• Tras prometer la nacionalización del sector energético mediante la creación de una empresa pública, proponen una reforma fiscal que blinde los servicios públicos.
  • Unidas Podemos habla de tomar como ejemplo a otros países europeos, como Suecia, dónde la cultura de la contribución mediante impuestos es incuestionable para la población.
  • Plantean la reforma del Impuesto de Sociedades, el 35% para rentas superiores al millón de euros y un nuevo impuesto a la riqueza. Y, de forma urgente, atajar el fraude fiscal calculado en 80.000 millones de euros anuales.

Si el viernes era el sector energético el que protagonizaba la primera jornada electoral, en esta ocasión ha sido la reforma fiscal que Unidas Podemos la que ha vuelto a poner en el tapete informativo las cuestiones que a la gente de la calle, a la mayoría social, de verdad le preocupan.

Al respecto, Martina Velarde y Carmen María Ruiz, quienes repiten en los números 1 y 2 de la candidatura por Córdoba, vuelven a hacer una campaña en la que están participando ambas de forma conjunta y continua, dando una sensación de equipo y unidad en el proyecto que aspira a mantener, al menos, el escaño conseguido en abril. En este caso, y en cuanto a la reforma fiscal que propone la coalición, han puesto el dedo en la llaga en algo que ha sido la norma general de los distintos gobiernos del Estado: el mirar para otro lado ante las continuas denuncias de los Técnicos de Hacienda en cuando al fraude fiscal, que calculan en torno a los 80.000 millones de euros anuales. Este colectivo ha apoyado las medidas fiscales propuestas por Unidas Podemos.

Las candidatas han declarado que “se necesita una reforma fiscal justa y equitativa, que haga pagar más a quién más tiene y más gana, y que sea útil y suficiente para las necesidades del país y de su ciudadanía”. “Desde Unidas Podemos abordaremos con urgencia una reforma del Impuesto de Sociedades, así como un nuevo tipo impositivo del 35% para las bases imponibles superiores a 1.000.000 euros y un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituirá al Impuesto sobre el Patrimonio, con tipos efectivos superiores para mejorar la progresividad, incorporando fórmulas para limitar la creación de sociedades patrimoniales”.

Por otro lado, han anunciado “la reforma del IBI para las viviendas vacías y las que son propiedad de las instituciones religiosas. En el primer caso para lograr un instrumento eficaz para poner en el mercado de alquiler viviendas no ocupadas y en el segundo para terminar con privilegios injustos“. También proponen una reforma del IVA donde se reduzcan al 4% el impuesto para Industrias realmente culturales, para compresas, para productos alimenticios no transformados y para ciertos medicamentos.

Velarde y Ruiz mandan un mensaje a la población, en el sentido de que, cuando se aborda el debate sobre la fiscalidad, siempre surge la pregunta de “si pagamos más o menos impuestos, pero no nos hacemos la pregunta clave. ¿Quién paga Impuestos? Y es por donde deberíamos empezar”. Aquí entra de nuevo la Constitución, cuya defensa ha de ir en cuanto a los artículos que garantizan un mínimo de cohesión social, como es el 31, que obliga a los gobiernos a legislar para asegurar que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio“. Las candidatas se preguntan por qué los defensores del 155 se saltan tantos artículos, como este, que en el orden, están antes. “La Constitución dice que paga más quién más tiene y eso en España no ocurre. En España quién más tiene paga menos y evade impuestos a paraísos fiscales”.

El debate de que modelo de sociedad queremos debe entrar en la sociedad de forma pedagógica, cultural y crítica. “Si de verdad queremos una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad, servicios sociales, ayudas a la dependencia, hay que pagar impuestos. Si no se pagan, nos vamos al modelo privatizador. Los impuestos sirven para invertir en el modelo público, en los servicios públicos. Se nos llena la boca con el Estado del Bienestar y los países con mejor Estado del Bienestar que son los países nórdicos son los que pagan más impuestos precisamente para invertir en sus servicios públicos. Los ciudadanos tienen una cultura asimilada en la cual tienen asumido que pagan unos impuestos altos porque luego le va a repercutir en unos servicios públicos de calidad. Por ejemplo, en Suecia hace unos años, el Estado se planteó bajar el impuesto sobre la renta, lo que aquí conocemos como IRPF, y los ciudadanos se cuestionaron que si pagaban menos podrían tener peores prestaciones en sanidad o educación. Son muchos años de educación y pedagogía”.

Esta subida de impuestos para los tramos más altos de los capitales va unida a la subida de los salarios con empleos de calidad, estables y dignos. “Los países con mayor estado del bienestar son donde hay más igualdad social, porque hay una fortaleza del sector público y Estado invierte en la ciudadanía mejorando sus servicios”. “Cuando hablamos de impuestos no es hablar de contabilidad y fiscalidad, hablamos de ideología y qué modelo de sociedad queremos. Si un estado fuerte, que controle la economía e invierta en servicios públicos o un modelo privatizador, dónde las empresas privadas, las multinacionales controlen los servicios básicos y fundamentales de la ciudadanía como la sanidad, pensiones o educación”.