Este miércoles 28 de mayo, en todo el Estado, el personal de la S.E. Correos y Telégrafos S.A está llamado a secundar una jornada de huelga convocada por CGT y a participar en los actos de protesta previstos contra la implantación de las regresivas medidas contenidas en el Acuerdo Marco. Estas protestas tendrán continuidad con otra jornada de huelga y manifestación en Madrid el próximo 27 de junio.

“Tras muchos años de empeoramiento del servicio público y de las condiciones laborales que han ocasionado un gran malestar, se esperaba que la negociación del IV Convenio abriera una ventana a la mejora del servicio público prestado por Correos. Sin embargo, la Dirección de Correos –encabezada por el presidente Pedro Saura y el Director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez- ha puesto sobre la mesa una batería de agresivas modificaciones que, de llevarse a cabo, supondrían un gravísimo revés para la prestación del servicio postal público”, explica el sindicato.

Uno de los principales objetivos del documento, es reducir la masa salarial a un 70% de los ingresos en dos años (actualmente está en un 90%) lo que supondría, de hecho, “una reducción de la plantilla de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo” según cálculos del sindicato CGT, convocante de la huelga. Esto necesariamente conllevaría una mayor carga de trabajo para el personal restante, con zonas de reparto imposibles de abarcar y el final de una adecuada prestación del servicio postal público en las condiciones que recoge la Ley Postal y las directivas comunitarias. Las oficinas y centros de clasificación también se verían afectadas, empeorando notablemente el servicio prestado.

Durante el mes de diciembre se produjeron varias reuniones para la negociación de dicho convenio. De forma precipitada, el día 30 Correos remitió un documento denominado “Acuerdo Marco Correos y Sindicatos” donde situaba los ejes estratégicos a seguir por la dirección los próximos años; Reducción de la plantilla (actualmente ronda los 48.000 cuando en 2008 eran 66.000), flexibilidad horaria, bolsa de horas al servicio de la empresa, retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos, inestabilidad funcional.

La Dirección de Correos busca introducir todos estos cambios lo antes posible y, para ello diseñó la negociación en dos fases. Una primera era hasta el 15 de marzo para modificar el actual Convenio, y otra segunda fase se desarrollaría posteriormente -siendo el 1 de octubre de este año la fecha indicada para concluir- y en ella se abordarían los temas y ejes restantes hasta elaborar el IV Convenio Colectivo. Las movilizaciones de la plantilla durante los meses de febrero y marzo para evitar esta desregulación sin precedentes, provocaron que Correos y los sindicatos firmantes acordasen una prórroga de la negociación hasta el 30 de junio. CGT denuncia que “no puede ser que la negociación expire dentro de un mes escaso y no hayamos tenido reuniones ni documentación en los últimos dos meses.”

“La plantilla no es la culpable de la nefasta gestión llevada a cabo en Correos en los últimos 20 años y no podemos ser responsabilizados por ello”, reivindican. Por eso se han negado a firmarlo y exigen una consulta general mediante un referéndum a toda la plantilla previa a la firma de cualquier acuerdo que afecte al conjunto del colectivo postal.

“Nuestra primera reivindicación es el cumplimiento literal del servicio encomendado a Correos y garantizar que llegamos a todos los domicilios del país diariamente. Exigimos, incluso, que se nos den nuevas funciones de carácter público. Recordemos que somos los únicos trabajadores públicos que llegamos a cada rincón del territorio diariamente. Cualquier ciudadano podría realizar cualquier gestión con la Administración tratando directamente con el personal de Correos sin necesidad de pedir una cita o desplazarse a una oficina de la Administración Pública”.

CGT ha convocado Huelga General para este 28 de Mayo con actos y concentraciones en la mayoría de las capitales de provincia de España, con una doble intención; defender los derechos de los trabajadores y garantizar un servicio postal público de Calidad para toda la ciudadanía y en todo el territorio, sin estar sujeto a criterios de rentabilidad económica.

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