Jesús Maeztu afirma que el papel de la concertada ha de ser “subsidiario”, algo que no se corresponde con el cierre de aulas planificado por el Gobierno andaluz para el próximo curso escolar porque solo afecta a los colegios públicos en la provincia.

El movimiento de ampas y docentes ha denunciado ante el defensor que en muchos centros públicos no se ha permitido la matriculación de nuevo alumnado para el próximo curso o, en su defecto, se ha limitado su número con el fin de reducir líneas, quedando así aulas vacías.

“La escuela concertada suple a la pública solo donde la pública no llegue”. Así de rotundo se ha mostrado el Defensor del Pueblo Andaluz durante el encuentro que ha mantenido con representantes del movimiento de ampas y docentes de Córdoba. Asegura que “la educación es un derecho universal gratuito que ha de ser garantizado por el sistema público”. En este sentido el movimiento le ha manifestado su defensa por una Escuela Pública de Calidad donde el número de alumnos y alumnas por aula ha de reducirse y, en ningún caso, aumentarse con el cierre de líneas, tal y como está ocurriendo.

Durante el encuentro Jesús Maeztu ha escuchado atentamente también otras reivindicaciones del colectivo como su rechazo a la reducción de docentes y de medios económicos en los centros públicos a la vez que han denunciado la falta de especialistas para atender al alumnado más vulnerable y garantizar el refuerzo educativo en numerosos colegios públicos de la provincia de Córdoba.

Por otro lado han expresado su preocupación ante las instrucciones dadas por el Gobierno andaluz, que responsabiliza a docentes y equipos directivos de la seguridad de los menores basándose en la autonomía de los centros. Maeztu ha sido rotundo y les ha anunciado que de oficio el Defensor del Menor de Andalucía ha abierto una queja en la que solicita a la Consejería de Educación que clarifique
las medidas y el reparto de recursos de los que van a disponer los equipos directivos para poder cumplir con las medidas sanitarias ante la Covid-19.

La Plataforma ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz después de mantener sin éxito diversos encuentros con la Delegación Provincial de Educación y con el propio Consejero y haber llevado a cabo numerosas acciones de protesta y denuncia.

A continuación os dejamos la valoración de la reunión de las diferentes personas asistentes: Elena Valle, Erin McNulty, Rafael del Castillo y Sara Jiménez.