Luis Pernía. Presidente de ASPA y de la Plataforma de solidaridad con los inmigrantes
Este viernes, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrante. Lo que significa que es el día de 272 millones de personas, que no residen en su país natal. Pueden parecer muchos, pero sólo son un 3,5% de la población mundial, según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Naciones Unidas. La primera vez que la OIM realizó este informe, en el año 2000, estimaba que había 150 millones de migrantes internacionales, un 2,8% de la población mundial. Este incremento de más del 80% es un dato a tener en cuenta en los años venideros, pues las migraciones van a seguir como el día a la noche.
La razón de este día es no solo poner el énfasis en el fenómeno migratorio, sino en la impronta positiva que el fenómeno significa para nuestra sociedad en muchos aspectos, queriendo destacar particularmente el de la demografía.
Porque, efectivamente, Europa envejece. Y a pasos agigantados. Una realidad donde la estadística, más allá de subrayar lo evidente, ofrece los detalles de una situación que, a todas luces, se ha convertido en un reto estructural de primera magnitud. El envejecimiento, que vendría determinado por la reducción del número de mujeres en edad fértil y por el aumento de la esperanza de vida repercute en todos los ámbitos y exige un replanteamiento de las políticas migratorias para acoger a personas jóvenes que llegan a suelo europeo.
Efectivamente Europa se tiñe de gris. Un 19,7% de la población supera actualmente los 65 años, lo que en conjunto supone un quinto de la población total de EU-28 en 2019. Los datos sugieren que este proceso de envejecimiento se intensificará en las próximas décadas. Se estima que el crecimiento de personas mayores de 65 años pasará de 101 millones en 2020 a 149 millones en 2050. El sobreenvejecimiento de la población constituye uno de los núcleos del desafío demográfico europeo al comportar costes considerables relacionados con una adecuada atención sanitaria, provisión de cuidados y la intensificación del uso de los servicios sociales.
Un continente sin hijos es, sin duda, un continente sin futuro. Esa es la conclusión que hacía un reciente informe “Evolución de la Familia en Europa”, presentado en el Parlamento Europeo por el Instituto de Política Familiar. Sus conclusiones son preocupantes para el viejo continente: una de cada cinco personas en la Unión Europea es mayor de 65 años, y el único aumento poblacional viene de la inmigración. A final de 2017, Europa había superado los 511,8 millones de habitantes. Eso representa un incremento de 60 millones de personas desde 1975. Sin embargo, de acuerdo a los datos de ese mismo informe, el aumento poblacional se ha debido no a los nuevos nacimientos, sino a la inmigración.
Las migraciones internacionales pasan a ser uno de los componentes más importantes de la evolución demográfica de los países desarrollados, que cuentan con un bajo nivel de crecimiento. En el caso español, la inmigración contribuye en gran medida, teniendo en cuenta algunos factores. Dependiendo, en primer lugar, de la composición de la población inmigrante, pues en su mayoría es joven, en edad de trabajar y procrear. La sostenibilidad social del volumen de inmigrantes es el segundo factor del que depende la contribución, pues según las Naciones Unidas, España necesitaría 12 millones de inmigrantes (unos 240 000 al año) de aquí al año 2050. Por último, la contribución de la inmigración en la estructura de edad de la población es más eficiente si es a corto y mediano plazos, pues tiene un claro efecto rejuvenecedor y permite que la tasa de envejecimiento descienda.
Podemos decir que la inmigración puede contribuir en la sociedad receptora en dos formas distintas: una directa y otra indirecta. Como factor demográfico, la inmigración no sólo afecta directamente al crecimiento de la población, intensificándolo, por medio de los propios inmigrantes con su entrada en el país, sino también indirectamente, mediante sus repercusiones en otro de los componentes del cambio demográfico: la fecundidad. Esto es lo que se ha dado en llamar migración de sustitución. Así la inmigración ha pasado a figurar en primera plana en los debates demográficos como la mejor opción ante las posibles repercusiones económicas del sistema demográfico.
Está documentado que la inmigración, en el caso de España, contribuye directamente al aumentando de la población, e indirectamente, mediante la fecundidad. Pero aquí la cuestión principal es saber si contribuye y repercute en la estructura de la población española de forma estable y no temporal. Porque para percibir un mayor beneficio en el sistema demográfico, la inmigración tendría que ser mucho mayor e indefinida, algo difícil y que todavía está por verse, dadas las limitaciones políticas existentes.
Efectivamente, en la sociedad actual la inmigración repercute menos en la sociedad receptora porque se enfrenta a una barrera: las políticas migratorias, que impiden una entrada regulada al país elegido. En nuestros días nada determina tanto las características de los flujos migratorios como las políticas restrictivas de acceso vigentes en la práctica totalidad de los países de acogida. Y este es un aspecto clave a corregir.
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