En un comunicado de prensa emitido a nivel estatal, la PAH critica que el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos haya aprobado el martes pasado en el último Consejo de Ministros la prórroga de las actuales medidas en materia de vivienda para paliar la crisis económica y social desatada después de la pandemia. Entre esas medidas se encuentran la moratoria antidesahucios decretada justo hace un año y que, según el colectivo, no ha conseguido detener 70.000 desalojos -en 2021 se practicaron un total de 41.359 y 29.285 en los 9 primeros meses de 2022- en España.

Por ello lamentan que el gobierno no haya accedido «pese a que se lo hemos pedido al presidente Sánchez«, afirman, «a congelar las renovaciones de hipoteca variable«, a pesar de que el euríbor ya amenaza con llegar al 4% en enero. Igualmente critican que no haya accedido a ampliar los supuestos cubiertos por el actual escudo social a pesar de la reunión que la PAH mantuvo a principios de diciembre con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien se comprometió a estudiar y a negociar las propuestas de ampliación del escudo social. «Así pues, el gobierno ha optado por seguir con el parche actual y prefiere tomar medidas con la complicidad de la banca, como la reedición del código de buenas prácticas del PP anunciado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace unas semanas«, aseguran.

Respecto a los alquileres, critican que el gobierno haya decidido recuperar las prórrogas obligatorias de los contratos que vencen desde ahora hasta junio de 2023. Una medida muy parecida a la que ya se aplicó durante la crisis de covid-19, cuando la inquilina podía solicitar al arrendador una prórroga de 6 meses del contrato al mismo precio. Asimismo, las actualizaciones de la renta por el IPC se mantienen al 2% como hasta ahora -es decir, que el arrendador solo podrá incrementar un 2% el precio del alquiler en cada anualidad del contrato-, que, si bien se la PAH celebra (es un pequeño respiro para las miles de familias inquilinas) también consideran como insuficiente, puesto que pasados esos 6 meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se verán obligadas a irse de su casa, en lo que se conoce como desahucios invisibles.

En definitiva, desde la PAH creen que «esta es otra oportunidad perdida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para impulsar medidas efectivas de protección a las familias. Una y otra vez se nos insiste en que todo eso estará cubierto por la nueva Ley de Vivienda; sin embargo, esa ley ya lleva 2 años de retraso -y no parece que vaya a llegar pronto debido al bloqueo de los socialistas- y además, como hemos comentado anteriormente, la actual propuesta es papel mojado.»

Por ello, consideran que el Gobierno mantiene una política de vivienda basada en grandes anuncios de medidas temporales de corta duración, que si bien pueden aliviar algunas situaciones, siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, sin impulsar medidas estructurales y duraderas en el tiempo, condiciones imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda sea efectivo en nuestro país. «Este gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, y es por ello que le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre, e incluya la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, un control efectivo de alquileres y el establecimiento del alquiler social obligatorio, entre otras. Por todo esto, seguiremos luchando y movilizándonos«. 

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