El 17 de junio de 2019, entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario (LCI), una ley que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) califica «de maquillaje para las entidades financieras».

La PAH lleva 10 años denunciando que nuestra ley hipotecaria es absolutamente abusiva e ilegal, como entienden que ha corroborado el Tribunal de Justicia Europeo en reiteradas ocasiones. Y con la entrada en vigor de una reformada se pierde una nueva oportunidad de legislar acorde con los estándares europeos.

La PAH en este artículo ha detallado y calificados las novedades con las que nos encontramos ante la nueva ley:

1. Gastos hipotecarios.

Positivo: A partir de ahora los bancos pagarán los gastos de notaria, de gestoría, y el impuesto de actos jurídicos documentados.

Negativo: Seguiremos pagando los gastos derivados de la tasación.

2. Comisiones.

Positivo: Se reducen las comisiones por amortización anticipada y desaparece la comisión por subrogación.

Negativo: Se mantiene la comisión de apertura.

3. Impagos.

Si hasta ahora el banco podía reclamar la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecaria tras tres impagos, ahora será tras 12 impagos si nos encontramos en la primera mitad de vida del préstamo o tras 15 impagos si estamos en la segunda mitad. El resultado es una mayor cantidad de deuda acumulada aumentando la dificultad para ponerse al día.

Una situación que convalida y blanquea la abusividad del Vencimiento Anticipado, una cláusula ya declarada abusiva por el Tribunal Superior Europeo.

4. Intereses de demora.

Se sitúa en un 3% contradiciendo al Tribunal Supremo que establece un máximo del 2%.

5. Plazo de oposición a la ejecución hipotecaria.

Se establece un nuevo plazo excepcional para aquellas hipotecas en marcha anteriores a 2013. Las afectadas, que no hayan podido defenderse alegando cláusulas abusivas, contaran con 10 días para alegaciones desde el siguiente a la notificación.

La PAH entiende que esto es un «nuevo maquillaje a favor de las entidades financiares que no resuelve en absoluto nuestros problemas y vuelve a dejar fuera nuestras principales demandas: la dación en pago retroactiva con extinción total de la deuda, los alquileres sociales, medidas para acabar con los desahucios, la responsabilidad limitada y el control de información de la cesión de crédito».

Y finaliza advirtiendo que «con desobediencia civil pacífica hemos conseguido miles de daciones en pago, alquileres sociales y desahucios evitados, llegando donde no llega el Gobierno. Vamos a seguir movilizándonos y trabajando para cambiar las reglas del juego y lograr una legislación que proteja de una vez por todas a las familias y garantice el derecho a la vivienda para todas».

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