El movimiento por la vivienda se moviliza para señalar a la Sareb y dirigirnos al Gobierno, dejando un mensaje muy claro: La Sareb es nuestra y sus casas también.

La Sareb se creó en 2012 para adquirir los activos de las entidades financieras con problemas de liquidez y así sanear sus cuentas. Conocida popularmente como ‘el banco malo’, recoge inmuebles de los llamados ‘tóxicos’, procedentes de la burbuja inmobiliaria derivada de la crisis. Con un 45% de participación, el Estado era accionista mayoritario y el 55% restante lo forma capital privado. 

El Consejo Europeo prestó a la Sareb 50.000 millones porque el Estado español avaló que todo lo que no pudiera devolver la Sareb a la Unión Europea, se pagaría con las arcas del Estado.

La PAH denuncia que «se ha desmontado la trampa y el Estado tomará control sobre la mayoría de las acciones pero La SAREB seguirá funcionando como una entidad privada. O lo que es lo mismo, la deuda y perdidas pasan a ser públicas pero la gestión no, que seguirá siendo privada».

Afirman que «es de mínimos y de sentido común plantear que si la deuda de la Sareb es pública, sus viviendas pasen a serlo también y fomentar el tan inexistente como necesario parque público para vivienda social». Se calcula que la Sareb acumula cerca de 140.000 viviendas, siendo uno de los mayores propietarios de vivienda del país.

Denuncian que en todos estos años, el comportamiento de la SAREB «ha ocasionado un gran malestar a muchas familias, directamente o a través de comportamientos inhumanos de las empresas que han gestionado las viviendas».

La situación se ha hecho insostenible para muchas familias: no se contesta a la gente, se le incoan demandas judiciales y desahucios. Los contratos firmados no respetan el marco legal y se ha convertido en normal la práctica del mobbing inmobiliario con llamadas y envío de cartas amenazantes con la no renovación de contratos, entrega de llaves…; el ambiente general es de miedo y desasosiego.

Ante esta situación, miles de familias y centenares de bloques enteros piden una intervención urgente de la Presidencia del Gobierno para conseguir establecer un canal de reunión, diálogo e intercambio de propuestas, que hemos desarrollado y ya fueron tanto presentadas al inicio de la campaña ante la sede del FROB el 24 de marzo de 2021:

1. La suspensión de todos los desahucios (vulnerables, en precario,.,) y paralización de los procedimientos judiciales en curso hasta que se analicen y se busquen alternativas adecuadas, lo que comporta el necesario cambio de los actuales protocolos de actuación de la Sareb.
2. Llevar a cabo una auditoría pública de la entidad y de sus actividades desarrolladas como respuesta a la falta de transparencia de las cuentas de SAREB Y FROB. Que el resultado de esa auditoria sea vinculante y conlleve que las viviendas de SAREB pasen a conformar un parque de vivienda público, algo que viene reivindicado los movimientos por el derecho a la vivienda de todo el Estado.
3. La gestión pública de las viviendas, debiéndose concretar las condiciones y recursos materiales y humanos adecuados.
4. Alquileres sociales, de al menos 7 años, acordes a los ingresos y en la misma vivienda para todos los vecinos sin exclusión.
5.  Compromiso de renovar los alquileres ya firmados con la entidad, mediante la firma de nuevos contratos con una duración mínima de 7 + 3 años como establece la actual LAU, de forma que se proporcione estabilidad a las personas residentes.
6. Eliminación de las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler ofrecidos por la SAREB. Nos referimos concretamente a la cláusula “Enajenación del inmueble por parte de la arrendadora” y al establecimiento de una supuesta bonificación en la renta fijada en los contratos, que no es más que una vía para eludir las restricciones establecidas por la LAU al aumento del precio del alquiler durante la vigencia del contrato.
7. Que se estudien las situaciones de impago de familias para encontrar alternativas de resolución 

La PAH advierte que «vivimos en un estado de emergencia habitacional crónico, promovido por los distintos gobiernos». En plena pandemia, a pesar del llamado escudo social, los desahucios se han disparado, las ejecuciones hipotecarias triplicado, los alquileres siguen imposibles para muchas familias, etc.

Concluyen que «es de justicia social, tras rescatar a la banca y permitir que los fondos buitre campen a sus anchas, mandar a los Mossos d’Esquadra para que nos expulsen de casa a golpe de porra y dejar a miles de familias en la calle con la excusa de la falta de vivienda pública, recuperar los pisos en manos de la Sareb«.

Fuente: comunicado de la PAH.

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