Las Marchas de la Dignidad siguen movilizando. Si ya el día 20 de junio convocaron una modélica manifestación reivindicando la Sanidad Pública y los servicios públicos en general, ayer dieron el siguiente paso, ya anunciado en aquella acción. Ayer, en Fátima, se organizó una asamblea en la que se informó del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno Central y que, desde las Marchas se considera como absolutamente insuficiente, tal y como se está comprobando al estar negándosele a millones de personas que han quedado sin trabajo y sin ingresos a raíz de la crisis sociosanitaria actual. Uno de los motivos, según aducían ayer las personas intervinientes, es que los datos económicos que se usan para la concesión o no de la ayuda son los de 2019, cuando había personas que tenían un puesto de trabajo que ahora han perdido. Pero, sobre todo, según denuncian y se puede comprobar en el Real Decreto 20/2020 del 29 de mayo pasado, porque la dotación que el gobierno ha dado para el Ingreso Mínimo Vital es de tan solo 500 millones de euros cuando, según informaban ayer tarde los miembros de las Marchas, se han aprobado 100.000 millones para ayudas a empresas o se siguen gastando 25.000 millones anuales en armamento, o de dan avales de 300 millones a clubes de fútbol como el Barcelona y el Real Madrid. En la misma línea, denunciaron la actitud de la Junta de Andalucía y de otras Comunidades Autónomas, que han paralizado las Rentas Mínimas de Inserción, con lo que se reduce el número de personas que podrán acceder a estas ayudas.

Las Marchas de la Dignidad han puesto un servicio de ayuda a la cumplimentación del Ingreso Mínimo Vital en el Centro Social Rey Heredia, todos los lunes de 19 a 21 horas. Entienden que el gobierno debe recibir la mayor cantidad de peticiones posibles de personas que lo necesiten para que sean conscientes de la realidad que viven millones de personas.

Frente a este Ingreso Mínimo Vital, las Marchas de la Dignidad exigen la Renta Básica de Cuarentena, con la cuál cualquier persona que esté pasando por necesidades podría solicitar la ayuda sin necesidad de aportar documentación, siendo posteriormente, en 2021, en la Declaración de la Renta, cuando se comprobaría si lo necesitaba o no. Además, las Marchas reclaman que cualquier prestación social desde las instituciones tiene que cumplir con la Carta Social Europea, firmada por España, que obliga a que no sea inferior a 739€ para una persona adulta o 150€ para una menor. Si se calculan 8 millones de personas adultas y 8 millones de menores, cobrando esta prestación entre abril y diciembre de 2020, estaríamos hablando de 61.000 millones, que comparada con las cantidades antes mencionadas habla por sí sola. Sobre todo, porque estaríamos colaborando para que 16 millones de personas no cayeran en la vulnerabilidad y en la trampa de la pobreza.

Por otro lado, trabajadores de Suministros Técnicos del Sur, que llevan varias semanas luchando por recuperar sus empleos, también acudieron a la cita. Estos trabajadores, una treintena aproximadamente, después de ser obligados a coger sus vacaciones entre el 16 y el 31 de marzo tras decretarse el estado de alarma, fueron despedidos «por abuso de confianza», cuando se les deben muchas nóminas, algunas de hace varios años, que deberían haber cobrado en pagarés que les son devueltos cada vez que los presentan al cobro.

La próxima semana, las Marchas de la Dignidad volverán a celebrar otra Asamblea de barrio, esta vez en Fuensanta, en la Plaza de la Juventud, a las 20’30 horas.

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