fase de una nueva crisis, encadenada a la anterior y que, hasta ahora, había castigado sin piedad a las personas más vulnerables, aquellas que carecían de empleo o cuyos ingresos eran irregulares y fuera de la normativa contractual. Millones de personas que vivían de trabajos sin declarar por culpa de su precariedad vieron el año pasado como la pandemia y el confinamiento les hicieron perderlos. Y sin ayudas reales de las instituciones (el IMV ha sido el fiasco que todo el mundo auguraba -menos el “gobierno más progresista de la historia” y los medios serviles al capital-; las comunidades autónomas han retirado o menguado las rentas de inserción, etc.)
Ahora llega el segundo paso, también anunciado desde la lógica neoliberal: los recortes de plantilla en grandes empresas y en las administraciones públicas. Todo ello amparado por la legislación laboral vigente desde 2012 (y reformas anteriores) que amparan los despidos libres y casi gratuitos.
El caso de la banca es especialmente sangrante. Siendo la culpable directa de la crisis internacional de 2008, que ha supuesto un retroceso en los niveles de vida de las clases trabajadoras durante una década y para quedarse; habiendo sido rescatada por todos y todas nosotras para que sus accionistas sigan ganando obscenos dividendos; habiendo implantado cobros hasta por respirar por tener abiertas cuentas o tarjetas (imprescindibles ya para poder sacar dinero); habiéndose desecho de todos los inmuebles o activos llamados “tóxicos” (en román paladino, los que no pueden vender obteniendo los beneficios que quisieran) para que los tome la SAREB estatal; a pesar de todo esto, la banca sigue reduciendo empleo, creando pobreza, para que sus accionistas aumenten beneficios.
Ya desde 2007 hasta el pasado noviembre, la banca destruyó 120.000 empleos. La implantación de la banca online así como la obligatoriedad de realizar reintegros e ingresos a través de cajeros automáticos (los bancos incentivaban a sus trabajadores y trabajadoras si conseguían que sus clientes no entraran en el banco y se quedaran haciendo la gestión en los cajeros instalados en las puertas de las oficinas) ha hecho totalmente prescindibles a cientos de miles de personas. La clase trabajadora y sus sindicatos más representativos nunca vieron “las orejas al lobo”. ¡Siempre cayendo en la trampa del “amable empresario”!
Ahora, nos encontramos con que otras 12.100 personas “van a la calle”. Porque los accionistas de BBVA y de CaixaBank quieren ganar más dinero. No porque estén perdiéndolo. Especialmente sangrante es el caso de CaixaBank, a la que se le ha regalado la rescatada Bankia para que, pocos meses después, nos lo agradezca echando a 8.300 personas.
El BBVA, a pesar de la caída de beneficios en 2020, que no entrada en pérdidas, anuncia dividendos máximos permitidos para accionistas en 2021. Después de ganar casi 5.000 millones en 2019, el máximo desde 2008, superando en casi un 3% el año anterior.
CaixaBank tuvo 1.216 millones de beneficios en 2019, y 726 en 2020, a pesar de la adquisición (casi regalada, eso sí) de Bankia.
¡Es el mercado, amigo!, que diría el ínclito Rodrigo Rato para mofarse de todas aquellas personas que se quedan sin empleo o que han sido engañadas por los productos basura de la banca. Es la mofa al desesperado de quienes se siente impunes por mucho que estén en procesos judiciales. Sus millones no se los quitará nadie y el poco tiempo en prisión que están (si es que llegan a estar) les trae a cuenta a ellos mismos y sus descendientes.
Para ello, la derecha económica y política de este país ha tenido grandes aliados, en los gobiernos del PSOE y PP desde 1982. Las numerosas y frecuentes reformas laborales desde entonces han ido tendiendo a abaratar despidos y desregular la contratación. Lo hemos sufrido en nuestras carnes todos y todas las trabajadoras. La reforma laboral de 2012 fue el último paso. Mariano Rajoy, raudo y veloz como no es ninguno de los dirigentes de nuestra supuesta izquierda, tardó tres meses en implantarla desde que tomó posesión como presidente del gobierno, sin consenso con los sindicatos (con la patronal no hizo ni falta que hablara; ya la tenía comprometida) Esa reforma implicó varias medidas que finalizaban el camino emprendido por gobiernos anteriores del PSOE y PP:
- Elimina la autorización de la administración para los ERE. Hasta ese momento, una empresa que quisiera poner en marcha un ERE tenía que conseguir que la autoridad laboral lo aprobara. De hecho, los ERE nacen como un arma para la defensa de los trabajadores y trabajadoras que iban a ser despedidas de su empresa. A partir de este momento, es la forma que tiene la empresa de despedir, sin pasar ningún requisito, a cuantas personas considere oportunas. Solo tiene que negociarlo con los sindicatos más representativos que, hasta ahora, no se les recuerda haber negado ninguno porque, entre otras cosas, suelen ser recompensados económicamente por esas gestiones.
Por lo tanto, la administración solo puede hacer lo que ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: lamentarse y decir que no son momentos para despedir a gente. Porque, claro, los ministros y ministras de la izquierda no son rápidas, como lo fue Mariano Rajoy, en revertir las perversidades de la legislación laboral.
- Los despidos cambian a considerarse procedentes a priori y es la persona trabajadora (abogado o abogada mediante) la que ha de demostrar que no lo es. Justo al contrario de cómo era antes. Con ello consiguen, además de que algunas personas cejen en el intento por no poder permitírselo, abaratar esos despidos, que dejan de tener que pagar los salarios de tramitación y que pasan a indemnizarse con solo 20 días por año trabajado con un máximo de un año. Si el despido fuera calificado de improcedente, pasaría a indemnizarse con 33 días por año trabajado con un máximo de dos. Antes de la reforma eran 45 días por año. Por otro lado, se reducen los casos en que se consideran nulos (el trabajador decide si vuelve a la empresa o se queda con la indemnización) y, en los casos de improcedencia, es el empresario el que decide si readmite a la persona trabajadora o no.
- Para despedir a gente, ya no es necesario ni siquiera que la empresa incurra en pérdidas reales, aunque se mantiene este motivo. Simplemente la empresa puede prever pérdidas en el futuro o llevar nueve meses consecutivos con una caída de ingresos o de ventas. Es decir, manga ancha absoluta.
Con esta legislación, ni el juez más preocupado por la clase trabajadora tiene la posibilidad de actuar en su favor.
Esta tendencia de la banca se complementa con la del resto de grandes sectores de nuestra economía. Telefónica ha destruido de su empresa matriz más de 80.000 empleos estables desde los años 90. Como ha ocurrido en las eléctricas, en el sector naval, en el aéreo, en el industrial, etc., etc.
Es evidente que el trabajo de desgaste y desmovilización que desde el propio sistema (capitales, gobiernos, sindicatos a su servicio, medios de comunicación) se ha llevado a cabo ha sido un absoluto éxito. El hecho de que buena parte de esos empleos perdidos hayan sido a través de prejubilaciones, algunas con condiciones aceptables, ha ayudado a que la percepción sea la de “no me puedo quejar para cómo está la cosa”. Pero la triste realidad es que esos cientos de miles de puestos de trabajo no se recuperarán y, los pocos que lo hacen, son en condiciones de absoluta explotación laboral.
¿Qué hace el gobierno más progresista de la historia en nuestro país? Pues más allá de haber puesto en marcha ERTEs durante la pandemia (que aún se mantienen) que han supuesto en su mayoría que las grandes empresas con obscenos beneficios hayan visto cómo los salarios de sus plantillas los pagaba el Estado, y que las pequeñas los hayan usado para lo mismo con el añadido de obligar a sus empleadas y empleados a trabajar desde sus casas, poco más. Alguna medida más, como el mantenimiento provisional de las condiciones de incapacidd, o un incipiente pero escasísimo aumento en las inspecciones de trabajo, acaba vendiéndose como algo heroico, más que por el calado por la diferencia de tendencia. Aunque caben dudas de si estas medidas no hubieran sido tomadas también por un gobierno de la derecha más dura, dadas las circunstancias de desastre económico de la pandemia y las ayudas prometidas por Europa.
Pero hay algo que es irrefutable: la tendencia de pérdida de la necesidad de puestos de trabajo en un mundo tecnificado e interconectado por internet es imparable y no tiene límites. ¿Qué harán entonces las personas para poder vivir con una mínima dignidad?
Hoy ya solo los negacionistas cavernarios no ven que la Renta Básica Universal es la solución. Seguir hablando de Trabajo Garantizado en esta perspectiva de robotización y tecnificación es una manera de engañar a la gente. No hay trabajo para la mayoría de la población. Por mucho que se cumplieran las evidentes necesidades de empleo en sectores de la investigación, de la agricultura, de la sanidad y educación públicas, de las propias administraciones, … los ordenadores seguirán haciendo, cada día más, el trabajo de cientos de millones de personas.
Estamos viendo que las empresas multiplican de forma exponencial sus beneficios a la par que despiden a sus plantillas para que sigan aumentando las ganancias. No queda otra que implantar la Renta Básica Universal como medida urgente, acompañada de otras muchas. Una RBU pagada por esas grandes fortunas a través de una fiscalidad justa. Y, a partir de ahí, empezar a diseñar de una vez por todas un mundo menos consumista, más respetuoso con el medio ambiente y con las propias personas, donde no todo sea el trabajo remunerado sino que se abran otras posibilidades que reduzcan el impacto de la visión capitalista de los beneficios y del consumo infinitos.
¡Qué sencillo sería que el gobierno, ante las noticias de despidos de BBVA y CaixaBank, anunciara que a estas entidades se les aplicaría un impuesto especial que compense la destrucción de empleo y pueda dedicarse a la creación de un banco público! Seguramente serviría para que se lo pensaran dos veces en el futuro. Pero, repito, los y las ministras del gobierno más progresista de la historia no son, por desgracia, tan rápidos ni eficientes como Mariano Rajoy con “los suyos”. La derogación de los puntos más lesivos de la reforma de 2012 hubiera supuesto una “bocanada de aire” para las circunstancias que están viviendo en la crisis del Covid miles de trabajadores.
Por el contrario, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nos dice que el “profundo y radical” cambio en la legislación laboral va a ir más allá de la mera “reforma” de la última Reforma Laboral. Pero también nos dice que ha estado hablando con la Unión Europea y que apoyan las medidas que les ha propuesto. Seré el primero en volver a escribir descidiéndome de mis temores, pero poco cambio en favor de los y las trabajadoras contendrán esas reformas cuando son bendecidas por quienes han obligado a recortes infames y a las propias medidas laborales tomadas hasta ahora.
Mientras, el fascismo toma fuerza de nuestras carencias. La mejor manera de vencer al fascismo y su amor por el capitalismo más voraz y criminal es legislar en contra. Las personas trabajadoras necesitamos comprobar que se toman medidas en favor de las capas que sustentan de verdad a la sociedad. Porque si no, “allí enfrente me lo venden barato”.
¡Porca miseria!
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