Si la situación en todo el país era ya dantesca en cuanto a número de personas, de familias, de niños y niñas que vivían por debajo o al borde del umbral de la pobreza, la crisis sociosanitaria ha profundizado aún la precariedad y la miseria desde la que millones de personas en España han de buscarse unas «habichuelas» que, debido al confinamiento, tampoco pueden encontrar.

El último informe AROPE realizado por la la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a partir de la explotación propia de la base de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, fue publicado en 2019 y que arroja datos hasta 2018 nos presenta un Estado, el español en el que:

• Un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1 % de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. Si diferenciamos por sexos, cómo no, en las mujeres es más alto (27,1%) que en los hombres (25%). Si delimitamos por edades, entre 16 y 29 es del 33,8%. En los hogares monoparentales la tasa llega al 50%; entre personas desempleadas, el 46,8%. En cuanto a territorios, una imagen vale más que mil palabras:

• La Tasa de Pobreza está en el 21,5% de la población, más de 10 millones de personas, lo que significa que no hubo mejora alguna ni en datos porcentuales ni absolutos. Es decir, la tasa está sólo 8 décimas de la más alta registrada en el período del programa (2009-2019). La cifra supone el mantenimiento prácticamente exacto de los datos del año pasado, tanto en términos porcentuales como absolutos. Los datos dejan a las claras que el reparto de la riqueza es desastroso, pues con un fuerte crecimiento del PIB del 17,% entre 2014 y 2018, la tasa de pobreza sólo se ha disminuido 7 décimas (del 22,5% al mencionado 21,5%). Como dice el informe, «el crecimiento económico,
  por sí sólo, no trae consigo una reducción de la pobreza».
• el 55,3% de la población tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes y algo más de una cuarta parte del total (27,1%) llega a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad.
• Para abandonar la pobreza (brecha de pobreza), si de media, a una persona pobre le faltaban 2.148 € para dejar de serlo, en 2018 le faltaron 2.529 €. En otras palabras, no sólo hay más, sino que son más pobres aún.
• La crisis económica duró tres años para el 50% de la población con mayores ingresos, para el 25% más pobre lleva ya nueve años. Es decir, la parte de la sociedad con mayores ingresos tardaron tres años en recuperar las rentas de 2008, perro la de menores ingresos, lleva nueve y aún no las han recuperado.

Recomendamos fervientemente la lectura del mencionado informe AROPE que viene a decirnos que la anterior crisis la siguen pagando las personas que menos tenían. Y que la recuperación en los datos macroeconómicos vuelven a revertir en las rentas más altas, es decir, principalmente en los culpables de la crisis.

Con estos datos y esta realidad, sumadas a la indiscutible menor necesidad de mano de obra por la implantación tecnológica, sumadas a la precarización del mercado laboral gracias a la globalización/deslocalización, sumadas a las pérdidas de ingresos de los Estados vía impuestos por culpa de las políticas regresivas en materia fiscal (rebaja a las grandes fortunas, desaparición de varios impuestos, SICAV) y por el fraude creciente denunciado año tras año por los técnicos del Ministerio de Hacienda, la lucha por una Renta Básica Universal desde varios territorios del estado, algunos de ellos con la tasa más alta de pobreza, se torna algo más justificada. Imperante, diríamos.

Mientras las grandes fortunas no tienen obstáculos por parte del estado -al revés, prácticamente vía libre e incluso fuertes ayudas-, para las personas necesitadas todo son problemas a la hora de aplicar políticas de mejora inmediata de su situación y de salida progresiva de ella. Mientras que el estado debería estar dedicando sus esfuerzos y recursos, amparados en el artículo 128 de la Constitución Española, en evitar que sus ciudadanos pasen hambre y necesidad, estos recursos se han dedicado a salvar a la banca de sus propios desmanes, a pagar aeropuertos o autopistas privadas fantasmas, o a variadas formas de corrupción entre la clase política, al parecer, hasta el máximo nivel del estado.

Esta situación es con la que han comenzado estas personas la nueva crisis, sociosanitaria, provocada por la aparición y propagación del Covid-19. Personas que la mayoría ya se encontraban en situación de desempleo de larga duración (con lo cuál tenían más que consumidas las paupérrimas prestaciones del estado) y que se mal ganaban la vida en mercadillos, en chapuzas, en recogidas de materiales, etc., ahora ni pueden salir de casa. ¿Se pueden imaginar cómo lo están pasando?

La Marea Básica contra el paro y la precariedad lleva muchos años luchando por la instauración de la Renta Básica Universal. Hasta ahora todas sus victorias, a base de acciones que les han conllevado juicios, algunos con multas, se han saldado con la instauración de Rentas Mínimas en algunas autonomías. Rentas Mínimas que suponen más de un año en ser contestadas tras tortuosos procesos de evaluación en los que se requiere documentación que las personas afectadas ni siquiera conocen cómo conseguirlos, haciéndoles ir por saturadas oficinas de servicios sociales atendidas por personal angustiado que tampoco puede hacer mucho. Visitando los domicilios de las personas afectadas abriendo sus frigoríficos y valorando cualquier objeto para comprobar si «viven por encima de las posibilidades que manifiestan». Haciéndoles pasar por vergüenza, remordimientos, sensación de fracaso,… Poniendo todas las trabas que sólo la administración sabe poner cuando no tiene intención de llevar a término alguna obligación contraída. ¿Se imaginan al estado poniendo en esta tesitura con el pago de sus impuestos a las grandes fortunas patrias que todos y todas tenemos en nuestra cabeza?

Marea Básica

Ayer, la Marea Básica contra el paro y la precariedad emitía una nota de prensa en la que denunciaba que habían remitido en varias ocasiones solicitudes de reunión al Gobierno, tanto al Ministerio de Inclusión como a la Vicepresidencia de Asuntos Sociales. Según informan, el de Inclusión del socialista José Luis Escrivá ni siquiera se ha dignado en contestar y desde la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, se remite a reuniones que no se concretan nunca.

El Colectivo, a la vista de los anuncios y esbozos de propuesta que han hecho públicos los representantes del Gobierno ante los medios de comunicación, han manifestado en dicha nota lo siguiente:

1. «Denunciamos el silencio administrativo o el ninguneo de la Marea Básica, un movimiento con derecho de participación en las políticas sociales en torno a sus reivindicaciones. Somos el movimiento que nació a raíz de la ILP por la Renta Básica (Universal, individual, incondicional y suficiente), presentada ante la Junta Electoral Central entre los años 2014 y 2015, iniciativa que reunió más de 120.000 firmas. Y, junto a la Renta Básica, durante los últimos años hemos venido reivindicando el cumplimiento de la Carta Social Europea. En marzo de 2018, tras una marcha de 16 días, entregamos un documento de 5 puntos a los grupos parlamentarios del PSOE y de UNIDAS PODEMOS. Entonces, en la oposición, no parece que tuvieran tantas inconvenientes ni problemas de agenda para atendernos.»
2. «Exigimos una renta básica de cuarentena ya, más aún en las circunstancias de confinamiento y estado de alarma que nos encontramos.»

Desde Marea Básica se incide en la realidad mencionada sobre la renta mínima como la que está planteando el Gobierno: «no sólo es absolutamente insuficiente, sino que, de confirmarse lo anunciado, va a dejar fuera a millones de personas, sin ninguna cobertura de ingresos. Una buena parte de la población que irá en aumento inevitablemente debido a la crisis sociosanitaria que estamos viviendo y el desastre económico que se nos viene encima quedará excluida. El sistema de rentas mínimas actual es un absoluto fracaso, que redunda en lo que se ha denominado la trampa de la pobreza, es decir la trampa masiva a las y los pobres.»

«Conocemos por experiencia las inercias, las trabas burocráticas y administrativas para solicitarla o tramitarla y la falta de cobertura a millones de personas que la necesitan y que ya están muy próximas o inmersas en un grave riesgo de exclusión. Esa situación se ve agravada bajo el confinamiento durante el estado de alarma. Muchas personas están sufriendo sanciones o agresiones por las autoridades de manera desproporcionada, por visitar a un  familiar o estirar un poco las piernas… ¿Acaso creen que cientos de miles de multas pueden servir para abordar el desastre económico que tenemos encima? Mucho nos tememos que además estas medidas puedan provocar también muchas víctimas -incluso mortales- por desprotección social.»

Por todo ello, exigen interlocución inmediata con el Gobierno y adopción urgente de medidas que atajen la exclusión social creciente de millones de personas. Queda ahora por ver si este gobierno es decididamente valiente y apuesta sin ambages por no dejar a nadie atrás o apuesta por medidas cuyos resultados, sin coronovirus de por medio, ya se conocen. Si tienen la misma valentía para salvar a personas que la que tuvieron otros para salvar banqueros, constructores y grandes empresarios. La Constitución les ampara. La solemne Declaración de los Derechos Humanos también. El más básico instinto de humanidad también. Cúmplanse.

¡No somos ignorantes, somos ignorados! Las Marchas de la Dignidad crean una Asesoría Social para ayudar a solicitar el Ingreso Mínimo Vital Debate sobre la Renta Básica Universal como herramienta emancipadora El próximo domingo 2 de mayo, estreno del debate sobre la Renta Básica Universal, en Paradigma Media Andalucía