El movimiento de AMPAS y docentes de Córdoba piden amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.

Este jueves le han informado de las consecuencias de la reducción de aulas y la mezcla de niveles educativos en sus centros públicos, así como de la negativa de facto por parte del gobierno andaluz a que estos padres y madres elijan libremente el colegio de sus hijos.

Advierten de que es necesario bajar la ratio en las aulas para el inicio del curso escolar por la seguridad de los menores y docentes y ante los continuados rebrotes de la Covid-19.

Tras haberse reunido el pasado 24 de julio con el consejero de Educación, Javier Imbroda, este es el siguiente paso que este movimiento ciudadano lleva a cabo. Sobre la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz, las y los asistentes han vuelto a poner las mismas cuestiones que les llevaron al Parlamento: el cierre de aulas, la reducción de docentes y de medios económicos, falta de especialistas en Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje para el refuerzo educativo en numerosos colegios públicos de la provincia de Córdoba. Asimismo, han llevado a Jesús Maeztu la negativa a matricular nuevo alumnado en algunos colegios públicos con demanda de matriculación y la derivación de este alumnado a colegios privados-concertados.

Por otro lado, las personas asistentes a la reunión han informado al Defensor del Pueblo Andaluz que están pidiendo a la Junta la reducción del número de alumnos y alumnas por clase para que el inicio del próximo curso escolar sea más seguro, mientras se mantiene la alerta sanitaria a consecuencia de la actual pandemia por coronavirus. Han expuesto, por lo tanto, opondrán su rechazo a las instrucciones dadas por el Gobierno andaluz, que responsabiliza a docentes y equipos directivos de la seguridad de los menores basándose en la autonomía de los centros.

El encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido lugar hoy a las 13:00h. Jesús Maeztu ha recibido a una comisión representativa de AMPAS y docentes de Córdoba para abordar estos asuntos y después de recibir la solicitud de ser escuchados por parte de cada una de las AMPAS de los colegios públicos afectados.