Javier Martínez Collantes

Paradigma Media Andalucía

Si el mundo laboral ya es, de por sí, un sindiós, el trabajo en el campo «es la jungla«, advierte José Parra, secretario de Acción Sindical de CTA en Córdoba. Un caos donde las leyes se quedan en papel mojado, los acuerdos de convenio se olvidan en un cajón recopilando polvo, el sálvese quien pueda está a la orden del día y algunos sindicatos son los únicos que tratan de poner un poco de orden y cordura.

Si hubiera que hacer un cálculo «muy real» de cómo está el campo cordobés, baste decir que de los miles de trabajadores que pasan por la provincia, sólo un 10%, que coinciden con el personal fijo que hay de antemano en las fincas, trabajan en la legalidad, «es decir, que tienen todos los días trabajados como declarados«. El 90% restante son ilegales.

«¿Irregularidades? Constantes. Desde menores de 14 o 15 años, en su mayoría de origen rumano, trabajando, hasta contrataciones sin alta de ningún tipo o directamente sin contrato y mayoritariamente pago en dinero negro«, denuncia este sindicalista, quien ha visto «de todo» en sus largos años visitando todo tipo de tajos en la provincia, desde la naranja de su localidad natal, Palma del Río, hasta el ajo de Montalbán, pasando por la aceituna en toda la provincia y otras recolecciones menores como la cebolla de la Vega del Guadalquivir.

«En todo ese tiempo no he visto nunca un solo empresario que se mueva dentro de la legalidad«, advierte para denunciar irregularidades sangrantes y situaciones por completo sin sentido, como ha sido el caso de la llamada en abril pasado de la patronal a cubrir 2.000 puestos de temporeros «que ya estaban cubiertos de antemano; ¿que por qué lo hicieron? No tengo ni idea«, reconoce Parra. Aunque hay sospechas de que pueden haberlo hecho para que haya un sobreexceso de demanda y así poder ofertar a la baja.

El líder sindicalista de la CTA ha llegado a hablar de mafia y situaciones de semiesclavitud. Y un ejemplo de ello son los llamados “intermediarios”, es decir, personas que contratan cuadrillas para recolectar lo que sea. Hasta tres de estos “intermediarios” se han llegado a dar. Buena parte de estos personajes son extranjeros que, por circunstancias, destacan sobre el resto, por ejemplo, por contar con una furgoneta para el transporte de personas, que funciona a modo de autobús, porque les cobra el pasaje restándolo directamente de unos “sueldos” menguados que apenas se quedan en 25 o 26 euros por jornada. Cabe recordar que el convenio del campo en Córdoba está en 48,19 euros/día para la recogida del ajo o a 50€ en el caso de los cítricos.

Por supuesto, en la situación de pandemia que se está viviendo, «con muchas más personas dentro de lo que plazas admite el vehículo«.

Estos intermediarios son personas que reciben un dinero del empresario, llevándose una comisión de 1.500 euros, por contratar a la gente, a los que luego este hombre paga lo que le viene en gana. «En muchas ocasiones son familias trabajando a los que se abona por caja una cantidad, de modo que son ellos luego quienes reparten el dinero, dando lugar a robos y explotaciones posteriores entre ellos mismos«. Se han dado casos de personajes que sencillamente desaparecen con todo el dinero (el correspondiente a 20 o 25 días de trabajo) y luego el empresario se niega a pagar un trabajo que ya está hecho.

«Hemos tenido que mediar en esos casos y el agricultor acaba pagando, pero porque sabe que la mayoría de ellos tienen declarados muchos menos días de los que en realidad han trabajado, con lo que únicamente están obligados a abonar en ese porcentaje«, advierte José Parra.

Hay casos sangrantes con ese tipo de intermediarios. Uno de ellos era un búlgaro que se dedica a dejar preñadas a menores y las tiene trabajando en cuadrillas para él.

Una de las soluciones a ese problema sería que las y los trabajadores cobraran por el banco, pero «muchos de ellos no quieren, porque arrastran deudas bancarias y prefieren el dinero fresco en mano«.

En otras ocasiones, como ha sido el caso de un «importante empresario de Montalbán«, que acude a «falsas empresas de empleo temporal (ETT), que no cumplen los requisitos para serlo, muchas de ellas de Albacete«, con un funcionamiento bastante similar al de los intermediarios. Otro agricultor también de Montalbán dejó de pagar, siempre según el líder sindical, a una muchacha rumana 1.000 euros, en lo que sería un «acto de piratería, porque fue como un castigo hacia ella y, a modo de sanción, no le quería pagar y, al final, conseguí que los cobrara; eso ocurrió en la campaña pasada«.

El papel de la Inspección de Trabajo en estos casos es inútil. Cuando se les llama para denunciar una irregularidad habitualmente no acuden en el momento en que se produce y se ha dado el caso de llegar «hasta ocho meses después de la recogida de la cebolla para detectar una ilegalidad ocurrida cuando la recogida«. Es más, «tenemos pendientes denuncias desde el 24 de septiembre de 2019» y no dos o tres, sino más de un centenar. «Absurdo«.

Además, en el caso de que la Inspección quiera coger ‘in fraganti’ una irregularidad deben acudir siempre acompañados de la Guardia Civil, que es la encargada de ir abriendo camino. «Y cuando los ven llegar huyen todos en desbandada, porque así se lo ha recomendado el empresario«. Luego al día siguiente regresan y continúan su labor como si nada hubiera ocurrido.

En cuanto al alojamiento, los agricultores les dicen que se busquen la vida, con lo que acaban viviendo en casas de pueblo hacinados 20 o 25 personas en un piso pequeño, o directa y literalmente «bajo un puente«. «He llegado a conocer a un hombre que no aguantaba el olor a humanidad de la casa y acababa durmiendo en la acera, y otros que no tenían agua corriente y había una persona que diariamente les llevaba una garrafa de 25 litros de una fuente de agua no potable para que se pudieran limpiar«, explica el sindicalista de la CTA.

Lo que, en todo caso queda claro, es que la situación en el campo andaluz, y parece que, en todo el estado español, está más rayando la esclavitud y la explotación laboral que en el cumplimiento de los más básicos derechos no ya laborales, sino humanos. Las denuncias se vienen repitiendo desde hace décadas, por sindicatos como el SAT (recomendamos la entrevista reciente de Paradigma Radio a su Secretario Nacional, Óscar Reina) o como la propia CTA. Es por ello que se hace aún más necesario el reforzamiento del cuerpo de la Inspección de Trabajo, dotándola de más inspectores e inspectoras, y de más medios para cumplir la obligación constitucional que tiene el estado de velar por el cumplimiento de la legalidad laboral y en materia de derechos humanos, y de perseguir a empresarios e intermediarios que buscan en la esclavitud de las y los jornaleros la forma de enriquecerse. Por ello, no es de extrañar sus amenazas a la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en cuanto ha dado órdenes de perseguir, con los escasos medios de los que dispone, las actitudes empresariales fuera de la ley.

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