- En nota emitida por Ecologistas en Acción, anuncian que las organizaciones que constituyen la Mesa han instado a la Junta de Andalucía a centrar los esfuerzos en los temas claves del agua en la comunidad: los nuevos planes hidrológicos, la depuración, el nuevo Reglamento del Ciclo Urbano del Agua y la adaptación al cambio climático.
Los colectivos agrupados en la Mesa Social del Agua (AEOPAS, FACUA, CCOO, UGT, UPA, COAG, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Fundación Savia, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua) han pedido a la Junta en la reciente reunión que centre sus esfuerzos en los retos urgentes que tiene Andalucía en materia de aguas. Ha sido en el marco de unas reuniones con altos cargos de la administración dependientes de la consejera Carmen Crespo: el director general de Planificación y Recursos Hídricos, Fernando Delgado; y el director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona.
Desde la Mesa Social se comprometieron a estudiar en detalle la propuesta de Pacto Andaluz por el Agua. No obstante, los miembros de los diferentes colectivos temen que el pacto, al absorber energías y desviar recursos, dificulte desarrollar los retos urgentes que la política de aguas de Andalucía debe afrontar inmediatamente. En este sentido solicitan celeridad en todo el trabajo que dependa de la administración autonómica, como:
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Afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027). Los documentos iniciales de las demarcaciones andaluzas ya están en fase de información pública y las aportaciones de los colectivos y organizaciones implicados en la defensa del agua son fundamentales para garantizar el “control social” de los planes hidrológicos. Desde la Mesa Social se señaló que los planes deben de ser los verdaderos pactos, con objetivos medioambientales rigurosos, medidas específicas y dotaciones económicas que precisan este tipo de planificaciones.
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Avances en el cumplimiento de la normativa sobre depuración. La Junta de Andalucía asumió la obligación de ejecutar más de 300 depuradoras de interés autonómico, pero el proceso ha sido lento y opaco. Aunque se debe actualizar anualmente, el último resumen de cumplimiento del acuerdo data del 31 de diciembre de 2017. A esa fecha, se habían ejecutado 320 de 583 millones de euros recaudados. Desde la Mesa se señaló la necesidad de planificar y optar por la gestión pública (como lo han hecho comunidades como Galicia) para hacer frente a este reto imprescindible para mejorar la calidad del agua, los propios acuíferos y con implicaciones económicas importantes.
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Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada el pasado mes de octubre. Sin embargo, el nuevo gobierno de la Junta, aún no ha dado ningún paso para llevarlo a la práctica. Los colectivos pertenecientes a la Mesa Social piensan que su aplicación debería de ser inmediata.
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El ciclo urbano del agua requiere mayor regulación; un marco que garantice un buen y justo servicio para el ciudadano. En este mismo sentido, el borrador del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía ha incorporado, fruto del trabajo colectivo desarrollado hasta el momento, importantes avances en esta materia y ha servido para articular un discurso social y ecointegrador del Derecho Humano al Agua. Desde la Mesa Social se exigió la aprobación del Reglamento, que ya es un referente de participación y pacto entre los diferentes actores que componen el ciclo urbano del agua.
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La Mesa también reiteró su apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias que contribuyen al equilibrio territorial, el asentamiento de la población rural y el relevo generacional, y la denuncia de los procesos de crecimiento abusivos y especulativos.
La Mesa también ha explicado que la Junta de Andalucía tiene las competencias sobre estas cuestiones por lo que han pedido «celeridad en todo el trabajo que dependa de la administración autonómica”. Además, las organizaciones que componen la Mesa Social señalan que “la situación de deterioro de los recursos hídricos, la creciente demanda por el incremento de superficies de regadío y la urgencia en la adaptación al cambio climático exigen abordar el reto de la transición hidrológica, que debe ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de la Junta de Andalucía”.
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