En esta primera reunión de la que anuncian que habrá más en adelante con movilizaciones conjuntas en las próximas semanas, todos los sectores de la comunidad educativa (familias, docentes y estudiantado), han coincidido esta semana en que en estos momentos más que nunca debe garantizarse el Derecho a la Educación Pública de calidad para todos y todas, con todas las garantías sanitarias, lo cual pasa necesariamente por garantizar una educación presencial para todos y todas las estudiantes, la obligatoria reorganización del currículo y una bajada de la ratio (número de alumnado por aula). Esta medida recuerdan que es una reivindicación histórica, no sólo una medida extraordinaria por el Covid-19.

Sin embargo, según declaran estos colectivos «ninguna de estas medidas puede llevarse a cabo simplemente con titulares de prensa o intervenciones ante los medios de comunicación o en el Parlamento. Sin el aumento de la inversión en la Escuela Pública y una planificación de cómo se va a llevar a cabo siendo conscientes de la realidad de la escuela pública andaluza, las plantillas y las infraestructuras con las que contamos. Bajar la ratio no solo para garantizar la salud, sino para garantizar la atención individualizada y de calidad a la que tienen derecho todos y todas las alumnas. Una bajada de la ratio que supone una fuerte inversión económica tanto de recursos humanos como de infraestructuras: aumento de las plantillas sí o sí y adecuación de los espacios necesarios para que ningún alumno se quede en su casa».

Los colectivos reunidos rechazaron la educación telemática, pues consideran, por un lado, que las casas no son escuelas ni las habitaciones aulas. Entienden que el alumnado necesita la escuela, sus compañeros y compañeras y a sus docentes para desarrollar de forma adecuada su formación académica y su desarrollo personal. Exigen además que, si para garantizarlo con seguridad sanitaria se requiere una inversión extraordinaria, que todos los fondos anunciados para el fracasado Plan de Refuerzo Estival del Consejero Imbroda se destinen a esa inversión extra que necesita la escuela pública durante el próximo curso 2020/2021; y que la inversión pública para educación vaya destinada 100% a la Pública, dejando de financiar la privada a través de los conciertos educativos.

Otro punto de encuentro entre las organizaciones participantes fue la común preocupación por la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Durante el confinamiento, ha sido el alumnado con NEAE el menos atendido en muchos casos, y de cara al próximo curso se abre un incierto panorama para él por la paralización de la evaluación psicopedagógica de los equipos de orientación y los dictámenes de escolarización que estos deben emitir de cara a la escolarización el curso que viene y la dotación de recursos que este alumnado necesita (personal docente y de apoyo). El reciente decreto de libre elección de centro es otro aspecto que perjudicará a la escolarización en estos momentos.

La garantía alimentaria también preocupa a la comunidad educativa andaluza. Los actuales planes SYGA y PRIA serán a todas luces insuficientes por cuanto, dada la situación de precariedad sobrevenida de las familias andaluzas, aumentarán los niños y niñas que necesitarán de comedor escolar. Los criterios de admisión deben modificarse para dar la necesaria respuesta, pues la renta que se tiene en cuenta en ellos no coincide con la actual situación en la que ha aumentado el desempleo, y debe aumentarse también la cantidad de monitores/as para poder bajar la ratio de los comedores, así como la debida adecuación de los espacios. Preocupa igualmente la seguridad del personal docente y de administración y servicios de los centros educativos ante la posibilidad de que se tengan que incorporar presencialmente en el mes de junio. Deben garantizarse medidas sanitarias y de higiene que protejan su salud y la de sus familias.

Finalmente, los colectivos reunidos consideraron que los efectos de la pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de garantizar los servicios públicos y en concreto de la escuela pública. Entienden que la nueva ley educativa que está en trámite parlamentario debe apostar decididamente por la escuela pública, a volver a establecer el carácter subsidiario de la escuela privada concertada como paso previo hacia una única red pública a la que vaya todo el dinero público dedicado a educación como garantía de que la educación sea un derecho para todos/as y no un negocio de unos/as pocos/as

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