Hablamos de Ley Mordaza
La Plataforma No Somos Delito denuncia que «la ley cambia pero la mordaza continúa»

La Plataforma No Somos Delito tacha la reforma de la «Ley Mordaza» de insuficiente e incompleta y recuerda la necesidad de una legislación garantista de los derechos y libertades.

Denuncian que los puntos más lesivos de la ley continúan sin modificarse y que con esta reforma los derechos a la libertad de expresión, de reunión, información y a la intimidad seguirán siendo socavados.

25 noviembre, 2021

Imagen de la Plataforma No Somos Delito relativa a la campaña social para la derogación de la Ley Mordaza

Tras casi dos años sin tocar una de las reformas legales estrella del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se acaba de constituir la ponencia de la Comisión de Interior destinada a derogar la Ley Mordaza, impulsada por un paquete de enmiendas que desde la Plataforma No Somos Delito califican de reforma tibia e insuficiente. A falta del fin de las negociaciones, demandan el replanteamiento de aquellos puntos en los que haya posibilidad de incidencia para eliminar los aspectos más lesivos de la norma.

Desde la Plataforma resaltan que «no es una derogación», como se ha anunciado, sino «una reforma descafeinada y poco garantista». Si bien reconocen avances en las propuestas gubernamentales en lo referido al ejercicio de derechos fundamentales, afirman que la reforma que se propone «sigue siendo una Ley Mordaza», al mantener, entre otras cuestiones, las sanciones con las que más se ha multado por ejercer libertades fundamentales.

Entre los avances destacan que se reconozca el derecho de manifestación espontánea, incorporando la jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; que se establezcan medidas para tratar de delimitar las prácticas policiales más abusivas en materia de identificación, cacheo y registro; que se deroguen algunas de las infracciones problemáticas en materia de derecho de reunión, como las que sancionaban las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados o los desórdenes públicos; que se establezca un sistema garantista en la ejecución de las sanciones, con medidas de conciliación o reparación del daño antes inexistentes, o un sistema más justo a la hora de calcular la cuantía del pago en función de los ingresos de la persona sancionada.

Afirman que las libertades de expresión, reunión, manifestación e información «seguirán amordazadas», al mantener las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta, como la del art. 36.6 que sanciona la desobediencia o la negativa a identificarse, o la falta de respeto a agente de la autoridad (art. 37.4), auténticos cajón de sastre de la arbitrariedad policial.

Consideran que el mantenimiento de la «presunción de veracidad» de los funcionarios policiales posibilita la arbitrariedad y la imposibilidad de defensa efectiva de la ciudadanía en los procedimientos sancionadores. Las enmiendas sólo alcanzan a limitar esta con la exigencia de que su relato sea «coherente, lógico y razonable». Creen que esta salvaguarda es insuficiente, siendo necesario que la palabra del policía tenga simple valor de denuncia en los procedimientos sancionadores.

Creen que algunas modificaciones no resuelven o no influyen en su aplicación, como los relativos al uso no autorizado de imágenes, la obstrucción a la actuación de comisión judicial, la decisión de la policía de quien es el convocante de las manifestaciones, o que la pretendida prohibición del uso de las pelotas de goma se haya redactado en términos tibios, sin alcanzar la exigencia ciudadana de que se eliminen medios lesivos y letales para reprimir la protesta.

Afirman que también se pierde la oportunidad de regular de manera garantista los cacheos y otros supuestos que vulneran claramente el derecho a la intimidad, los derechos LGTBIQ, derechos humanos de las minorías étnicas, personas consumidoras de drogas y la discriminación de todo tipo de minorías. Y se conserva el registro de infracciones, sin añadir medidas garantistas al respecto (derechos ARCO, como mínimo). Además, no se derogan las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, ni se prohíbe expresamente la realización de redadas por perfil étnico o racial.

En un escenario de creciente conflictividad parlamentaria y de auge de opciones políticas y sociales que promueven la intolerancia, No Somos Delito entiende que solo los avances en derechos y libertades son el camino para lograr una sociedad inclusiva, justa y democrática. La participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de transformación legislativa es una exigencia irrenunciable. La futura ley debe tener en cuenta los preceptos esenciales en materia de Derechos Humanos y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, sin dejar a nadie atrás.

Fuente: Plataforma No Somos Delito.

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