La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha emitido una nota de prensa en la que lamenta los datos que el Consejo General del Poder Judicial hizo públicos el pasado día 2 de diciembre. Unos datos que reflejan el efecto de la crisis en los órganos judiciales en el tercer trimestre de este año, constatándose «cómo continúa la agresión de la banca y de los fondos a las familias», denuncian.

Estos datos, que sitúan el número de desahucios practicados en el tercer trimestre en el país en 7.397, a pesar de que, gracias al “efecto agosto” (mes inhábil y sin trabajo judicial) hubo un descenso del número de desahucios y eleva el total hasta septiembre incluido en 29.285.

Los 7.397 del tercer trimestre suponen un 14,5% menos respecto al mismo periodo del año anterior, y se desglosan en 1.530 derivados de ejecución hipotecaria, 5.455 consecuencia de impagos de alquiler, y 412 por otras causas. Los bancos han presentado 5.637 nuevas ejecuciones hipotecarias, lo que eleva la cifra total del año a 18.289.

La Plataforma critica el hecho de que las cifras de desahucios no bajen con más contundencia, a pesar de estar en vigor las medidas del escudo social, que caducan el próximo día 31. «Desde la PAH hemos venido repitiendo machaconamente que esas medidas son claramente insuficientes, y que resulta imprescindible ampliarlas y prorrogarlas. Ayer mismo enviamos una carta al Gobierno del Estado pidiendo reuniones para que se publique con urgencia; y también se lo planteamos a la vicepresidenta 2ª del gobierno, Yolanda Díaz, quien se comprometió con nosotras y públicamente a intentar que esto se lleve a cabo«, aseguran.

Sin embargo, la plataforma entiende que esas medidas, temporales, no serán suficientes para poder revertir la situación y por ello exigen medidas estructurales duraderas en el tiempo para lograr que el acceso a una vivienda digna y adecuada se convierta en un Derecho que todo el mundo pueda alcanzar. «Por eso, la PAH, junto a más de 120 organizaciones integradas en la Iniciativa Ley Vivienda, estamos peleando por que la Ley por el Derecho a la Vivienda sea desbloqueada por el Gobierno«. Y exigen que se incluya en dicha ley cuatro medidas que consideran imprescindibles «para que la vivienda deje de ser un simple objeto de consumo o de inversión para especuladores«. Dichas cuatro medidas son:

• La prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
• El control y la limitación efectivas de los precios de los alquileres.
• La obligación, a los grandes tenedores de vivienda, de ofrecer un alquiler social antes de interponer demandas de desahucio contra personas vulnerables.
• La ampliación del parque público, pasando las viviendas y resto de activos de la Sareb a los parques públicos autonómicos, así como la cesión de viviendas vacías de la banca rescatada.

Paralelamente también solicitan el aumento de inversión pública que acabe con la emergencia a corto plazo y planificar un parque público de vivienda suficiente, «a la altura de los países más avanzados de la UE, de entre el 20 y el 30%. Ahora apenas roza el 2,5%; e incardinarlas en el conjunto de propuestas que hemos presentado la PAH e Iniciativa en la Ley, al objeto de establecer de una vez un horizonte de esperanza que asegure definitivamente el derecho humano y constitucional a la vivienda«.

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