Unión Europea, medio ambiente y otros desafíos

6 mayo, 2022

Ángel B. Gómez Puerto.
Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.
Su blog es Derecho y democracia (http://gomezpuerto.blogspot.com)

Introducción. Algunos datos históricos.

Cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa. En el proceso histórico de construcción política, social y jurídica de la actual Unión Europea, la primera fecha importante en su experiencia de integración y unidad es el 9 de mayo 1950. En esta fecha, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia, Robert Schuman, inspirado por otro de los ideólogos de la unidad europea, Jean Monnet (las Cátedras de Estudios Europeos llevan su nombre, tuve el privilegio de ser investigador durante dos cursos académicos en uno de esos centros), planteó públicamente integrar las industrias del carbón y del acero de la Europa occidental. De esta idea surgió la primera Comunidad Europea, la del Carbón y del Acero (CECA), cuyo Tratado se firmó en París en 1951.

Unos años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en Roma los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y de la Comunidad Económica Europea (CEE o Mercado Común). Todo este proceso de integración europeo constituye un proceso gradual que debe abordar necesariamente la dimensión política, económica, y social, aunque tuvo su inicio exclusivamente con la liberalización del comercio y el diseño de políticas económicas comunes entre los países fundadores. Se trataba de un movimiento de unidad que se ha ido generando y potenciando en el devenir más reciente de la historia del continente europeo.

Pero, como trágicamente sabemos, anteriormente la historia de Europa había estado protagonizada por enfrentamientos bélicos para dilucidar cuestiones territoriales y de soberanía política en diferentes puntos del solar europeo. En Europa se libraron las dos guerras mundiales del siglo XX y se perpetró un escalofriante genocidio por el nazismo del “Tercer Reich” alemán. En ese mismo tiempo, en España el fascismo había implantado un régimen de persecución, cárcel y ejecuciones masivas.

Después de la primera guerra mundial (1914-1918) se abrió un debate político e intelectual europeo sobre la conveniencia y necesidad de unir política y económicamente a los Estados Europeos, que se intensificó tras la segunda gran contienda bélica (1939-1945). No obstante, en pleno siglo XX se produjo otra gran división en Europa, la ideológica y económica: comunismo-capitalismo, con bloques militares enfrentados (OTAN y Pacto de Varsovia), la llamada “guerra fría”, con muro (físico) incluido, que dividió Berlín durante décadas, hasta noviembre de 1989.

Los Estados integrantes de las originarias Comunidades Europeas fueron Alemania, Francia, Italia, y los tres Estados del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En enero de 1973 se produjo la primera adhesión de nuevos estados, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, Estado que el pasado mes de enero de 2020 formalizó su salida de la UE. En 1981 se adhiere Grecia, en virtud del Tratado de Atenas de mayo de 1979. El Reino de España y la República de Portugal se unieron al club comunitario en enero de 1986, tras la firma del Tratado de Madrid y Lisboa de 12 de junio de 1985. En 1995 se configuró otra gran ampliación, con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. En esta misma fecha, los ciudadanos de Noruega decidieron en referéndum no entrar en las Comunidades Europeas, al igual que ya habían hecho en 1972.

Pero la gran ampliación territorial y política por el este de Europa estaba por llegar, con el reto de integrar los pueblos y Estados desarrollados tras el muro de Berlín, bajo la influencia de la extinta Unión Soviética (URSS). La Unión Europea acogió a diez nuevos países en el año 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. En 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania, constituyendo la última incorporación, en este caso del área balcánica, Croacia, el 1 de julio de 2013. En la actualidad, por tanto, una inmensa mayoría de estados europeos forman parte de la UE. En concreto, son 27, tras la salida del Reino Unido.

El actual lema de la Unión Europea es “Unida en la Diversidad”, que intenta sintetizar todo un proceso de integración económica y político iniciado hace justo 70 años. “Unida en la diversidad” se utilizó por primera vez en el año 2000 y se refiere, según la UE  ”a la manera en que los europeos se han unido, formando la UE, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente”.

La profundización del proceso de integración de Europa sólo tendrá futuro si se abordan decididamente las preocupaciones reales que tenemos los ciudadanos europeos, elaborando de manera participada y ejecutando verdaderas políticas de integración comunitaria en materias como el empleo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los valores ambientales, la extensión de la cultura, o la cohesión social entre los territorios y poblaciones de la Unión, en una lucha permanente por la igualdad.

La apuesta política por la protección del medio ambiente

Una de las claves de futuro de la UE es sin duda el reforzamiento de la política medioambiental, propiciando el aumento del uso de las energías renovables, la disminución del consumo energético y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, elementos que tienen necesariamente que formar parte de un nuevo modelo de desarrollo económico, que está empezando a ser realidad con el Pacto Verde Europeo, presentado por la actual Comisión Europea para el período 2019-2024, o la Directiva europea de fomento de las energías renovables de 2018.

Hemos de afirma que actualmente las políticas ambientales tienen un sustento legitimador en las evidencias científicas y afortunadamente es creciente la aceptación social para su implementación por los Gobiernos, como se pone de manifiesto en iniciativas ciudadanas diversas y en resultados electorales en importantes Estados europeos.

Y hace unos días, la Unión Europea ha aprobado su VIII Programa de Acción en materia medioambiental hasta 2030 mediante la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 con la que sustituye a la anterior, al VII, que rigió entre el 2013 y el 2020. Sobre la evolución histórica de la política de protección del medio ambiente en la Unión Europea y a nivel global puede consultar en mi Tesis Doctoral (La protección constitucional del medio ambiente. Implicación de la ciudadanía en el cuidado del bien común medioambiental, Universidad de Córdoba, 2020) en el primero de sus capítulos.

Consecuente con las acciones desarrolladas a lo largo de la ejecución del VII Programa y con el Pacto Verde Europeo, el principal objetivo del nuevo programa aprobado es “acelerar la transición ecológica hacia una economía climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, basada en las energías renovables, resiliente, competitiva y circular de forma justa, equitativa e integradora, así como proteger, restaurar y mejorar el estado del medio ambiente, entre otras cosas deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad”, según se proclama en el apartado segundo del artículo 1 de la Decisión de la UE de 6 de abril de 2022.

Para dicho objetivo general, en el artículo segundo de la Decisión UE, se incorpora un listado de objetivos prioritarios a través de los cuales se pretenden incorporar diversas acciones y medidas para llegar alcanzar esa neutralidad climática con el año 2030 como referencia, pero con el 2050 como principal meta. Concretamente, el apartado 2 de dicho artículo segundo se expresan estos seis objetivos prioritarios:

  • La reducción rápida y predecible de las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, el incremento de las absorciones por sumideros naturales en la Unión para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, tal como se establece en el Reglamento (UE) 2021/1119, en consonancia con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión y garantizando una transición justa que no deje a nadie atrás;
  • El progreso continuo en el aumento y la integración transversal de la capacidad de adaptación, también sobre la base de enfoques relacionados con los ecosistemas, fortaleciendo la resiliencia y la adaptación y reduciendo la vulnerabilidad del medio ambiente, de la sociedad y de la totalidad de sectores de la economía, al cambio climático, al tiempo que se mejora la prevención de las catástrofes relacionadas con las condiciones meteorológicas y climáticas y la preparación ante estos fenómenos;
  • La evolución hacia una economía del bienestar que devuelva al planeta más de lo que toma de él, y el aceleramiento de la transición hacia una economía circular no tóxica en la que el crecimiento sea regenerativo, los recursos se utilicen de manera eficiente y sostenible y se aplique la jerarquía de residuos;
  • La consecución del objetivo de contaminación cero, también en relación con los productos químicos nocivos, a fin de lograr un entorno sin sustancias tóxicas, incluidos el aire, el agua y el suelo, y también en lo que atañe a la contaminación lumínica y acústica, y la protección de la salud y el bienestar de las personas, los animales y los ecosistemas frente a los riesgos e impactos negativos medioambientales;
  • La protección, conservación y recuperación de la biodiversidad marina, terrestre y de las aguas interiores dentro y fuera de las zonas protegidas, entre otras acciones, deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad y mejorando el estado de los ecosistemas, sus funciones y los servicios que prestan y mejorando el estado del medio ambiente, en particular el aire, el agua y el suelo, así como luchando contra la desertificación y la degradación del suelo;
  • El fomento de los aspectos medioambientales de la sostenibilidad, y la reducción significativa de las principales presiones climáticas y medioambientales asociadas a la producción y el consumo de la Unión, en particular en los ámbitos de la energía, la industria, los edificios y las infraestructuras, la movilidad, el turismo, el comercio internacional y el sistema alimentario.

Consideraciones finales.

Además de cumplir con todos estos esenciales compromisos ambientales, el Parlamento Europeo sigue teniendo pendiente conseguir que realmente el ciudadano participe con más intensidad en los asuntos europeos y que se eleve de forma significativa su participación política en las elecciones europeas. Para este importante reto de crecimiento democrático y social de la UE somos necesarios ciudadanos europeos más informados y comprometidos en el proceso de construcción europea, con el objetivo de hacer más transparente y democrático el actual sistema institucional de la UE. Y el Parlamento Europeo sigue sin tener el poder que debiera, dado que es la única institución comunitaria elegida directamente por la ciudadanía, y que debiera ser realmente soberana.

Europa, que en importantes fases históricas ha sido territorio de democracia y protección social, hoy tiene un gran reto, ser de nuevo un espacio de solidaridad en este crítico momento histórico de pandemia y guerra que asola a Europa con muertes y pobreza derivada de la crisis económica y del conflicto bélico. El bien común debe ser precisamente el objetivo prioritario de las políticas europeas, y también nacionales. Hemos de recuperar el impulso de integración social de la UE, con los valores de solidaridad, cooperación y democracia avanzada como principales ideas fuerza de la Europa de hoy, en plena tercera década del siglo XXI.

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